El deterioro de la Suprema Corte

El Alto Tribunal se fue convirtiendo en una élite poderosa e intocable, llena de privilegios, alejada de la sociedad y distante del sentimiento de los justiciables

La primera Constitución de México (que tuvo aplicación), la de 1824, cumplirá 200 años. Desde entonces, en las distintas Constituciones promulgadas, la relación entre los tres Poderes fue aceptable y de colaboración, salvo en algunos momentos que registra la historia, cuando se presentaron presagios de tormenta y conflictos que finalmente se atenuaron.

En la mayor parte de estos 200 años, salvo momentos de lucidez e independencia en ciertas épocas, se había aceptado la colaboración entre Poderes, entre el Ejecutivo y el Judicial, e incluso implícitamente se admitía la subordinación del Judicial al Ejecutivo, dado que la influencia de este último era preponderante para la designación de los ministros de la Corte, y la de estos, a su vez, en relación con jueces y magistrados, pues recaía en aquellos aplicar su decisión vertical.

La Corte se fue alejando del ideal de justicia, profundizando el nepotismo —al punto en que circuitos completos pertenecían a una sola familia— y, con ello, el tráfico de influencias, la corrupción y la venta de la justicia al mejor postor. Así siguió ocurriendo durante las últimas décadas.

La reforma de Ernesto Zedillo de despedir con pensiones vitalicias atractivas a las y los ministros en funciones y nombrar a un nuevo cuerpo de 11 ministros despertó la esperanza de que la impartición de justicia mejoraría y que la obligación de hacerlo de manera pronta y expedita dejaría de ser letra muerta. No fue así, y se profundizaron tanto el aislamiento social como el deterioro de la impartición de justicia. La Suprema Corte se fue convirtiendo en una élite poderosa e intocable, llena de privilegios, alejada de la sociedad y distante del sentimiento de los justiciables.

En 2018 irrumpe en la sociedad una alternancia política que se fue traduciendo en un cambio de régimen y en una transformación de las instituciones. Muchos de los actores sociales, económicos y políticos creyeron que la llegada de Andrés Manuel López Obrador al Gobierno sería más de lo mismo y que, como ocurrió con Vicente Fox y otros, continuaría el mismo estado de cosas en México. Se equivocaron quienes presagiaron esta situación y, poco a poco, se dieron cuenta de que el inicio del cambio de régimen y la transición política era real y profunda.

Así, habiendo muchos pendientes en la República, el presidente López Obrador inició aplicando sus prioridades: política social humanista; distribución equitativa de la riqueza; separación entre el poder económico y el poder político; aplicación de la austeridad como política de Estado, y la política del bienestar como uno de los imponderables. Además, la rendición de cuentas por parte de todos los sectores, incluyendo la fiscal de todas las personas contribuyentes, sin importar su poderío o su influencia. Es decir, atendió primero la casa propia, el "elefante reumático" al que se refirió de manera frecuente, y detonó el gasto social y de inversiones en obras de desarrollo emblemático: la refinería Dos Bocas, los aeropuertos, el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, etc. Y dejó para la segunda etapa de la Transformación la reforma al Poder Judicial de la Federación.

En el primer tramo del Gobierno del presidente López Obrador, la relación con el Poder Judicial fue institucional, sin sobresaltos y sin excesos; sin embargo, no faltaron iniciativas y propuestas para mejorar la impartición de justicia. Siendo presidente de la Corte el hoy ministro en retiro Arturo Zaldívar, le planteó una reforma insuficiente e incompleta, pero que el mandatario hizo suya y prosperó en el Congreso de la Unión. No obstante, dejó insatisfechas a muchas personas que pensábamos se requería de mayor profundidad.

Una expresión que solía usar el presidente era "el Poder Judicial tiene que autorreformarse, autocorregirse. Confío en que así suceda". No había, por parte de él, en el primer tramo de Gobierno, intención de enviar reformas profundas al respecto. Además, como mencioné, la relación entre el Judicial y el Ejecutivo era aceptable.

