Una persecución que comenzó en el centro histórico y terminó rumbo al Puente Internacional Número Uno acabó con el arresto de Joanthan Garza, quien tenía órdenes de arresto pendientes por Crueldad Animal y Amenazas de Terror.

El martes pasado, los alguaciles del Condestable del Precinto 1 del Condado de Webb avistaron a Garza en la esquina de Santa María y Houston. Le marcaron el alto, pero el tipo desobedeció y siguió hacia el sur. No alcanzó a tomar la calle Water rumbo a las casetas del Puente Puerta de las Américas, y los oficiales lograron coparle y detenerle.

Guadalupe Gómez, Condestable del Precinto 1, informó que además de las órdenes judiciales pendientes, Garza enfrenta nuevos cargos por Manejar Riesgosamente, Evadir Arresto en Automotor y Resistirse a la Aprehensión.

Dos personas fueron arrestadas el miércoles por la mañana tras intentar introducir de contrabando casi 92 libras de cocaína a través del Aeropuerto Internacional del Valle en Harlingen.

Tamya Jones y Shmair Williams intentaban abordar un vuelo de Harlingen a Houston cuando la inspección de equipaje reveló anomalías en sus maletas tras pasar por la máquina de rayos X.

La Administración de Seguridad en el Transporte solicitó la asistencia del aeropuerto y del departamento de policía de Harlingen para investigar más a fondo las anomalías.

Utilizando una unidad canina, un agente del Grupo de Trabajo de la Zona de Alta Intensidad de Tráfico de Drogas registró las cuatro maletas en busca de narcóticos.

Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional abrieron las maletas después de que un perro policía detectara la presencia de drogas en el equipaje, revelando 10 paquetes de cocaína en cada una.

“Cada maleta contenía (10) paquetes en una bolsa transparente sellada al vacío que estaba envuelta en una manta, con almohadas colocadas encima de la bolsa”, afirma la denuncia penal.

La denuncia añadía que una de las maletas contenía al menos cinco paquetes envueltos en una cuerda blanca de aproximadamente 60 centímetros de largo.

Se calculó que los paquetes pesaban alrededor de 91,7 libras.

Williams y Jones declararon a las autoridades que habían viajado con las maletas desde Chicago hasta Brownsville, donde pasaron una noche.

Según la denuncia, explicaron que, si bien habían facturado el equipaje para su partida, desconocían su contenido, “pero accedieron a transportar las maletas de vuelta a Chicago, Illinois, para su primo, quien coordinó el contacto con un hombre no identificado”.

Jones declaró a las autoridades que su primo les había dicho que recibirían una cantidad desconocida de dinero a cambio del favor a su regreso.

Una llamada a la línea de información cibernética del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados llevó al arresto de un hombre que traía más de 600 videos de material de abuso sexual infantil en el puerto de entrada de Hidalgo.

José Manuel Azpeitia Castillo fue detenido el martes cuando intentaba ingresar a Estados Unidos desde México. Los agentes lo mandaron a inspección secundaria tras recibir el reporte, y al revisar su teléfono encontraron numerosos videos de abuso sexual infantil.

Según la denuncia penal, Castillo participaba en varios chats grupales de la aplicación Telegram con conversaciones de contenido sexual explícito sobre menores. En la app también se encontraron imágenes y más de 600 videos que mostraban a menores participando en actos sexuales con adultos.

Castillo declaró a los agentes que había empezado a ver ese material con la intención de denunciar a quienes lo distribuían, pero cuando le preguntaron si alguna vez había reportado alguna cuenta, admitió que no. También confesó que sabía que era ilegal solicitar ese contenido y que llevaba aproximadamente un año y medio metido en esos grupos.

En una mañana de jueves particularmente húmeda, Ana Carolina “Caly” Fernández conducía un camión U-Haul cargado de provisiones por la calle de una colonia, donde entregaría alimentos a una de las zonas más empobrecidas del Valle del Río Grande.

Debido a la actual aplicación de las normas de inmigración y al constante patrullaje de vehículos del ICE por las calles de las colonias, muchos residentes temen simplemente salir de sus casas. Aunque algunos residentes han comparado el miedo y el aislamiento con los causados por la pandemia de COVID-19, un residente cree que la situación actual es peor que antes.

Una persona, Mira, que ha vivido en la colonia de unos 165 residentes durante aproximadamente 24 años, negó con la cabeza con tristeza en los ojos mientras hablaba de la vida en las colonias. “La situación es triste, la depresión de querer salir y no poder”, dijo Mira, cuyo nombre completo se omite para proteger su identidad, en español. “Es como la pandemia o peor, porque al menos antes podías salir a la calle con mascarilla”, añadió. “Ahora no puedes”.

Mira habló en voz baja mientras explicaba que rara vez ha salido de su casa desde que comenzó la represión contra la inmigración. “Vienen aquí a menudo, por eso tenemos las puertas y todo lo demás cerrado”, dijo Mira. A pesar de que hay un supermercado HEB a tan solo siete minutos de la comunidad, muchos de los residentes de la colonia tienen demasiado miedo de salir de sus casas para comprar artículos de primera necesidad, o no tienen ningún medio de transporte.

Es aquí donde Fernández y la Casa del Amor y la Justicia se han convertido en una bendición para los residentes. Los residentes de Colonia esperaban fuera de sus casas para saludar a Fernández con una sonrisa mientras ella se adentraba en la comunidad. Los hombres se reunieron alrededor del camión para recoger las cajas más pesadas, mientras que Fernández, su nieto Saúl y María Treviño, promotora de salud, ayudaban a organizar las frutas y verduras en dos mesas.

Gracias a las donaciones de Border Missions, Fernández y su sobrino pudieron llevar a los residentes varias canastas de frutas y verduras, entre ellas papayas, tomatillos, tomates, pimientos, chiles y nopales. Fernández estaba especialmente entusiasmada con la colecta de alimentos de esta semana porque recientemente FaithWorks le otorgó una subvención de 18.000 dólares por seis meses para comprar proteínas y alimentos secos, además de cubrir el costo del camión de mudanzas U-Haul.

Con ese dinero, Fernández pudo comprar bolsas de pollo, frijoles pintos, arroz y huevos para los residentes. Saúl se rió al recordar la aventura del miércoles por la noche en HEB, donde recogió todos los alimentos para la distribución del jueves. “En uno de los carritos solo había pollo y en el otro estaba todo lo demás”, dijo Saúl entre risas.

Rosario, que prestó su casa para el evento de distribución de alimentos, dio la bienvenida a los invitados mientras hacían fila junto a la valla para recoger comida para sus hogares.

El gobierno del presidente Donald Trump ha comenzado a construir el muro fronterizo a través de un tramo del oeste de Texas en la región de Big Bend, lo que marca la primera gran obra en una zona de la frontera entre Estados Unidos y México donde los planes del gobierno han enfrentado una fuerte oposición.

El inicio de la construcción marca un hito importante en el plan de 46,000 millones de dólares del gobierno para cubrir la frontera con muros, barreras, caminos y tecnología, mientras busca terminar el muro, una promesa clave que Trump hizo en su campaña. Y ocurre mientras la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) afirma que ha duplicado el ritmo al que construye el muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

La CBP señaló en un comunicado a The Associated Press que “la instalación de paneles del muro fronterizo está en marcha” en un tramo de 75.6 kilómetros (47 millas) del condado de Hudspeth, en el oeste de Texas, conocido como Big Bend 1. En total hay cinco áreas de proyecto que conforman la región de Big Bend, de aproximadamente 804 kilómetros (500 millas), que se extiende desde una zona del condado de Hudspeth al sur de El Paso hasta el lago Amistad.

La agencia no indicó cuándo se habían instalado los paneles. En un mapa que aparece en el sitio web de la agencia, donde se publican actualizaciones de la construcción del muro a lo largo de toda la frontera sur, una foto muestra una grúa levantando uno de los paneles de acero de la muralla, de 9 metros (30 pies) de altura, para colocarlo en su sitio mientras trabajadores de la construcción observaban.

La nueva actividad era independiente de un proyecto de infraestructura fronteriza en el cercano Parque Nacional Big Bend, donde el gobierno ha suspendido temporalmente la construcción en un intento de acercamiento a los opositores.

En toda la región de Big Bend, en Texas, la CBP se ha topado con una oposición coordinada de propietarios de tierras, grupos ambientalistas, dueños de negocios y ganaderos, quienes sostienen que la remota región no es un área de alto tránsito para la inmigración ilegal.

Varios activistas afirmaron el viernes que seguirían oponiéndose a los proyectos de infraestructura fronteriza en el resto de la región de Big Bend, incluso mientras se instalaban los paneles.

