Jueza bloquea partes de reforma electoral de Trump, incluida prueba de ciudadanía

NUEVA YORK — Una jueza le prohibió el jueves al gobierno del presidente Donald Trump implementar de inmediato ciertos cambios en la forma en que se llevan a cabo las elecciones federales, incluyendo el requisito de prueba de ciudadanía en el formulario de registro de votantes federales.

La decisión es un revés para Trump, quien ha argumentado que el requisito es necesario para restaurar la confianza pública en las elecciones. Pero la jueza permitió que otras partes de la orden ejecutiva de Trump referente a las elecciones federales permanezcan vigentes por el momento, incluida una directiva para endurecer los plazos de las votaciones por correo en todo el país.

La orden que Trump emitió en marzo para reformar la manera en que se llevan a cabo las elecciones federales desató una serie de demandas de League of United Latin American Citizens, el League of Women Voters Education Fund, el Comité Nacional Demócrata y otros grupos, quienes calificaron la medida de inconstitucional.

La jueza federal Colleen Kollar-Kotelly, en Washington, falló a favor de los grupos defensores de los derechos al voto y los demócratas, argumentando que la Constitución le otorga a los estados y al Congreso, no al presidente, el poder de regular las elecciones federales. Añadió que los legisladores federales trabajan en estos momentos en su propia iniciativa para exigir una prueba de ciudadanía para poder votar.

En una decisión de 120 páginas emitida el jueves, la jueza señaló que los demandantes habían demostrado que el requisito de prueba de ciudadanía causaría un daño irreparable a sus clientes y sería contrario al interés público, mientras que el gobierno prácticamente no había ofrecido "defensa alguna a la orden del presidente en cuanto a sus méritos".

En consecuencia, emitió una orden preliminar para detener el avance del requisito de ciudadanía mientras se desarrolla la demanda.

La jueza también bloqueó parte de la orden del presidente que requería que se evaluara la ciudadanía de los inscritos en programas de asistencia pública antes de obtener acceso al formulario de registro de votantes federales.

Sin embargo, negó otras solicitudes de un grupo de demandantes demócratas, incluyendo la de bloquear la orden de Trump en la que se exigía que todas las papeletas enviadas por correo fueran recibidas el día de la jornada electoral en todo el país. Tampoco tocó la orden de Trump de otorgar acceso a ciertas bases de datos al Departamento de Eficiencia Gubernamental que encabeza Elon Musk para permitirle revisar las listas de votantes estatales en busca de extranjeros sin autorización legal. La jueza dijo que los argumentos que presentaron los demócratas eran prematuros o en su lugar deberían ser presentados por los estados.

La parte demandante había argumentado que el requisito de ciudadanía de Trump violaba la llamada Cláusula de Elecciones de la Constitución, la cual le otorga a los estados y al Congreso, no al presidente, la autoridad para determinar cómo se llevan a cabo las elecciones.

También argumentaron que la orden de Trump afirma un poder que no tiene sobre una agencia independiente. Esa agencia, la Comisión Federal de Asistencia Electoral, establece pautas voluntarias para el sistema de votación y mantiene el formulario de registro de votantes federales.

Durante una audiencia el 17 de abril, los abogados de los demandantes argumentaron que requerir prueba de ciudadanía en el formulario de registro de votantes federales complicaría las campañas de registro de votantes de sus clientes en supermercados y otros lugares públicos.

Aria Branch, abogada para el Comité Nacional Demócrata y otros demócratas, también argumentó que el esfuerzo de la orden ejecutiva para endurecer los plazos de las boletas por correo perjudicaría irreparablemente a sus clientes al obligarlos a reasignar recursos para ayudar a los votantes a lidiar con los cambios.

"Son tiempo, dinero y recursos organizativos y estratégicos que no se pueden recuperar", dijo.

Michael Gates, abogado del gobierno, dijo en la audiencia que no se justificaba una orden preliminar porque la orden no se había implementado y el requisito de ciudadanía no aparecería en el formulario de registro federal de votantes durante muchos meses.

Roman Palomares, presidente de League of United Latin American Citizens, un grupo demandante no partidista, dijo el jueves que la decisión del juez fue una "victoria para los votantes".

"Los esfuerzos para silenciar la voz y los votos del electorado estadounidense no deben prevalecer porque nuestra democracia depende de que todos los votantes se sientan seguros de que pueden votar libremente y que su voto será contado", dijo en un comunicado.

Branch dijo en un comunicado el jueves que "esta lucha está lejos de terminar" pero calificó el fallo como una "victoria para la democracia y el estado de derecho".

La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia señaló que estaba decepcionada por el fallo.

"Hay pocas cosas que son más sagradas para una sociedad libre o más esenciales para la democracia que la protección de sus sistemas electorales", dijo Harmeet Dhillon, asistente del fiscal general para derechos civiles.

Donald Palmer, presidente de la EAC, uno de los demandados en el caso, dijo que su oficina seguía revisando el fallo, "pero cumpliremos con la decisión de la jueza".

La decisión se produce mientras funcionarios electorales a nivel estatal y local en todo el país se reúnen para sopesar las implicaciones en su trabajo de la orden ejecutiva de Trump.

La Junta de Normas de la Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos, que estaba celebrando una audiencia pública en Carolina del Norte el jueves, es un grupo asesor bipartidista de funcionarios electorales de cada estado que se reúne anualmente.

Mientras tanto, otras demandas contra la orden de Trump aún están pendientes.

A principios de abril, 19 fiscales generales demócratas pidieron al tribunal que rechazara la orden ejecutiva de Trump. Washington y Oregon, que celebran elecciones exclusivamente por correo, siguieron con su propia demanda contra la orden.

Estados Unidos se diferencia de muchos otros países en que no celebra elecciones nacionales organizadas por el gobierno federal. En cambio, las elecciones están descentralizadas, supervisadas por los estados y administradas por miles de jurisdicciones locales.