El reto de la General
En febrero del año 2019, junto con un colega de la revista Proceso, acudimos a la sierra del municipio de Xicoténcatl, donde durante la época obscura de seguridad cientos de personas fueron enterradas de forma clandestina por grupos delincuenciales, algunas o la gran mayoría cocinadas, para que sus restos nunca fueran encontrados.
Años después, con la modificación del sistema de justicia y con la disposición de autoridades federales, y más importante aún el trabajo de los familiares de las personas desaparecidas a través de colectivos, se pudo ingresar a estos terrenos para la búsqueda de restos humanos.
En esta zona es admirable ver el trabajo de padres, hermanos, hijos, esposos o esposas de personas que desaparecieron hurgando entre la tierra, haciendo criba de ésta para localizar huesos, la gran mayoría de un tamaño no más grande que el de un dedo, restos de cintos, aretes, implantes dentales.
Durante esta visita, hace ya casi cuatro años, entre el monte trabajaba Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración del Gobierno Federal, quien en compañía de autoridades federales constataban los avances en la identificación de los restos de personas víctimas de la delincuencia.
Debo decir que en aquella ocasión los trabajos se realizaron en su totalidad por autoridades federales, policías, personal de la Fiscalía General de la República y la Subsecretaria de Derechos Humanos.
Viene este tema a la mesa, por que Alejandro Encinas regresó una vez mas a Tamaulipas, pero esta vez entró por la puerta principal de Palacio de Gobierno acompañado del gobernador Américo Villarreal Anaya junto con funcionarios de primer nivel en temas como derechos humanos, migrantes, búsqueda de personas, protección de periodistas, entre otros.
En la reunión de colaboración se plantearon modificaciones a la ley, se ofreció presupuesto, además de trabajo para armonizar todo lo que en materia de derechos humanos ha implementado el Gobierno Federal, los cuales durante la era del panismo no se pudieron implementar por berrinches del mandatario en turno.
El panorama que Alejandro Encinas trajo representa un total reto para la Secretaría General de Gobierno de Tamaulipas, ente que tendrá que trabajar y enfocar su labores para que el respeto y la justicia social lleguen al estado.
Las acciones que se tendrán que implementar son revisar la vigencia e implementación de 17 leyes de protección, dar asesoría, capacitación y apoyo en programas e infraestructura de atención y seguimiento, mantener el intercambio de información y colaboración permanente.
En la dependencia que encabeza Héctor Villegas González se implementarán los trabajos, áreas encargadas de temas jurídicos y es aquí donde se verá el aterrizaje de los proyectos en derechos humanos que el presidente López Obrador ha implementado, pero esta vez a nivel local.
Para la reflexión sobre esta reunión quedan pendientes dos temas, el primero es dónde quedaron las entidades, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Fiscalía Especializada en la Localización de Personas; hubiera sido importante ver a sus titulares también ahí.
Otro punto de reflexión es que mucho de las acciones de inseguridad que se vivieron en el estado y que hoy es parte de la agenda en temas de derechos humanos, como la desaparición de personas, la identificación de restos, el acceso a la justicia, fueron una consecuencia de las medidas implementadas por el Gobierno Federal en la operación del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna.
Es interesante ver que este personaje está siendo juzgado en Estados Unidos por su presunta relación con líderes del narcotráfico en los tiempos en que él fungió como titular de Seguridad Pública del país, pero no se ha tocado el tema de las consecuencia de sus acciones. Las consecuencias en Tamaulipas son la desaparición de personas y su localización, temas por los cuales seguramente no será juzgado en Estados Unidos, sin embargo las víctimas ahí están y su dolor con ellas.