Clara Benson, una de las fundadoras de la coalición No Big Bend Wall, que lucha contra los planes de la CBP, comentó el viernes en una entrevista que la organización había recibido reportes de camiones que trasladaban suministros a la remota zona a lo largo del río Grande, conocido en español como río Bravo, y de que contratistas habían despejado patios para almacenar materiales.

Pero al hablar desde Washington, D.C., donde ella y otros integrantes de la coalición se reunían con legisladores, manifestó que la organización y otros continuarían combatiendo los planes de construcción del muro en toda la región.

“Seguiremos luchando por esta tierra sin importar cuál sea el resultado. Seguiremos luchando hasta el final”, declaró Benson. “Uno habla con la gente del oeste de Texas y dicen que, aunque lo levanten, lucharemos para que lo derriben. Así que esta lucha no ha terminado”.

La noticia llega mientras el gobierno acelera un plan para cubrir toda la frontera con una combinación de muros de acero tipo bolardo de 9 metros (30 pies) de altura, barreras diseñadas para impedir que vehículos crucen la frontera, nuevos caminos de patrullaje y diversas tecnologías para disuadir y detectar a migrantes o contrabandistas que intenten cruzar.

La CBP indicó que está construyendo un promedio de 19 kilómetros (12 millas) de barreras por semana a lo largo de la frontera de 3,218 kilómetros (2,000 millas) con México y que recientemente alcanzó el hito de 321 kilómetros (200 millas) de nuevas barreras construidas desde que Trump asumió el cargo por segunda vez.

El promedio de 19 kilómetros (12 millas) por semana duplica el ritmo que el jefe de la agencia, Rodney Scott, había mencionado a principios de este año.

La agencia ha enfrentado la oposición de grupos ambientalistas, de un pequeño pueblo que teme que el muro provoque inundaciones en su zona, de indígenas que aseguran que la construcción afecta sitios sagrados y de propietarios de tierras que afirman que la obra invadirá sus terrenos.

En Texas, gran parte de la oposición se ha centrado en los planes de la agencia para el Parque Nacional Big Bend, en el suroeste del estado sobre el río Grande, que atrae a turistas de todo el mundo. Pero río arriba y río abajo fuera del parque, gran parte de la tierra pertenece a propietarios privados, muchos de los cuales han rechazado los esfuerzos del gobierno.

A principios de esta semana, propietarios de tierras, ganaderos y dueños de negocios de la región de Big Bend, junto con una organización sin fines de lucro dedicada a proteger el paisaje y el patrimonio de la región, presentaron una demanda para detener los planes del gobierno.

Activistas y propietarios también han asistido a reuniones del condado para presionar a sus funcionarios electos a no cooperar con los contratistas contratados por la CBP para construir el muro, y muchos propietarios se han negado a permitir que funcionarios del gobierno o contratistas ingresen a sus terrenos para realizar estudios.

La Patrulla Fronteriza encontró a 30 personas indocumentadas escondidas en los camarotes de dos tractocamiones de carga, uno en plena carretera y otro en un punto de revisión, informaron las autoridades.

El primer caso ocurrió el lunes 14, cuando agentes detectaron a 20 personas en un tráiler blanco de “18 ruedas”. El chofer, un mexicano, intentó huir pero fue detenido poco después. Entre los extranjeros había 15 mexicanos y 5 guatemaltecos.

El segundo aseguramiento se dio el miércoles 16 en un checkpoint del área de Laredo. Un perro K9 adiestrado para olfatear personas alertó a los agentes, quienes encontraron a más indocumentados ocultos en el camarote de un camión gris.

Un hombre fue ejecutado en Texas por la muerte de tres personas durante un intento de robo en la casa de su vecino, la quinta ejecución del estado este año.

LeJames Norman, de 40 años, fue ejecutado mediante inyección letal el miércoles en la penitenciaría estatal de Huntsville. Había sido condenado a muerte por los homicidios de Samuel Roberts, de 24 años; Tiffani Peacock, de 18; y Celso Lopez, de 38, dentro de la vivienda que compartían en Edna, ubicada a unos 160 kilómetros (100 millas) al suroeste de Houston.

Otro hombre, Ker’Sean Ramey, también fue declarado culpable en relación con esos homicidios y condenado a muerte. Su ejecución está prevista para la próxima semana.

Los registros judiciales indican que Norman y Ramey creían que había cocaína en la casa y esperaban robarla, pero nunca encontraron drogas. Norman fue arrestado unos cinco meses después de los asesinatos mientras intentaba cruzar de regreso de México a Estados Unidos.

Norman se declaró culpable de asesinato punible con pena capital, por lo que un jurado tuvo que decidir su castigo. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el miércoles una solicitud de los abogados de Norman para detener su ejecución.

En Georgia también estaba programada para el miércoles la ejecución de un hombre que mató a dos agentes inmobiliarias, pero un juez la detuvo la víspera.

Stacey Humphreys, de 53 años, fue declarado culpable de asesinato con alevosía y otros delitos por los homicidios de 2003 de Cyndi Williams, de 33 años, y Lori Brown, de 21, en un suburbio de Atlanta. También estaba previsto que muriera mediante inyección letal a las 7 de la tarde hora del Este en la prisión estatal cerca de Jackson. Sin embargo, un juez detuvo la ejecución de Humphreys a última hora del martes, después de que sus abogados presentaran una petición para solicitar una nueva sentencia en virtud de una nueva ley estatal que permite a las víctimas de maltrato que se reconsideren y reduzcan sus condenas, si pueden vincular sus delitos con el maltrato que sufrieron.

Un agente federal de inmigración acusado de herir a tiros a un hombre venezolano en enero y de mentir a los investigadores sobre las circunstancias compareció brevemente el jueves ante un juez de Minnesota, después de que las autoridades estatales lo arrestaran antes de una audiencia separada en un tribunal federal.

En la audiencia del jueves, el juez Paul Scoggin concedió una fianza al agente Christian Castro, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Castro vestía un uniforme color naranja y compareció detrás de un recinto de vidrio.

Su abogado, Daniel Gerdts, declinó hacer comentarios después de la audiencia.

Castro estaba detenido sin derecho a fianza después de que la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota lo arrestara el miércoles en el centro de Minneapolis por cargos estatales de agresión y de denuncia falsa de un delito derivados del tiroteo de Julio Cesar Sosa Celis. Scoggin fijó la fianza en 400.000 dólares sin condiciones y 200.000 dólares con condiciones.

Castro también enfrenta cargos federales derivados del tiroteo, ocurrido durante una ofensiva federal contra la inmigración en el área de Minneapolis. Los fiscales afirman que Castro dijo falsamente a los investigadores que había sido atacado con una escoba y una pala.

El arresto del agente ocurrió meses después de la acusación presentada por Minnesota. El arresto de Castro por parte de las autoridades de Minnesota y su comparecencia ante el tribunal estatal se produjeron tras una disputa entre los fiscales de Minnesota y el gobernador de Texas por los intentos de Minnesota de extraditar a Castro desde su estado de origen para que enfrente los cargos estatales. Una de las condiciones que Scoggin fijó para el monto menor de la fianza para Castro fue que no se opusiera a la extradición en caso de ser liberado.

El principal fiscal del condado que lleva el caso estatal dijo a los reporteros después de la audiencia que “Castro inventó una historia para justificar el haber disparado a través de la puerta principal hacia una casa con varias personas dentro”.

“Su comparecencia hoy en una sala del tribunal del condado de Hennepin es un paso fundamental en nuestros esfuerzos por hacerlo rendir cuentas por ese tiroteo”, dijo la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, durante una conferencia de prensa.

En el caso federal también se acusa a Castro de mentir sobre el tiroteo. La próxima audiencia judicial de Castro está programada para el viernes. Se llevará a cabo en el tribunal federal en Minneapolis y se relaciona con el caso federal separado en el que está acusado de hacer declaraciones falsas a los investigadores sobre el mismo tiroteo. Los abogados defensores de Castro en el caso federal han señalado que planea declararse inocente.

Es el primer procesamiento del Departamento de Justicia contra un agente federal por acciones realizadas durante la gran ofensiva migratoria de este año, llamada Operation Metro Surge, que llevó a miles de agentes a las Twin Cities y derivó en protestas, arrestos y las muertes a tiros de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales.

A pesar de una disminución en el flujo de migrantes por la frontera, el gobierno federal de Estados Unidos y las autoridades de Texas instalaron nuevas boyas flotantes en el río Bravo, a la altura de los puentes internacionales que unen Piedras Negras, Coahuila, con Eagle Pass, Texas.

