Deben cesar ataques desde Palacio contra otros poderes
En México, la división de poderes se establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en donde se definen los tres poderes y sus facultades: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
El Poder Ejecutivo es encabezado por el presidente de la República y se encarga de la administración y gobierno del país. Es responsable de la política interior y exterior, la seguridad pública y la economía, entre otras áreas.
El Poder Legislativo está compuesto por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Su función principal es crear y modificar leyes que regulen la vida del país.
El Poder Judicial, por su parte, está encargado de impartir justicia. Está compuesto por distintos tribunales, juzgados y magistrados, encargados de resolver conflictos y aplicar las leyes.
La división de poderes en México tiene como objetivo garantizar el equilibrio y la separación de funciones del Estado, de manera que cada uno tengan atribuciones específicas y que estas se desarrollen con plena autonomía; evitándose así el abuso de potestades y la concentración de autoridad en una sola persona o institución.
La división de poderes no es un tema meramente formal; la razón última del arreglo republicano se encuentra en la génesis misma del sistema democrático de organización social y política. Descansa en una premisa histórica fundamental: la concentración del poder en pocas manos o en un soberano siempre ha causado tragedias y calamidades.
El pasado 2 de enero se hizo historia con la elección de la ministra Norma Piña, al haberse convertido en la primera presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Su elección fue un hecho que molestó fuertemente al oficialismo, que en diversas formas había querido imponer a la magistrada Yasmín Esquivel Mossa, sobre quien existían evidencias de plagio de su tesis de licenciatura y, sobre todo, de un notorio conflicto de interés por su cercanía personal y de negocios con el Ejecutivo.
De manera antirrepublicana, el presidente López Obrador fue muy insistente, desde que fue electa la ministra Norma Piña, en denostar el profesionalismo, imparcialidad y autonomía de la juzgadora, al verse ante el escenario de una presidencia tribunalicia independiente de su férula.
Las consecuencias de la incontinencia verbal presidencial no se hicieron esperar. El pasado 18 de marzo, el Presidente y su partido político Morena, congregaron a sus simpatizantes teniendo como pretexto la conmemoración del 85 aniversario de la expropiación petrolera y durante el desarrollo del evento, fanáticos de López Obrador, quemaron una figura de cartón con la efigie de la ministra Norma Piña, al tiempo que se escuchaba el grito infaltable de "es un honor estar con Obrador". El acto de la quema simbólica de la presidenta incita al odio y a la violencia y el gesto no debe de pasar desapercibido, sobre todo cuando en México se vive una ola de violencia hacia las mujeres, justo cuando la sociedad y actores públicos realizan esfuerzos importantes para erradicar el odio por cuestión de género.
Ante los cobardes e infundados ataques desde el oficialismo hacia la ministra presidenta Norma Piña, a nombre propio y de las y los diputados de Acción Nacional manifestamos nuestro total apoyo y solidaridad con la ministra presidenta. Rechazamos categóricamente cualquier tipo de violencia política y exigimos al gobierno no minimizar esta situación y que, sobre todo, actúe en vez de permanecer como espectador o incluso, incitador. (Diputado, Coordinador del GPPAN)
