Complicidades expuestas
El combustible volvió a encender las alarmas, pero esta vez las sirenas no sonaban sólo en territorio mexicano. Desde el sur de Texas, un operativo encabezado por el FBI puso al descubierto una red de contrabando de hidrocarburos que cruzaba la frontera con documentos alterados, evadiendo impuestos y afectando a ambos lados del río Bravo.
Veinte tractocamiones cargados con combustible fueron asegurados en los patios de Arroyo Terminals, una empresa texana, ahora acusada, formalmente, de participar en esquemas de lavado de dinero y contrabando de mercancías hacia México.
El llamado "huachicol fiscal", fenómeno que en los últimos años se había consolidado como un problema fronterizo nacional, escaló de pronto al nivel internacional, involucrando a agencias estadounidenses y colocando, otra vez, a Tamaulipas en el centro de un caso de alto impacto.
La acusación presentada en la Corte del Distrito Sur de Texas no deja mucho margen a la interpretación. Se describe un entramado que permitía internar combustible a México bajo amparos de importación falsificados, declarando residuos de aceites o destilados de petróleo para ocultar la verdadera naturaleza de la mercancía. El expediente revela que esta práctica se repitió miles de veces, para ser precisos, 2,881 cargamentos ilegales de hidrocarburo, generando un flujo irregular y una estructura paralela de transporte y distribución.
Más grave aún es que el expediente judicial señala que parte del combustible refinado provenía originalmente de robo en México, en una dinámica que iba y venía entre Tamaulipas y Texas, aprovechando los huecos del sistema.
La investigación estadounidense, que inició en 2022, involucra cargos de conspiración para lavar dinero, contrabando y operaciones financieras irregulares. Se estima que los bienes en riesgo de confiscación, incluidos tractocamiones, propiedades, vehículos de lujo y embarcaciones, ascienden a 300 millones de dólares. La magnitud del caso refleja la escala de la economía subterránea que puede prosperar en las zonas de intercambio comercial cuando los controles son débiles o cómplices. También revela una realidad incómoda: el problema no es aislado de un lado u otro de la frontera, es un fenómeno binacional alimentado por omisiones, redes de corrupción y, en muchos casos, tolerancia institucional.
En México el tema ya había comenzado a visibilizarse. El decomiso de un buque con 10 millones de litros de diésel en el puerto de Altamira y la detención de varios autotanques en Reynosa, hace varias semanas atrás, fueron señales de que el fenómeno había alcanzado un nuevo nivel de sofisticación. Pero el golpe judicial en Texas confirma que la dinámica del "huachicol fiscal" no se limitaba a operaciones locales, sino que implicaba flujos internacionales, complicidades comerciales y una estructura que desbordaba las aduanas.
Frente a este panorama, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que trabaja en una iniciativa de reforma a la Ley de Aduanas. La propuesta busca cerrar los vacíos legales que durante décadas permitieron que agentes aduanales, importadores y servidores públicos eludieran su responsabilidad ante prácticas irregulares. Bajo el nuevo esquema, todos los actores involucrados en el proceso de internación de mercancías, desde quien envía el producto, hasta quien lo inspecciona y quien lo autoriza, deberán responder de manera solidaria en caso de irregularidades. El cambio de fondo es simple, pero potente: ya no se podrá mirar hacia otro lado.
La pregunta es evidente, ¿cuántas y cuáles agencias aduanales de Nuevo Laredo a Matamoros están metidas en este negocio sucio? Ahí está el centro de la sospecha de todo este entramado.
Sheinbaum fue directa al señalar que muchos de los fraudes aduaneros parten de mecanismos, como el ingreso de productos que deberían pagar IVA o IEPS. La mandataria reconoció que las aduanas mexicanas recaudan cifras multimillonarias y que limpiar estos procesos es fundamental para mejorar los ingresos públicos, pero también para blindar la relación comercial con Estados Unidos, donde las advertencias sobre corrupción aduanera se han vuelto cada vez más serias.
El Departamento de Justicia estadounidense ya había alertado sobre los riesgos crecientes que representa la corrupción en las aduanas mexicanas para la seguridad nacional. El último Informe de Estimaciones Nacionales de Comercio destacó no sólo las irregularidades operativas, sino también la percepción de que algunas redes están vinculadas directamente con actividades del crimen organizado. Washington ha advertido que la falta de controles efectivos contradice los compromisos asumidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y amenaza con tensar aún más una relación comercial, que ya navega por aguas turbulentas.
El escenario no podría ser más delicado. México enfrenta no sólo las presiones de una economía global más frágil, sino también el escrutinio de su principal socio comercial en momentos en que la confianza en los procesos aduanales se vuelve un factor determinante para la atracción de inversiones y la continuidad de las cadenas de suministro. Tamaulipas, con su posición estratégica y su infraestructura portuaria y fronteriza, está en la primera línea de este reto.
La agenda aduanal dejó de ser un tema técnico para convertirse en un asunto de seguridad nacional y de viabilidad económica. No basta con operativos reactivos. Se requiere una transformación estructural que garantice que los cruces fronterizos, los puertos y las terminales fiscales operen bajo estándares internacionales de transparencia, eficiencia y legalidad. Se necesita, también, profesionalizar y supervisar de manera efectiva a quienes, como los agentes aduanales, cumplen funciones clave en el tránsito de mercancías.
La propuesta de reforma a la Ley de Aduanas podría ser un primer paso en la dirección correcta, si logra convertir la corresponsabilidad en una verdadera herramienta de control y no en un simple ajuste burocrático. Su éxito dependerá, en última instancia, de la voluntad para aplicarla sin excepciones.
El caso del "huachicol fiscal" en Texas y los operativos recientes en Tamaulipas son un espejo incómodo, pero también una oportunidad. Una oportunidad para reconocer la dimensión real del problema y para actuar con la determinación que exige el contexto. La frontera no puede seguir siendo tierra de nadie.
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