Desde hace semanas se observó maquinaria en el río Bravo, a la altura del Puente Internacional I. Conforme transcurrieron los días, trabajadores comenzaron a instalar boyas cilíndricas, inclusive estas ya pasan por debajo de los dos puentes internacionales entre Eagle Pass y Piedras Negras. El mayor Miguel Ángel Rodríguez, encargado del albergue para migrantes del Ejército de Salvación en Piedras Negras, consideró que se trata de un mensaje que el gobierno estadounidense quiere dar a la población migrante, a pesar de la caída en los flujos de personas que buscan cruzar la frontera.

“Es para decirles, no puedes pasar por tierra, no puedes pasar sin permiso, no puedes pasar por aire; tampoco por el río”, comentó el encargado del refugio.

A falta de dos meses para que termine el año fiscal en Estados Unidos, se tiene registro de 115 mil 762 “encuentros” de las autoridades con migrantes en condición ilegal en la frontera, una cantidad mucho menor comparada con los más de un millón 500 mil encuentros que se registraron durante 2024, de acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) consultadas por EL UNIVERSAL.

El mayor del Ejército de Salvación recordó que, en su momento, la instalación de boyas no fue un obstáculo para cientos de migrantes que intentaron cruzar a Estados Unidos por el río, en busca de una solicitud de asilo; sin embargo, desde los cambios en la política migratoria, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, la presencia de migrantes en la zona está en niveles mínimos. Rodríguez detalló que a lo mucho durante una semana llega a tener la presencia de entre siete y 11 migrantes, cuando en otros tiempos sobrepasaba los 100.

Además, señaló que las personas que llegan ya no buscan cruzar ilegalmente, sino que quieren asentarse en la frontera y buscar trabajo. Aseguró que muchos otros refugios que se ofrecían por parte de algunas iglesias optaron por cerrar.

Amerika García Grewal, activista y codirectora de la Frontera Federation en Eagle Pass, Texas, dijo a este diario que el mensaje que las administraciones federal y de Texas envían, al gastar 987 millones de dólares en el condado de Maverick en “obstáculos ineficaces”, es que les interesa más el capitalismo de sus socios que velar por los ciudadanos y residentes estadounidenses a lo largo del río Grande, como se le conoce en Estados Unidos al río Bravo.

LAREDO, Texas – Un camión escolar que transportaba a 40 estudiantes resultó involucrado en un choque la tarde de este jueves, cuando a la salida de clases llevaba a los menores por el libramiento Cuatro Vientos.

El impacto ocurrió en la esquina con Aguanieve. La Policía de Laredo informó que sus colegas del Distrito Escolar Independiente Unido (UISD) se hicieron cargo de la situación, pero confirmaron que no hubo estudiantes lesionados en el percance.

Al parecer, los menores son estudiantes de primer grado de secundaria de la escuela United Sur.

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. organizó la Cumbre de Seguridad Comercial y de Carga de 2026 en Dallas, Texas, del 8 al 10 de septiembre. El tema de este año, “Conozca su cadena de suministro para cumplir con la normativa y mitigar los riesgos”, hizo hincapié en la responsabilidad compartida del gobierno y la industria para fortalecer la seguridad de la cadena de suministro, apoyar el comercio legal y proteger la economía estadounidense.

“Todos los días protegemos la patria”, dijo el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin. “No podemos descuidar nuestra misión. Y, dicho sea de paso, no podríamos lograrlo sin nuestros socios presentes en esta sala: su colaboración para garantizar que contemos con la tecnología, los suministros, la infraestructura necesaria y el correcto funcionamiento de las cadenas de suministro”.

El subcomisionado de la CBP, Ronald D. Vitiello.

Con 1.300 participantes presenciales y 3.000 virtuales, la Cumbre, también conocida como TCSS 2026, reunió a importadores, exportadores, transportistas, agentes aduanales, abogados, asociaciones comerciales, otros organismos gubernamentales, el Congreso y la prensa para debatir con los líderes de la CBP sobre las principales prioridades, políticas e iniciativas de la agencia.

Durante una charla informal con el director ejecutivo Christopher Siepmann, de la Oficina de Relaciones Comerciales de la CBP, el comisionado de la CBP, Rodney S. Scott, abordó varios temas, desde el papel humano esencial que desempeña la CBP en el panorama emergente de la IA; el vínculo entre la seguridad económica, fronteriza y nacional; y el compromiso de la CBP con los valores esenciales en lo que respecta a la aplicación de la ley contra el trabajo forzoso.

“La seguridad económica de este país es sumamente importante”, dijo el comisionado Scott. “Pero nuestros valores fundamentales, mantenernos fieles a nuestras convicciones y asegurarnos de que defendemos los derechos humanos, son igual de importantes”.

La aplicación de las normas comerciales fue un tema central en los paneles, sesiones paralelas, discursos principales, talleres y sesiones de debate de la Cumbre. Los asistentes escucharon a los líderes de la CBP sobre la importancia de identificar con antelación los riesgos en la cadena de suministro y la carga, y de fomentar alianzas que permitan una focalización más rápida e inteligente, al tiempo que se mantiene el flujo del comercio legal.

El subcomisionado de la CBP, Ron Vitiello, quien inauguró el evento, habló sobre temas comerciales cruciales, incluyendo la Orden Ejecutiva para el Fortalecimiento de la Aplicación de la Ley de Aduanas, el transbordo ilegal, la aplicación de la ley contra el trabajo forzoso, la modernización de ACE, las investigaciones de la Ley de Aplicación y Protección y la seguridad de la cadena de suministro.

“Tanto la CBP como la comunidad comercial desempeñan un papel fundamental para garantizar la seguridad económica, la seguridad nacional y la prosperidad de Estados Unidos”, declaró Vitiello. “Por eso estamos aquí: para fortalecer la seguridad de la cadena de suministro y salvaguardar la integridad de los mercados estadounidenses”.

Los altos mandos de la CBP también recalcaron la importancia de comprender toda la cadena de suministro durante la reunión general con los líderes.

“Realicen la debida diligencia ahora. Es responsabilidad de todos los participantes en la cadena de suministro”, declaró la Comisionada Adjunta Ejecutiva Susan S. Thomas, de la Oficina de Comercio de la CBP. “Cada entidad debe responsabilizarse de su cumplimiento. Por ejemplo, un importador no debe depender únicamente de un agente de aduanas o un transitario para validar su cadena de suministro”.

La Cumbre de este año ofreció a la comunidad comercial la oportunidad de brindar información directa a los expertos de la CBP. En consonancia con este objetivo, la CBP alentó a los asistentes a presentar comentarios formales sobre el Aviso Anticipado de Propuesta de Reglamentación titulado “Mayor transparencia en las importaciones para una mayor visibilidad de la cadena de suministro”.

“Priorizamos la comunicación mutua entre la comunidad comercial y la CBP al incluir tres sesiones de consulta sobre la Orden Ejecutiva para el Fortalecimiento de la Aplicación de la Ley de Aduanas en la agenda de este año”, dijo Siepmann. “La retroalimentación de la comunidad comercial es importante para nosotros a medida que avanzamos”.

Además de las exposiciones, demostraciones y sesiones, TCSS 2026 ofreció a los asistentes otros beneficios exclusivos, como entrevistas de Global Entry para solicitantes con estatus condicional, citas individuales de 45 minutos con el servicio de asistencia de ACE, ayuda presencial del equipo del portal de la Alianza Aduanera contra el Terrorismo y créditos de formación continua para agentes de aduanas. Este año, la Cumbre también incluyó un concurso durante la sesión de lluvia de ideas sobre la trazabilidad de la cadena de suministro.

“Los equipos participantes elaboraron recomendaciones sobre programas, tecnología, herramientas y otras soluciones para ayudar a la CBP a mejorar la visibilidad de las cadenas de suministro”, declaró el director ejecutivo interino Salvatore Ingrassia, de la Oficina de Operaciones de Carga, Transporte y Seguridad de la CBP. “La Cumbre brindó una oportunidad única para interactuar con la comunidad comercial y conocer ideas innovadoras que podrían ayudar a resolver desafíos reales.”

Un hombre que se cree que era un sicario del Cártel del Golfo fue arrestado en Mission y enfrentará cargos federales bajo la Orden Ejecutiva 14157 del presidente Donald Trump, que designa a los cárteles y otras organizaciones como organizaciones terroristas extranjeras.

El fiscal federal Aaron Reitz, del Distrito Sur de Texas, ofreció una rueda de prensa el miércoles por la mañana en la Torre Bentsen junto con representantes del FBI, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos para compartir detalles sobre los cargos federales.

Anunció que su oficina había logrado una acusación federal contra José Flores-Flores, de origen mexicano.

