¿Está el país en un proceso de militarización?

Tocará a la Corte resolver la controversia constitucional en que se impugna el acuerdo por el que se dispone de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y las acciones de inconstitucionalidad contra el Código Militar. En el fondo de este asunto está la reforma al artículo 21 constitucional, que señala que "la Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional" de la que el Presidente de la República podrá disponer hasta 2024 en tareas de seguridad pública.

Después de intensos debates en el Congreso, la Guardia Nacional quedó bajo la férula de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y el 11 de abril de 2020 se publicó el acuerdo en el que se ordena a la Fuerza Armada permanente participar de "manera complementaria" con la Guardia Nacional "en las funciones de seguridad pública a cargo de esta última".

Sin embargo, el presidente López Obrador planteó en junio pasado una reforma constitucional que presentará al Congreso en 2023, para que la Guardia Nacional pase de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional con el objetivo de garantizar su disciplina y operatividad, lo que mantendría a las Fuerzas Armadas en las calles, más allá del plazo de cinco años que originalmente se fijó en marzo de 2019.

Esta pretensión, sumada al cada vez mayor número de tareas civiles encomendadas por AMLO al Ejército y la Marina (la edificación y operación del AIFA, la construcción de dos tramos del Tren Maya y de dos mil 700 sucursales del Banco del Bienestar, el control de puertos y aduanas, y la distribución de vacunas y medicamentos, entre otras), atizó el debate a partir de la pregunta ¿el gobierno de la 4T militariza al país?

Los argumentos de quienes advierten la ruta hacia la militarización se sintetizan básicamente en: 1. La cada vez mayor participación del instituto armado en tareas civiles es inaceptable en tiempos de paz; 2. Que así ocurra dota a las Fuerzas Armadas de una mayor influencia y poder acumulado en decisiones de la Federación y los estados; 3. Que al aumentar sus tareas y con ellas el presupuesto asignado, el gobierno amarra su apoyo para que respalden la continuidad del proyecto de la 4T; y 4. Que la militarización contraviene tratados que México ha suscrito en el orden internacional.

El doctor Jorge Lumbreras Castro, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, recupera los argumentos de quienes no ven un proceso abierto de militarización del país: 1. La asignación de tareas a las Fuerzas Armadas proviene del poder civil, lo que contraviene el concepto de militarización que implica que el poder militar decide asumir por sí mismo tareas y funciones que impone al orden civil; 2. No hay registro hasta ahora de que la disciplina militar se haya impuesto a algún sector de la población civil; 3. El Ejército y la Fuerza Aérea suman 223 mil elementos de los que 163 mil 245 son operativos y 60 mil 443 son administrativos y 4. Los recursos fiscales destinados al instituto armado se han mantenido constantes durante los últimos 20 años, para 2022 hay un decremento relativo y el dinero destinado para obra pública a cargo de militares no es para las Fuerzas Armadas, sino para las empresas que construyen las obras.

La definición de militarización alude a la utilización de estrategias de control y uso de armamentos propios del ámbito militar en otros ámbitos y no solo se plasma en la presencia del Ejército, sino que también se constituye a partir de leyes que la justifican. La Corte dirá la última palabra. ¿Usted cómo la ve?