Varias veces comenté, en mi trato frecuente con el presidente, la necesidad de presentar iniciativas para reformar ese Poder, pero él no compartía tal parecer. Con el cambio de la presidencia del Poder Judicial, una vez concluido el mandato del ministro Zaldívar y tras el nombramiento de la ministra Norma Lucía Piña, comienza a cambiar la relación entre Poderes y, escudándose en que se debía mantener autonomía e independencia, se empieza a tensar la relación. Los signos y actos jurisdiccionales emitidos por los tribunales comienzan a separarse y a distanciarse de lo que sería una relación institucional.

La opinión sobre temas emblemáticos de Estado y la invasión frecuente por parte del Poder Judicial a los trabajos o determinaciones del Ejecutivo y del Legislativo comenzaron a deteriorar la relación.

La falta de pericia, entendimiento racional e inteligencia política de quien representaba a la Corte provocó que la rispidez y la mala relación fueran una constante en los asuntos públicos que a los Poderes les quedaban atribuidos, de acuerdo con la Constitución y la ley. Siempre he creído que para encabezar y presidir órganos de justicia no solo se requiere ser buen juzgador o buena juzgadora, sino también actuar con sensibilidad, diplomacia y prudencia.

Los constantes desencuentros del Poder Judicial con el Ejecutivo federal, así como los frecuentes actos de invasión de aquel a esferas de competencia de los otros Poderes fueron, entre otras causas, detonantes para que el presidente López Obrador, el 5 de febrero de este año, en el aniversario de la promulgación de la Constitución, presentara un paquete de 20 iniciativas de reformas a la Constitución y a leyes reglamentarias, en el que se incluía la correspondiente al Poder Judicial, para la cual se modificaban 16 artículos de la Carta Magna y 11 transitorios. Esto representa un cambio radical al sistema de justicia mexicana.

La reforma al Poder Judicial fue recibida con esperanza por muchos sectores de la población que veían imposible el acceso a la justicia, intocable la impunidad y la justicia vendida al mejor postor, pero también, el día de la presentación y posteriormente, el Poder Judicial y sus afines expresaron inconformidad, protestas y hasta desdén por las reformas planteadas.

Incluso, algunos ministros de la Corte afirmaron públicamente —ante la mínima oportunidad para hacerlo— que la aprobación era imposible, dado que ya habían fracasado algunas reformas constitucionales planteadas por el mandatario, y que las presentadas en ese paquete seguirían la misma suerte, pues era una quimera que Morena y aliados consiguieran la mayoría calificada necesaria para poner a funcionar el órgano reformador de la Constitución, ya que ni en su mejor momento, en 2018, con el nombre del presidente López Obrador en la boleta, lo habían logrado.

Fue grande la sorpresa que el poder conservador y los sectores que simpatizaban con él, así como el sector del Poder Judicial federal, se llevaron el 2 de junio pasado, cuando se celebraron las elecciones de renovación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

Por eso ahora su reacción es natural: asisten a foros, muestran disponibilidad de diálogo, envían mensajes de conciliación y de reconsideración sobre su actuación y hasta ofrecen revertir acusaciones del pasado y renuncias anticipadas, para que no se lleve a cabo la reforma judicial.

Los diálogos que iniciaron son una buena noticia, pero las y los legisladores de la mayoría calificada sabemos que es un mandato popular expresado en las urnas, y que es vinculante con quienes ejercerán e integrarán el nuevo Poder Legislativo. Al promover estos foros, es patente la generosidad de la doctora Claudia Sheinbaum, y una muestra de su congruencia.

Faltan algunos meses para que dé inicio la nueva legislatura —el primero de septiembre—, y hay una expectativa enorme por ver la actuación de las legisladoras y los legisladores respecto a las reformas planteadas. Sin duda, será una discusión profunda, y la votación, histórica.

Pocas veces en la historia de México se le ha concedido a las y los legisladores el poder reformador de la Constitución, es decir, las dos terceras partes de quienes integran la Cámara de Diputados y la mayoría de las legislaturas locales. Lo que estamos viviendo son encuentros y diálogos inéditos.

He sido legislador durante 27 años y ni durante ese tiempo ni nunca en la historia de México habían acudido al Poder Legislativo la totalidad de las y los ministros de la Corte. Eso ya es una señal positiva.

Nuestra tarea es enorme y vamos a cumplirla con seriedad, responsabilidad y prudencia.