Flores-Flores fue una de las tres personas detenidas por agentes de la Patrulla Fronteriza el 10 de julio en el Río Grande, cerca de Mission. Según la acusación, era la segunda vez que Flores-Flores ingresaba ilegalmente al país. Anteriormente, había sido detenido por agentes de la Patrulla Fronteriza cerca de McAllen el 16 de enero de 2025.

“Revisamos el teléfono de Flores-Flores y encontramos material inconcebible”, dijo Reitz. “Vimos a Flores-Flores en un video desmembrando un cadáver. Vimos imágenes de montones de partes de cuerpos descuartizados. Vimos un barril lleno de partes de cuerpos envuelto en llamas. Y vimos varias imágenes de Flores-Flores sosteniendo con orgullo radios y armas de estilo militar”.

Se determinó que Flores-Flores era miembro de la facción Los Metros del Cártel del Golfo, que opera principalmente en Reynosa y sus alrededores.

Según la acusación, Flores-Flores permitió a los agentes revisar su teléfono inteligente. Fue entonces cuando descubrieron las espeluznantes imágenes en la carpeta de “archivos eliminados recientemente”.

Las imágenes incluían un vídeo de Flores-Flores “desmembrando el cadáver de un hombre adulto, amputándole los brazos izquierdo y derecho con una sierra de mano. En el vídeo, ya se veían las piernas amputadas”.

Los agentes también vieron una imagen de “un montón de al menos dos torsos humanos desmembrados, brazos y piernas amputados”, y una imagen de un barril para quemar envuelto en llamas.

Finalmente, los agentes determinaron que los restos humanos pertenecían a tres personas aún no identificadas. Los datos indican que el video y las imágenes fueron grabados el 26 de junio en un lugar cercano a Reynosa.

Reitz declaró que Flores-Flores inicialmente les dijo a los agentes que era menor de edad, pero posteriormente se determinó que era mayor de edad.

“Durante el interrogatorio, Flores-Flores incluso nos confesó que era sicario y que llevaba un año trabajando para el Cártel del Golfo”, declaró Reitz. “Además, admitió que era él quien aparecía en las espeluznantes imágenes y vídeos de su teléfono. Describió su trabajo como guardaespaldas y sicario del Cártel del Golfo, conduciendo por la zona en busca de objetivos, vigilando las comunicaciones de las autoridades mexicanas y de los cárteles rivales, y que cuando había que descuartizar un cuerpo, Flores-Flores era la persona a la que llamaban”.

El 20 de febrero de 2025, Trump designó al Cártel del Golfo como organización terrorista extranjera. Como resultado, Flores-Flores se enfrentará ahora a al menos dos cargos por apoyar a una organización terrorista extranjera.

“Esa designación es importante”, dijo Jared Ashby, jefe de la patrulla fronteriza del sector del Valle del Río Grande de Estados Unidos, durante la conferencia de prensa. “Reconoce la grave amenaza a la seguridad nacional que representan estas organizaciones y brinda a los fiscales herramientas adicionales para presentar cargos cuando las pruebas lo respaldan”.

Flores-Flores enfrenta un cargo por brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera y un cargo por conspiración para brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera. Reitz indicó que cada cargo conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. También enfrenta un cargo por ingresar ilegalmente a los Estados Unidos.

Reitz dijo que podrían presentarse cargos adicionales contra Flores-Flores, pero no especificó cuáles serían.

“El presidente Trump desbloqueó una herramienta poderosa al designar al Cártel del Golfo como organización terrorista extranjera, ya que ahora le brinda a mi oficina, junto con mis socios federales, la capacidad de descubrir, perseguir y llevar ante la justicia a algunas de las personas y organizaciones más malvadas del planeta”, dijo Reitz. “Flores-Flores es solo uno de los acusados hoy, pero bajo el liderazgo del presidente Trump y el fiscal general (Todd) Blanche, la Fiscalía del Distrito Sur de Texas está a la vanguardia en la lucha por hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro mediante la destrucción y el desmantelamiento de estos cárteles terroristas”.

Flores-Flores comparecerá ante la jueza magistrada estadounidense Nadia S. Medrano el jueves 24 de septiembre a las 11:15 de la mañana.

DONNA.- El gobierno federal busca que se desestime una demanda presentada por una familia de Donna después de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas allanaran su casa en enero.

La moción, presentada el 3 de septiembre, argumenta que la demanda debe ser desestimada porque “los demandantes no pueden presentar reclamaciones en nombre de personas que no son ciudadanas”.

Además, califica las lesiones de los demandantes de “especulativas” y argumenta que no lograron presentar una demanda válida “porque las órdenes administrativas son permisibles en el contexto de la inmigración”.

El abogado Raed Gonzalez presentó la demanda en nombre de la familia Donna el 18 de febrero, después de que agentes del ICE allanaran su casa la mañana del 9 de enero.

En la demanda, González argumentó que se violaron los derechos constitucionales de sus clientes cuando los agentes del ICE entraron en su casa y arrestaron a sus padres. Alegó que durante la redada se ignoraron los derechos de sus clientes amparados por la Cuarta y la Quinta Enmienda.

La demanda incluía como demandados al ICE, al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, a la exsecretaria del DHS, Kristi Noem, y al exdirector interino del ICE, Todd Lyons.

Las imágenes de las cámaras de vigilancia de la vivienda mostraron a agentes del ICE, con máscaras y equipo táctico, saltando la valla de madera de la familia y entrando en la propiedad de los demandantes antes de hablar con los miembros de la familia.

“Los agentes del ICE apuntaron con sus armas a la demandante LG y la obligaron a arrodillarse y levantar las manos”, se lee en la demanda. “Los agentes del ICE le dieron a la familia solo dos (2) minutos para salir, amenazando con derribar la puerta de la casa si no obedecían”.

Está prevista una audiencia preliminar para el 19 de noviembre a las 10 de la mañana ante el juez de distrito estadounidense Randy Crane.

LAREDO, Texas – Un cuerpo en avanzado estado de descomposición fue hallado la mañana de este martes 15 de septiembre en un lote baldío de la cuadra 3 de camino Hillside, frente a los apartamentos del mismo nombre, junto a la taquería Taco Mais.

El hallazgo ocurrió entre las avenidas San Francisco y Gallagher, donde un vecino del área descubrió el cadáver tirado entre el pastizal alto y partes de terracería.

El cuerpo, del sexo masculino, presentaba signos de descomposición avanzada, lo que sugiere que la muerte ocurrió hace varios días. Las altas temperaturas que se han sentido en Laredo y la intemperie habrían acelerado el deterioro.

El detective Joe Baeza, de la Policía de Laredo, informó que la investigación está en etapa preliminar y que hasta el momento no hay mayores avances ni datos que proporcionar.

OLMITO.- Un hombre acusado de matar a cuatro personas durante el fin de semana no obtuvo la libertad bajo fianza durante su comparecencia ante el juez el lunes por la tarde.

Christian Joel Maldonado Pacheco, de 25 años, compareció ante la jueza del Tribunal de Distrito estatal Janet Leal en el Centro de Detención Carrizales-Rucker del Condado de Cameron y no se le concedió la libertad bajo fianza por los cuatro cargos de asesinato capital y los tres cargos de abandono y puesta en peligro de un menor.

Durante la comparecencia ante el juez, Pacheco, de nacionalidad hondureña, inicialmente rechazó contratar a su propio abogado o a uno de oficio. Sin embargo, dada la naturaleza de los cargos, Leal decidió asignarle un abogado.

“En cuanto a los cargos de asesinato capital, voy a negarle la fianza”, dijo Leal. “Para ser honesto, tampoco le concederé la fianza en los demás casos, porque, siendo realistas, lo que debo considerar es la seguridad de nuestra comunidad y si existe riesgo de fuga, dado que podría regresar a Honduras”.

Tras la comparecencia ante el juez, el sheriff del condado de Cameron, Manuel Treviño, y el Departamento de Policía de San Benito ofrecieron una rueda de prensa en la oficina del sheriff del condado de Cameron para compartir detalles sobre los asesinatos.

Treviño anunció que no divulgaría los nombres ni las fotografías de las víctimas a petición de sus familiares, pero sí compartió sus edades y géneros.

Según el sheriff, Pacheco llamó al 911 aproximadamente a las 3 de la madrugada del domingo y le dijo al operador que había matado a un par de personas y que necesitaba ayuda.

Los agentes se dirigieron a la cuadra 3200 de la carretera 819, en las afueras de San Benito, donde encontraron a Pacheco fuera de la casa y lo detuvieron sin incidentes.

“Inmediatamente, los agentes entraron en la casa para ver si podían prestar ayuda a alguna de las víctimas que se encontraban allí, pero lamentablemente, las tres víctimas que estaban dentro de la casa ya habían fallecido”, dijo Treviño.

