El ´capitalismo de cuates´
En la Cámara de Diputados circula un predictamen que propone eliminar varios órganos autónomos, entre ellos la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). El proyecto busca "racionalizar los recursos públicos (...) a fin de erradicar las desigualdades sociales".
Estuve al frente de la Cofece entre 2013 y 2021. A partir de esa experiencia quisiera responder a la pregunta de, si vale la pena mantener el modelo actual de órgano constitucional autónomo. Parto de los siguientes principios:
Las desigualdades en nuestro país eran y son lastimosas; urge revertir esta situación.
El presidente López Obrador y la presidenta electa Sheinbaum correctamente señalan que en términos de bienestar, miles de mexicanos vivieron una promesa incumplida durante el periodo neoliberal. Si bien es cierto que hubo inversión y crecimiento económico, la creación de riqueza no se tradujo en más bienestar para la mayoría.
Una de las razones por las cuales la riqueza generada en ese periodo no se distribuyó de forma efectiva fue la falta de competencia. Durante décadas, algunos empresarios de sectores importantes para el desarrollo nacional consiguieron proteger y hacer crecer sus negocios sin la presión de la competencia. En muchos casos, esto fue resultado de leyes, regulaciones y políticas públicas que protegieron a ciertos actores, y generaron mercados muy concentrados que permitieron a sus empresas obtener márgenes de ganancia desproporcionados, dañando el bolsillo de las familias mexicanas.
Es prioritario que el Estado mexicano cuente con las mejores herramientas a su alcance para erradicar esta desigualdad social, entre ellas, una comisión de competencia capaz de limitar la concentración económica.
Mantener a la Cofece como comisión de competencia con autonomía constitucional es una herramienta esencial para evitar la simbiosis entre el poder político y el económico, un fenómeno conocido en México como "capitalismo de cuates". Como expliqué, este se traduce en mercados concentrados y precios más altos en perjuicio de los consumidores. La autonomía de la comisión es central para poder romper esa simbiosis. Por el contrario, si las funciones que hoy desempeña pasan a la responsabilidad de la Administración Pública Federal (APF), estas podrían usarse para favorecer a unos empresarios y extorsionar a otros.
Esta posibilidad es real. Durante mi mandato al frente de la Cofece recibí presiones tanto de personas dentro del Gobierno como del sector privado para otorgar tratos preferenciales. Solicitaban el cierre de alguna investigación, dejar fuera de un procedimiento a una persona moral o física en específico, investigar alguna empresa que les incomodaba o permitir la fusión de dos empresas para librarlas de la competencia. Estas llamadas nunca dejaron de existir, pero con el tiempo fueron disminuyendo porque quienes pedían favores se dieron cuenta de que lo único que conseguirían era una explicación de los procesos y las reglas de la comisión.
No ceder a estas presiones es solo posible porque el arreglo institucional actual le da al organismo antimonopolios un blindaje muy particular. Su autonomía abarca todas las dimensiones de la gestión pública: presupuestal, operativa, de gestión y técnica. En los casos más relevantes, los intereses económicos en juego son mayores y una autoridad de competencia no puede ser efectiva ni imparcial sin estos anclajes mínimos.
Esta autonomía le permite a la Cofece operar y emitir sus resoluciones basadas en consideraciones técnicas, al margen de las presiones tanto de los grupos económicos como del Gobierno en turno. Gracias al diseño institucional de la autoridad, nadie dentro de la comisión tiene los instrumentos para definir la agenda institucional de manera individual, ni puede incidir unilateralmente en los procedimientos o posibles sanciones que emite el regulador. La autonomía permite al órgano de gobierno de la Comisión absorber "golpeteo" político (es decir, aguantar las llamadas, las presiones mediáticas y las amenazas de destitución), permitiendo que el resto del equipo tenga el espacio necesario para realizar su trabajo con criterios estrictamente técnicos.
Esta forma de tomar de decisiones asegura que el Estado pueda sancionar severamente a quienes llevan a cabo comportamientos anticompetitivos, independientemente de su cercanía con el poder. La autonomía del Ejecutivo garantiza también que la Cofece no se use como herramienta de represión política, evitando incluso afectar negativamente el clima de inversión en el país. Recientemente, por ejemplo, Walmart de México anunció que la Cofece la había emplazado a raíz de una investigación a tiendas de autoservicio en octubre de 2023. Esto provocó una caída en el precio de sus acciones de 58.000 millones de pesos. Al tratarse de un acto de un regulador autónomo, el anuncio no repercutió en la confianza de los inversionistas.
Cuando se debilita a las instituciones, por el contrario, los malos comportamientos corporativos no pueden ser sancionados severamente por los reguladores. Las empresas abusan más. La posibilidad de sanciones promueve la autorregulación por parte de los actores económicos. Cuando el Estado no tiene la capacidad de regular y sancionar comportamientos ilegales, proliferan, en palabras del presidente López Obrador, "los empresarios rapaces".
Una comisión más débil también refuerza el sistema de los tratos preferenciales. En el marco de esta discusión, me imagino que algunos empresarios están pensando que una autoridad de competencia debilitada les permitirá comprar a sus competidores, aumentar su poder en el mercado y tener mayor espacio para subir precios. No dejemos que las empresas con mayor poder económico y cercanía con el Gobierno en turno, sea del partido que sea, abusen de una comisión de competencia debilitada.
En vez de restarle autonomía, mejor discutamos cómo mejorar la normativa en materia de competencia para que la Cofece rinda mejores cuentas, para fortalecer su vinculación con la APF y dotarla de nuevas herramientas legales que le permitan actuar con contundencia en un entorno cambiante. Estoy convencida de que una autoridad de competencia autónoma servirá mejor al Estado mexicano en la urgente tarea de aminorar la desigualdad social.
Alejandra Palacios Prieto es economista y fue comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) de 2013 a 2021.
