Acorralar a Corral
Acorralar a Corral. Podrán decir y no les faltará razón que es un titular simplón, fácil, que hubiera sido más redondo "Corral acorralado". Pero no es el caso, el tiempo verbal es certero, porque el infinitivo denota aquí una acción que se persigue, pero que no se ha logrado. Y no será por intentos. El exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, precisó nada menos que de un centenar de agentes para evitar que los de la fiscalía de su Estado lo sacaran desde Ciudad de México, donde ahora vive, y lo regresaran a su estado para ponerle ante la justicia. Ese era el plan. Los vecinos del restaurante en el que trataron de apresarlo la noche del miércoles debieron pensar que quien cenaba allí era Nemesio Oseguera, El Mencho, uno de los narcotraficantes más buscados. Menudo susto pasarían entre visillos. No se pierdan la crónica del compañero Zedryk Raziel sobre esa noche.
Se trataba, sin embargo, del político que se esforzó durante su mandato por desenmascarar una sonada trama de corrupción, la Operación Safiro, que extendía sus tentáculos desde su antecesor en el gobierno de Chihuahua, el priista César Duarte, hasta el del presidente de la República Enrique Peña Nieto (2012-2018), que acabó el sexenio, hizo las maletas y voló a España. La Safiro era una acción coordinada entre el Gobierno federal y los estatales en manos del PRI para saquear millones de pesos de las arcas públicas, blanquearlos a través de empresas fantasma y destinarlos a las campañas electorales priistas. Pero llegó Corral al gobierno de Chihuahua y la Fiscalía estatal lo puso todo patas arriba. La justicia ha resuelto poco o nada, el dinero no se recuperó, las empresas involucradas siguen funcionando y apenas funcionarios de segundo nivel han ingresado a prisión, mientras otros implicados han muerto en opacas circunstancias.
¿Qué pinta Corral en todo esto hoy? Él ha denunciado que la panista que ahora manda en Chihuahua, Maru Campos, ha sido una de las beneficiarias de aquellos dineros ilegales que se movían. César Duarte se escapó a Estados Unidos, pero se le extraditó y encarceló en México, aunque ya está liberado para seguir su proceso a domicilio. Y los tentáculos del pulpo han dado una brusca sacudida, de modo que los perseguidos ahora son el fiscal anticorrupción de la época de Corral y el propio Corral. Al primero, Francisco González Arredondo, se le acusó de torturar psicológicamente a cómplices de la corrupción de César Duarte y pasó un tormento en la cárcel; al segundo, de un desvío de 98,5 millones de pesos así como de usar recursos públicos para la caravana que emprendió a Ciudad de México en su día para denunciar la trama corrupta de su antecesor. Las vueltas de la justicia en México son inextricables.
Las de la política, también. Antaño panista, Corral se ha pasado al bando de los morenistas, ha ganado en las últimas elecciones una senaduría y pertenece al equipo cercano de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para la asesoría contra la corrupción. Desde entonces está en la capital. Niega las acusaciones por las que le busca la Fiscalía de su Estado y denuncia persecución política, una tesis que ha respaldado Sheinbaum y también, públicamente y con profusión, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Corral espera al 1 de septiembre, cuando entra en vigor su puesto en el Senado y el resguardo que proporciona el fuero. Mientras tanto, los agentes de la fiscalía de Chihuahua le siguen los pasos.
En México, es imprescindible que las Fiscalías federal o estatal den el visto bueno a sus colegas de otros Estados para que entren en su territorio a apresar a alguien. Los de Chihuahua pidieron permiso en la Ciudad de México y con el papelito firmado por Brenda Cruz, subdirectora de Control y Seguimiento de Ordenamientos Judiciales, salieron para el restaurante donde estaba Corral. Enterado el fiscal de la Ciudad, Ulises Lara, agarró al centenar de agentes y corrió en defensa del exgobernador e impidió que se lo llevaran. Ahora el asunto está enredado entre si el papel era válido o solo un documento interno que nada autorizaba.
Hay más. Se ha revelado que a Corral le estaban esperando para apresarle en Chihuahua el día de las elecciones, el 2 de junio, pero se quedaron con las manos vacías porque votó en la capital. Y también dice que le han informado de que pretendían sacarle de la Ciudad de México en una suerte de secuestro para, una vez en Chihuahua, dejar caer la justicia sobre él. El Gobierno le ha estado protegiendo desde entonces con escoltas. La interpretación de muchos es que se han apurado para encerrarlo antes de que tomara su acta de senador —un salvoconducto que usan muchos para eludir los asuntos judiciales—, porque consideran que puede hacerles daño en sus denuncias contra aquella trama de corrupción. Máxime si hubiera sido fiscal de la República o Anticorrupción, como se rumoreó cuando se colocó al lado de Sheinbaum. El asunto está más tenso que una resortera.
Mientras tanto, Peña Nieto, que en los últimos tiempos ha sopesado la posibilidad de volver a México, ha sido raudo en felicitar a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, como el que saca el dedo a ver de qué lado sopla el aire. La Operación Safiro está en punto muerto judicial a menos que alguien quiera reanimarla. ¿Será Corral quien atice el fuego? ¿Llegan peores tiempos para Duarte y Maru Campos? ¿Qué temen en Chihuahua? Hasta que pase el 1 de septiembre será difícil encontrar a Corral paseando felizmente por la calle. Lo que ocurra después podría modificar el tiempo verbal: acorralar o acorralado.