“Posteriormente, Pacheco fue trasladado a la oficina para ser interrogado, donde confesó no solo haber asesinado a estas tres personas en la residencia, sino también haber cometido otro asesinato esa misma noche y haber arrojado el cuerpo en las afueras de San Benito.”

La víctima fue identificada como un hombre de 50 años. Las tres víctimas que se encontraban dentro de la casa fueron identificadas como un hombre de 29 años, una mujer de 28 años y una mujer de 67 años a quien Pacheco se refería como “mamá”.

No se cree que Pacheco tenga parentesco con las víctimas, pero según los informes, vivió con ellas durante cuatro años.

Las cuatro víctimas eran de nacionalidad mexicana y presentaban múltiples heridas de bala. Fuera de la residencia se recuperó una pistola Glock de 9 mm, que se cree fue el arma utilizada en los asesinatos.

Tres niños, de 9, 5 y 2 meses de edad, también fueron encontrados dentro de la residencia. Fueron identificados como los hijos del hombre de 29 años y la mujer de 28 años que fueron asesinados dentro de la casa. Treviño afirmó que los niños resultaron ilesos, pero que se encontraban dentro de la vivienda durante los asesinatos.

El jefe de policía de San Benito, Mario Perea, dijo que su departamento recibió una llamada a las 2:40 de la madrugada del domingo después de que unos automovilistas vieran a una persona tendida en la carretera en Russell Lane, cerca de Stirrup Circle en San Benito.

Dijo que los agentes que acudieron al lugar encontraron el cuerpo de la víctima, un hombre, con heridas compatibles con disparos.

“Acordonaron la zona de inmediato y comenzaron la investigación”, dijo Perea. “Obtuvieron videos de vigilancia de los vecinos y detectaron un vehículo en el lugar. Utilizamos nuestro sistema de rastreo. Pudimos localizar el vehículo y encontrar al propietario registrado, que pertenecía a la víctima fallecida”.

“En ese momento, encontramos su dirección. Residía fuera de nuestra jurisdicción. Así que llamamos a la oficina del sheriff, y fue entonces cuando descubrimos que estaban investigando un homicidio. De esta manera, pudimos vincular ambos casos.”

Treviño afirmó que Pacheco proporcionó un móvil a los investigadores, pero el sheriff dijo que le resulta difícil comprender lo que dijo el sospechoso.

“El individuo mismo dio un motivo, pero, repito, esta es solo su versión porque no podemos obtener la otra porque ya falleció”, dijo Treviño. “Su motivo fue que estaba cansado de ser acosado. No hay nada que corrobore esa declaración. Aclaremos que no hay nada. Esta es solo su opinión de que lo hizo porque estaba cansado de ser acosado”.

Aún se desconoce qué relación tenía Pacheco con las víctimas, aparte de haber convivido con ellas durante cuatro años.

Treviño afirmó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos determinó que Pacheco se encuentra en el país ilegalmente y emitió una orden de detención en su contra.

“Para mí, fue un acto sin sentido cometido por alguien a quien considero una persona fría y despiadada”, dijo Treviño. “Sabes, porque cuando vives con estas personas durante cuatro años, y a una de ellas la identificas como ‘mamá’, pero aun así la matas. Así que no, no diría que esto es lo normal. Para mí, es una persona sin remordimientos, un asesino a sangre fría”.

ODESSA.- Un comité legislativo escuchará el martes a la Comisión Ferroviaria de Texas, mientras la agencia se prepara para actualizar sus normas para los pozos de petróleo y gas inactivos, ahora exigidas por la ley estatal.

La Comisión Ferroviaria regula la producción de petróleo y gas. Además, supervisa cerca de 160 000 pozos en Texas, los cuales corren un mayor riesgo de quedar abandonados, es decir, que el operador responsable haya desaparecido o se haya declarado en bancarrota hace al menos 12 meses. Si no se les presta atención, algunos de estos pozos pueden convertirse en conductos para las aguas residuales de la industria petrolera y gasística, causando desastres ambientales y daños por valor de decenas de millones de dólares que los contribuyentes deben pagar para su reparación. En Texas, al menos 12 000 pozos han quedado abandonados.

Actualmente, las compañías petroleras y gasísticas pueden extender indefinidamente el plazo que tienen para sellar los pozos de petróleo y gas inactivos.

El martes, el Comité de Recursos Energéticos de la Cámara de Representantes, presidido por el representante estatal Drew Darby, republicano de San Angelo, escuchará a la agencia sobre sus planes para abordar el problema. La reunión se transmitirá en directo aquí.

“Nuestros miembros siempre están centrados en cumplir con nuestras obligaciones conforme a la ley y las regulaciones que rigen los activos activos e inactivos, incluidos los requisitos relacionados con el sellado de pozos inactivos”, dijo Ben Sheppard, presidente de la Asociación de Petróleo de la Cuenca Pérmica, en relación con la audiencia, y agregó que es “imperativo” que los operadores reduzcan el número de pozos inactivos.

“Apoyamos los esfuerzos razonables que reforzarán los requisitos para reducir esta población con el tiempo, al tiempo que permiten a los operadores la oportunidad de poner en funcionamiento estos pozos en lugar de sellarlos si resulta económicamente viable.”

Durante la sesión legislativa de 2025, los legisladores enviaron al gobernador Greg Abbott un proyecto de ley, redactado por el senador estatal Mayes Middleton, republicano de Galveston, que obligaba a las compañías petroleras a sellar los pozos que llevaban mucho tiempo inactivos.

Expertos del sector y analistas de políticas medioambientales afirmaron que la ley, si bien es beneficiosa, debería imponer requisitos más estrictos a los operadores para que sea efectiva.

Según la ley SB 1150, los operadores deben sellar el pozo una vez que haya estado inactivo durante 15 años. Sin embargo, pueden solicitar prórrogas en diversas circunstancias. Por ejemplo, los reguladores pueden considerar las solicitudes de operadores con experiencia comprobada en el sellado de otros pozos inactivos. Otra disposición permite prórrogas para los operadores que no pueden costear el sellado del pozo. De aprobarse, la empresa tendría que sellar el pozo antes de 2042.

“Según la legislación vigente, los operadores pueden mantener estas instalaciones inactivas prácticamente de forma indefinida”, afirmó Nikki Morris, geóloga y directora ejecutiva del Instituto de Energía Ralph Lowe de la Universidad Cristiana de Texas. “Hay mucho margen de maniobra”.

Varios expertos también señalaron que la Comisión Ferroviaria debería actualizar las garantías financieras estatales, o fianzas, que aseguran que un operador pueda costear el sellado de los pozos inactivos de su cartera. Actualmente, el estado exige a los operadores que calculen la garantía de dos maneras: según la profundidad del pozo, a razón de 2 dólares por pie, o según el número total de pozos que poseen. Si un operador posee 10 pozos, solo necesita 25 000 dólares como garantía, lo que representa una fracción del costo de remediar un pozo, que puede ascender a millones de dólares cada uno.

Adam Peltz, director sénior y asesor legal del Fondo de Defensa Ambiental, dijo que espera que la Comisión Ferroviaria examine con mayor detenimiento las prórrogas y redacte normas estrictas sobre qué empresas pueden solicitarlas.

Siete personas en Texas que no son ciudadanas de Estados Unidos fueron acusadas de votar ilegalmente en elecciones federales o de afirmar falsamente que tenían la ciudadanía, anunció el martes el fiscal federal para el Distrito Norte de Texas, como parte de un enfoque más amplio del gobierno del presidente Donald Trump sobre el voto de no ciudadanos.

El fiscal de distrito Ryan Raybould manifestó que, según los investigadores, la presunta conducta no fue un malentendido ni un error de papeleo.

El anuncio se produjo en medio de los esfuerzos más amplios de Trump por llamar la atención sobre el voto de no ciudadanos antes de las elecciones de mitad de mandato y sostener que es un problema generalizado, aunque las investigaciones muestran que es poco frecuente. El voto de no ciudadanos se castiga como delito grave y puede derivar en deportación.

Los cargos en Texas fueron anticipados el martes por la mañana por el secretario de Justicia de Estados Unidos, Todd Blanche, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Les dijeron a los reporteros que habría un “gran avance” sobre el voto ilegal en Texas.

De esas siete personas, indicó la oficina de Raybould, algunos votaron y otros intentaron votar en las elecciones generales de 2024 y 2018. Otros afirmaron falsamente que tenían la ciudadanía en una licencia de conducir o se registraron para votar a sabiendas. La oficina no afirmó que las siete personas estuvieran confabuladas entre sí.

