Un proyecto de ley orientado a sancionar penal y administrativamente a las empresas petroleras y proveedores que exploten recursos naturales sin autorización en las Islas Malvinas fue enviado al Congreso de la Nación por el Ejecutivo argentino.
La iniciativa, denominada "Ley de defensa de la soberanía nacional", busca derogar el régimen legal vigente desde 2011 para endurecer los castigos económicos e inhabilitaciones, además de crear el Consejo de Seguridad Nacional para coordinar las estrategias de inteligencia, defensa y diplomacia.
El Ejecutivo argentino propone sanciones más severas a empresas que operen sin autorización en Malvinas.
El articulado reitera la soberanía sobre el archipiélago y contempla la apertura de un Régimen de Desistimiento y Regularización, mediante el cual las compañías infractoras podrán cesar las acciones penales a cambio del pago de multas y la interrupción de sus actividades en las islas.
La nueva ley busca crear un Consejo de Seguridad Nacional para coordinar estrategias de defensa y diplomacia.
La Presidencia emitió un pronunciamiento conjunto firmado por el Gabinete de Ministros para exhortar a las bancadas parlamentarias a dar celeridad a la discusión del dictamen.
"Todos los argentinos reconocen en Malvinas una causa nacional, y en su recuperación, una promesa que cada generación hereda de la anterior", establece el comunicado oficial remitido a las cámaras legislativas.