Las personas acusadas tenían entre 20 y 69 años y contaban con ciudadanía de países como México, India, Nigeria y la República Democrática del Congo. Seis de las siete personas acusadas eran residentes permanentes legales, según un comunicado de prensa de la oficina de Raybould. Una había recibido una orden de deportación en julio.

Entre los esfuerzos de Trump por dirigir la atención hacia el voto de no ciudadanos está el hecho de presionar al Servicio Postal de Estados Unidos para que envíe boletas por correo solo a votantes verificados como ciudadanos estadounidenses, un plan que fue rechazado el lunes por la Corte Suprema, y hacer que el Departamento de Justicia demande para forzar la divulgación de datos detallados de oposición en 30 estados y el Distrito de Columbia. Hasta ahora, esas demandas no han tenido éxito.

Empleados del Departamento de Seguridad Nacional también han examinado los padrones electorales estatales en busca de no ciudadanos. En una declaración de un denunciante, publicada esta semana, se indica que la actividad podría contravenir las leyes estatales.

En 2025, funcionarios electorales en Texas investigaron a 2.724 votantes registrados señalados como posibles no ciudadanos después de que la oficina del secretario de Estado cotejara una base de datos federal —utilizada para verificar la ciudadanía— con los padrones electorales del estado.

Dicha oficina anunció el martes que ha remitido 117 de esos casos a la oficina del fiscal general de Texas para investigar un posible voto de no ciudadanos, tras cotejar los resultados de la base de datos federal con otras agencias e información de pasaportes. Eso representa una fracción ínfima de los casi 18 millones de registrados en Texas.

Una de las unidades involucradas en la investigación que derivó en los siete cargos anunciados el martes forma parte de la oficina del fiscal general Ken Paxton. Paxton participa este año en una de las contiendas al Senado de Estados Unidos más observadas, frente al demócrata James Talarico.

Por segunda vez en las últimas semanas, agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector Del Rio rescataron a inmigrantes indocumentados que habían sido encerrados dentro de un vagón de carga por contrabandistas.

En la tarde del 7 de septiembre, agentes de la estación de la Patrulla Fronteriza de Uvalde inspeccionaban un tren de carga estacionado en una vía férrea cerca de Knippa cuando un perro policía de la Patrulla Fronteriza alertó sobre un vagón portaautomóviles. Los agentes inspeccionaron el vagón y descubrieron a tres personas encerradas en su interior sin posibilidad de escapar.

Los individuos, un mexicano, un nicaragüense y un hondureño, fueron encontrados ocultos en las cajas de camionetas dentro del vagón cerrado con llave. Fueron trasladados a la estación de Uvalde para su procesamiento.

El 30 de agosto, agentes de la estación de Uvalde rescataron a un grupo de ocho personas de un vagón portacoches cerrado con llave en la misma vía férrea.

“Los intentos de entrada ilegal a través de trenes históricamente han tenido resultados trágicos”, dijo el jefe de la patrulla del sector de Del Rio, Anthony “Scott” Good. “Esta es la segunda vez en dos semanas que nuestros agentes rescatan a personas que habían sido víctimas de contrabando y que estaban encerradas en un vagón de tren en este lugar”.

“La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos insta a cualquiera que esté considerando tomar una medida tan precipitada a que comprenda que su decisión podría tener consecuencias desastrosas.

Funcionarios del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos interceptaron en la terminal de carga del Puente Internacional de Pharr una carga de presunta metanfetamina valorada en 25,167,000 dólares, oculta en un envío declarado como repollo, tomatillo y cilantro.

El 8 de septiembre, agentes de la CBP en la terminal de carga del Puente Internacional Pharr interceptaron un camión con remolque procedente de Reynosa, México. El vehículo fue sometido a una inspección secundaria, que incluyó un escaneo no intrusivo y una revisión con perros detectores. La inspección física del vehículo permitió extraer 1164 paquetes de presunta metanfetamina, con un peso total de 1277 kg (2815,30 libras), ocultos en el envío.

“Las habilidades y la experiencia de nuestros oficiales de la CBP siguen quedando en evidencia al incautar otro cargamento masivo de narcóticos peligrosos e ilícitos”, dijo el director del puerto, Carlos Rodríguez, del puerto de entrada de Hidalgo/Pharr/Anzaldúas.

La Oficina de Operaciones de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP OFO) incautó los narcóticos y el vehículo. Agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional iniciaron una investigación criminal.

Propietarios de tierras, ganaderos y dueños de negocios en la región de Big Bend, en Texas, junto con una organización sin fines de lucro dedicada a proteger el paisaje y el patrimonio de la zona, están presentando una demanda para frenar los planes del gobierno de Trump de construir un muro y otra infraestructura fronteriza a través de esa remota parte del estado.

La demanda, presentada por Conserve Big Bend y con el respaldo de decenas de propietarios, llega mientras el gobierno intensifica un esfuerzo de 46.000 millones de dólares para cubrir los cerca de 3.210 kilómetros (2.000 millas) de la frontera sur con una combinación de muros de bolardos de acero de 9 metros (30 pies), barreras viales y tecnología destinada a impedir el ingreso de contrabandistas y migrantes.

En Texas, el esfuerzo se ha topado con numerosas demandas y la oposición bipartidista de alguaciles, funcionarios electos, guías turísticos, grupos ambientalistas y propietarios de tierras. Los funcionarios que respaldan el muro “están lamentablemente poco preparados para el avispero que agitaron porque no tenían idea de cuánto amamos este lugar”, declaró David Keller, un arqueólogo e historiador especializado en Big Bend que vive en la región.

“Para nosotros, Big Bend no es un lugar vacío”, expresó. “Es nuestro hogar”.

Como parte de sus esfuerzos para construir el muro, el gobierno ha esquivado numerosas regulaciones y leyes diseñadas para proteger el medio ambiente, la arqueología o la vida silvestre, con el argumento de que existe una necesidad urgente de proteger la frontera de “un cuantioso ingreso de inmigrantes ilegales”.

Pero la demanda anunciada el lunes sostiene que, en lo que respecta a la región de Big Bend, esa no es una descripción precisa. Citaron estadísticas históricas emitidas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza que muestran cuán pocas personas cruzan la frontera en Big Bend en comparación con otras áreas a lo largo de la frontera. Big Bend tiene alrededor de 804 kilómetros (500 millas): aproximadamente una cuarta parte de la longitud total de la frontera con México desde el océano Pacífico hasta el golfo de México. Pero la región solo representó cerca del 1% de los arrestos, según las estadísticas de la demanda.

Los demandantes argumentan que el Departamento de Seguridad Nacional está haciendo un uso indebido de facultades otorgadas por el Congreso que permiten al secretario una amplia autoridad para esquivar regulaciones con el fin de construir muros fronterizos u otra infraestructura en áreas donde hay grandes cantidades de personas que intentan ingresar al país ilegalmente.

“Esa determinación es jurídicamente y fácticamente insostenible y carece de sustento”, escribieron los demandantes.

El litigio es el más reciente dentro de los esfuerzos por ralentizar o detener los planes del gobierno en Texas y en otros lugares. La mayor protesta se ha producido por los planes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para el Parque Nacional Big Bend, que se encuentra en una esquina del extremo suroeste de Texas, donde el Río Grande separa a Estados Unidos de México.

La ubicación remota y agreste del parque, sus empinadas paredes de cañones de piedra caliza y las vistas de noches estrelladas atraen a visitantes de todo el mundo. El gobierno ha dicho en audiencias judiciales que aún no se han decidido planes definitivos sobre lo que se construirá en el parque, pero los planes hechos públicos hasta ahora han incluido la construcción de un nuevo camino, la instalación de tecnología de detección y barreras para impedir que vehículos crucen la frontera.

Cuando en agosto se vio a excavadoras despejando terreno en el parque, personas en todo el estado se indignaron. El comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Rodney Scott, suspendió temporalmente la actividad relacionada con la construcción en el parque, pero muchos activistas y residentes locales quieren ver aún más cambios en los planes del gobierno.

Grupos indígenas estadounidenses han argumentado que la construcción les impide practicar su fe y está dañando importantes sitios religiosos, mientras que ambientalistas temen que el muro provoque inundaciones o impida la migración de animales.

Un hombre de 24 años resultó gravemente herido tras un fuerte accidente registrado alrededor de las 10:46 de la mañana en la intersección de Loop 20 y Arena Boulevard.

Según información preliminar, un Chrysler 200 plateado que circulaba hacia el sur por Loop 20 se impactó contra dos tractocamiones. El conductor, único ocupante del auto, quedó atrapado en el interior e inconsciente tras el impacto.

Elementos del Departamento de Bomberos de Laredo (LFD) utilizaron las “Jaws of Life” (mandíbulas de la vida) para extraerlo del vehículo. El hombre fue trasladado a un hospital local, donde permanece en estado crítico.

Las autoridades señalaron de manera preliminar que el Chrysler aparentemente no habría controlado adecuadamente la velocidad, lo que contribuyó al accidente. La investigación sigue en curso.

Propietarios de tierras, ganaderos y dueños de negocios en la región de Big Bend en Texas, junto con una organización sin fines de lucro dedicada a proteger el paisaje y el patrimonio de la zona, presentaron una demanda para frenar los planes del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump de construir un muro y otra infraestructura fronteriza en esa remota parte del estado.

La demanda fue presentada por Conserve Big Bend —una organización sin fines de lucro— y seis propietarios de tierras, y cuenta con el respaldo de decenas de personas más a lo largo de la frontera, en un momento en que el gobierno intensifica una labor de 46,000 millones de dólares para cubrir los cerca de 3,210 kilómetros (2,000 millas) de la frontera sur con una combinación de muros de bolardos de acero de 9 metros (30 pies) de altura, barreras viales y tecnología destinada a impedir el ingreso de contrabandistas y migrantes.

En Texas, la iniciativa se ha topado con numerosas demandas y la oposición bipartidista de jefes policiales, funcionarios electos, guías turísticos, grupos ambientalistas y propietarios de tierras.

Los funcionarios que respaldan el muro “están deplorablemente desprevenidos para el avispero que agitaron, porque no tenían ni idea de cuánto amamos este lugar”, declaró David Keller, un arqueólogo e historiador especializado en Big Bend que vive en la región.

“Para nosotros, Big Bend no es un lugar vacío en el mapa”, expresó en una conferencia de prensa en la que se anunció la demanda. “Es nuestro hogar”.

Dentro de sus empeños para construir el muro, el gobierno ha dispensado el cumplimiento de numerosas regulaciones y leyes diseñadas para proteger el medio ambiente, la arqueología y la vida silvestre, bajo el argumento de que existe una necesidad urgente de proteger la frontera en lo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha llamado áreas de “alto ingreso ilegal”.

Pero la demanda anunciada el lunes sostiene que, en lo que respeta a la región de Big Bend, esa no es una descripción precisa. Citaron estadísticas históricas emitidas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) que muestran cuán pocas personas cruzan la frontera en Big Bend en comparación con otras áreas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

Big Bend tiene unos 804 kilómetros (500 millas) de frontera, aproximadamente una cuarta parte de la longitud total de la frontera con México desde el océano Pacífico hasta el golfo de México. Pero en la región sólo se llevaron a cabo cerca del 1 % de los arrestos, según las estadísticas de la demanda.

Laura Allen, cuyo rancho familiar sería atravesado por el muro fronterizo según los aviones, puso de alivio que los arrestos por cruces ilegales han caído aún más desde que Trump regresó al cargo.

"Gracias presidente Trump. Usted ha resguardado la frontera", expresó Allen —quien votó dos veces por Trump y es exjueza del condado— en la conferencia de prensa. "Pero ahora déjelo. Ya es hora".

Los demandantes argumentan que el DHS está haciendo uso indebido de facultades otorgadas por el Congreso, las cuales le dan al secretario amplia autoridad para eximir del cumplimiento de normativas con el fin de construir muros fronterizos u otra infraestructura en áreas donde hay grandes cantidades de personas que intentan ingresar al país ilegalmente.

“Esa determinación es jurídica y fácticamente infundada y carece de respaldo”, escribieron los demandantes.

La demanda presentada el lunes es la más reciente dentro de los empeños para ralentizar o detener los aviones del gobierno en Texas y en otros lugares.

Las mayores críticas han surgido a raíz de los aviones de la CBP para el Parque Nacional Big Bend, que se encuentra en el extremo suroeste de Texas, donde el río Bravo (llamado Grande en Estados Unidos) es la frontera con México.

La ubicación remota y agreste del parque, sus empinadas paredes de cañones de piedra caliza y las vistas de cielos estrellados y cristalinos atraen a visitantes de diversas partes del mundo. El gobierno ha dicho en audiencias judiciales que aún no se han decidido planos definitivos sobre lo que se construirá en el parque, pero los planos que se han dado a conocer hasta ahora incluyen la construcción de un nuevo camino, la instalación de tecnología de detección y barreras para impedir que vehículos crucen la frontera.

Cuando en agosto se vio a bulldozers despejando el terreno en el parque, personas en todo el estado se indignaron. El comisionado de la CBP, Rodney Scott, suspendió temporalmente la actividad relacionada con construcciones en el parque, pero muchos activistas y residentes locales quieren ver aún más cambios en los planos del gobierno en toda la región de Big Bend.

Grupos indígenas estadounidenses han alegado que la construcción podría impedirles practicar su fe y está dañando importantes sitios religiosos, mientras que los ambientalistas temen que el muro provoque inundaciones o impida la migración de animales.

Propietarios de tierras que han vivido y trabajado durante años a lo largo del río Bravo se han preguntado cómo alimentarán al ganado o regarán sus cultivos si no pueden acceder al río.

LOS FRESNOS, Texas

El Condado de Cameron realizará este lunes 14 de septiembre la ceremonia de inicio de las obras de ampliación de Old Alice Road, un proyecto de infraestructura que contempla una inversión de 31 millones 305 mil 92 dólares y busca mejorar la movilidad, seguridad y conectividad entre Brownsville y el área de Los Fresnos.

La ceremonia de colocación de la primera piedra se llevará a cabo a las 9:30 de la mañana, en la intersección de Papaya Drive y Old Alice Road, en Los Fresnos.

El proyecto contempla la reconstrucción de aproximadamente 4.88 millas de una carretera rural de dos carriles, que será transformada en una vialidad urbana de cuatro carriles, con un carril central para vueltas a la izquierda, acotamientos y banquetas.

Los trabajos están programados para comenzar en septiembre de 2026 y concluir en mayo de 2028. Además de incrementar la capacidad vehicular, la obra pretende mejorar la seguridad y reducir problemas de movilidad para quienes utilizan esta vía entre Brownsville y Los Fresnos.

El proyecto también contempla la reconstrucción y repavimentación del tramo de Old Alice Road ubicado junto al Centro de Detención Carrizales-Rucker del Condado de Cameron, con lo que se busca facilitar el acceso del personal de la Oficina del Sheriff y de los vehículos de emergencia que se desplazan hacia y desde las instalaciones.

El juez del Condado de Cameron, Eddie Treviño Jr., calificó el proyecto como una obra de gran magnitud y destacó que la ampliación de casi cinco millas permitirá mejorar el flujo vehicular y la conectividad hacia Los Fresnos y otras comunidades.

Por su parte, el comisionado David A. Garza señaló que la obra representa un avance importante para el condado y destacó la coordinación entre autoridades locales, regionales, estatales y federales.

WESLACO, Texas

A 25 años de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, la comunidad de Weslaco se reunió para recordar a las personas que perdieron la vida, honrar a las familias que quedaron marcadas para siempre y reconocer el valor de los elementos de emergencia que respondieron a uno de los episodios más trágicos de la historia reciente de Estados Unidos.

Durante la ceremonia conmemorativa, el alcalde Adrian González rindió homenaje a bomberos, policías, trabajadores de rescate y equipos de recuperación que acudieron al lugar de los hechos para auxiliar a las víctimas, aun frente al enorme peligro que representaba la situación.

El alcalde también reconoció a los integrantes de los departamentos de Policía y Bomberos de Weslaco, quienes continúan prestando servicio a la comunidad y representan diariamente el compromiso de quienes responden al llamado para proteger y ayudar a los demás.

A 25 años de los atentados, Weslaco destacó la importancia de mantener viva la memoria de quienes perdieron la vida y de reconocer a quienes arriesgaron la suya para salvar a otros.

El acto incluyó el izamiento de la bandera de Estados Unidos, un minuto de silencio y mensajes de recuerdo para las personas que perdieron la vida, los elementos de emergencia que atendieron el llamado y las familias que quedaron afectadas para siempre por los acontecimientos de aquel día.

La ciudad destacó que, a 25 años de los ataques, el recuerdo permanece ligado al valor, sacrificio y unidad que caracterizaron la respuesta de la sociedad estadounidense frente a la tragedia.

La ceremonia también sirvió para recordar el espíritu de unidad que surgió entre los estadounidenses después de los ataques del 11 de septiembre y que, un cuarto de siglo después, permanece como parte de la memoria colectiva.

Casi 38 años después de la desaparición y asesinato de Arnaldo Garza, su hija continúa pidiendo públicamente que se esclarezca el caso y se identifique a los responsables.

Garza, de 45 años, era soldador y había establecido su propio negocio, A&A Welding, cuando el 6 de septiembre de 1988 fue sacado de su domicilio en Edinburg a plena luz del día. Su hija, Lina, presenció el momento en que se lo llevaron.

De acuerdo con los investigadores, testigos observaron por última vez a Garza cuando abandonaba el lugar acompañado por dos hombres hispanos a bordo de una camioneta Ford blanca de dos puertas.

Dos meses después, el 17 de noviembre de 1988, fueron encontrados sus restos en un terreno ubicado al norte de Edinburg.

A casi cuatro décadas de los hechos, los dos hombres que viajaban en la camioneta nunca han sido identificados y no se ha realizado ningún arresto relacionado con el homicidio.

Los Texas Rangers mantienen abierta la investigación y ofrecen hasta 3 mil dólares de recompensa por información que conduzca a un arresto. Las personas que tengan información pueden comunicarse de manera anónima con Crime Stoppers al 1-800-252-8477.

La familia mantiene vigente el llamado a cualquier persona que recuerde haber visto aquella camioneta Ford blanca en Edinburg en septiembre de 1988.

Después de casi cuatro décadas, una pista podría ayudar a cerrar uno de los casos pendientes de la región.

Durante septiembre, considerado el Mes Nacional de Prevención del Suicidio, la Oficina del Sheriff del Condado de Cameron reforzó el llamado a la comunidad para reconocer las señales de alerta y recordar que existen servicios de apoyo disponibles para quienes atraviesan una crisis emocional.

Como parte de esta campaña de concientización, la corporación colocó letreros en diferentes instalaciones del Sheriff’s Office con información sobre dónde acudir y cómo solicitar ayuda en momentos de crisis.

La dependencia recordó a la población que puede llamar o enviar un mensaje de texto al 988, número de la Línea de Ayuda para Suicidio y Crisis de Estados Unidos, donde se ofrece atención gratuita y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana.

La Oficina del Sheriff señaló que los mensajes colocados en sus instalaciones buscan servir como un recordatorio sencillo pero importante: nadie tiene que enfrentar solo un momento difícil y siempre existe la posibilidad de recibir apoyo.

Asimismo, exhortó a quienes atraviesen una situación complicada, así como a familiares y amigos que detecten señales de preocupación en alguien cercano, a buscar ayuda y establecer contacto con los servicios de crisis.

“Cada vida importa. Cada persona importa. Tu vida importa”, enfatizó la corporación al sumarse a las actividades de prevención durante septiembre.

La tranquilidad de una mañana de domingo se quebró en las afueras de San Benito, donde cuatro integrantes de una familia fueron encontrados muertos a tiros, desatando una investigación por homicidio múltiple que llevó a las autoridades hasta un sospechoso relacionado con las víctimas.

Los hechos ocurrieron en el bloque 3200 de Road 819, donde tres de las víctimas fueron localizadas dentro de una vivienda y una cuarta a la orilla del camino, de acuerdo con información proporcionada por el sheriff del condado de Cameron, Manuel Treviño.

Horas después, Joel Christian Pacheco Maldonado quedó bajo custodia y fue acusado de homicidio capital de múltiples personas, según los registros de la cárcel. Sin embargo, las autoridades mantienen bajo reserva buena parte de la información mientras avanzan las primeras diligencias.

Los nombres de las víctimas todavía no han sido revelados. Al ser cuestionado sobre si existía un parentesco entre los fallecidos, el sheriff Treviño indicó que esa información será dada a conocer durante una conferencia de prensa programada para el lunes, después de la primera comparecencia de Maldonado ante un juez.

“Quiero dar las condolencias a la familia por lo que pasó”, expresó el Alguacil Manuel Treviño durante una actualización sobre el caso. El funcionario informó que un sospechoso ya fue arrestado y agregó: “No esperamos que haya más arrestos a lo que se mira ahorita, fue una sola persona involucrada en esto”.

Las autoridades precisaron que las cuatro víctimas mortales estaban emparentadas entre sí. Así, una mañana que comenzó como cualquier otra terminó dejando a una familia marcada por la violencia, mientras los investigadores buscan esclarecer qué ocurrió en aquella zona rural de San Benito y qué llevó al sospechoso a enfrentar uno de los cargos más graves bajo la ley de Texas.

Cuatro personas perdieron la vida a causa de heridas de bala durante un incidente registrado la madrugada de este domingo en las afueras de San Benito, confirmó el alguacil del Condado de Cameron, Manuel Treviño.

De acuerdo con el funcionario, las autoridades recibieron alrededor de las 3:00 de la mañana una llamada de emergencia relacionada con el hecho, por lo que se desplegaron unidades en el área rural.

Treviño informó que un sospechoso fue arrestado en relación con el caso y señaló que, de acuerdo con lo que se conoce hasta el momento, no se esperan más detenciones.

El alguacil expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y señaló que la investigación continúa para esclarecer completamente lo ocurrido.

La Ciudad de McAllen, a través de Metro McAllen, puso en marcha un nuevo servicio de transporte hacia el Puente Internacional Hidalgo-Reynosa, con un costo de $3 dólares por viaje, que incluye el peaje para cruzar el puente.

El director de Transporte, Mario Delgado, informó que el programa arrancó hace una semana y que actualmente registra entre 90 y 100 pasajeros diarios, una cifra que podría crecer con la demanda. Los usuarios también pueden dejar sus carros en el estacionamiento gratuito del North Hub, ubicado en la calle 23 y Trophy, y abordar la Ruta 10 para conectarse con la Central de McAllen y de ahí al puente internacional.

El objetivo, dijo Delgado, es mejorar la movilidad de la comunidad y facilitar los traslados hacia México.

La Oficina de Operaciones de Campo del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, en el puerto de entrada de Laredo, celebró su ceremonia anual en memoria del 11 de septiembre para honrar a las víctimas, los sobrevivientes, los socorristas y todos los afectados por los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

La ceremonia tuvo lugar en la madrugada del 11 de septiembre en el puente Juárez-Lincoln, donde agentes federales, estatales, del condado y locales, junto con los servicios de emergencia, se reunieron para conmemorar el 25 aniversario de los atentados.

“Hoy, unidos a nuestros socios federales, estatales, del condado y locales encargados de hacer cumplir la ley y a los servicios de emergencia, honramos la memoria de las vidas perdidas el 11 de septiembre de 2001”, declaró el director del puerto de entrada de Laredo, Albert Flores. “Esta conmemoración nos recuerda la resiliencia de nuestra nación y la valentía de los hombres y mujeres que siguen protegiendo a nuestras comunidades. Juntos, reafirmamos nuestro compromiso de no olvidar jamás y de defender los valores de servicio y sacrificio que nos definen”.

La ceremonia incluyó una serie de solemnes homenajes. El Departamento de Bomberos de Laredo encabezó la procesión con gaitas y tambores, mientras que las fuerzas del orden se mantuvieron en formación. Una guardia de honor conjunta presentó los colores e izó la bandera estadounidense, que luego fue arriada a media asta en memoria de las víctimas. Un equipo de fusileros realizó una salva de tres disparos, seguida de la interpretación de «Toque de silencio» y una versión de «Amazing Grace».

Exactamente a las 7:46 a. m., en conmemoración del momento en que el vuelo 11 impactó contra la Torre Norte del World Trade Center, los participantes guardaron un minuto de silencio. Las Operaciones Aéreas y Marítimas de la CBP también honraron la ocasión con un sobrevuelo sobre el puerto de entrada, ofreciendo un emotivo homenaje visual.

Representantes de numerosas agencias asistieron a la ceremonia, entre ellas la Oficina de Operaciones de Campo de la CBP, la Patrulla Fronteriza de EE. UU., Operaciones Aéreas y Marítimas, la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, la Oficina de Comercio y la Asociación Aduanera contra el Terrorismo; Investigaciones de Seguridad Nacional; la Administración de Seguridad del Transporte; el Departamento de Bomberos de Laredo; el Departamento de Policía de Laredo; la Oficina del Sheriff del Condado de Webb; el Departamento de Seguridad Pública de Texas; y el Consulado General de EE. UU.

El Puerto de Entrada de Laredo expresa su más profundo agradecimiento a todas las agencias y socios participantes que hicieron posible este solemne servicio. Su fortaleza, valentía e inquebrantable dedicación ejemplifican los más altos ideales del servicio público. Esta conmemoración no solo rinde homenaje a las víctimas del 11 de septiembre, sino que también reconoce el firme compromiso de las fuerzas del orden y los socorristas que continúan sirviendo a sus comunidades con honor.