¿Estado justo o vengativo?

La semana pasada se conoció el caso de un mexicano que lleva 19 años en prisión preventiva sin haber sido sentenciado. La situación penosa de esta víctima extrema del aplastamiento judicial es demostrativa del pésimo funcionamiento de la justicia penal y quizá motivo de una resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Un caso como este cimbraría al aparato judicial de cualquier país. En México ilustra lo que ocurre con cerca de 40% de los reclusos, encerrados en cárceles sin recibir sentencia, sin responsabilidad demostrada y sin saber a veces ni quién ni por qué se les inculpa. No es exagerado que esta es la situación frecuente de los reos más pobres, sin recursos para pagar una defensa adecuada. Muchos han recibido la nefasta prisión preventiva por decisión administrativa, sin necesidad de un fallo judicial sustentado en pruebas y en procedimientos penales.

La prisión preventiva oficiosa es uno de los instrumentos favoritos del rencor y la ignorancia disfrazadas de acto de justicia. Va de la mano del escarnio contra quien decida castigar el poder político, pero no contra las bandas de criminales violentos.

Ante el abuso creciente de la prisión preventiva, el ministro de la SCJN Luis María Aguilar ha presentado la ponencia para definir la injusticia y la inconstitucionalidad de esa figura. Específicamente, propone que la Corte resuelva la inaplicación del párrafo segundo del artículo 19 constitucional reformado en abril de 2019 por iniciativa del gobierno actual, que anuló los lentos avances logrados en favor del respeto al principio de la presunción de inocencia que establece la Constitución.

Se propone también la inconstitucionalidad del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y del artículo 5° de la Ley de Seguridad Nacional, que llegan al extremo de equiparar la evasión fiscal con la pertenencia a la delincuencia organizada y permite la prisión preventiva, con igual o más severidad que contra el narcotráfico.

Muchos mexicanos estamos convencidos de que las reformas del 2019 van contra el artículo primero de la Constitución, que privilegia el respeto a los DDHH y contraviene convenios internacionales sobre la materia.

Según los defensores de la prisión preventiva oficiosa, tal como se aplica actualmente, sin ella habría más violencia supuestamente porque las personas sujetas a proceso "podrían fugarse". La experiencia demuestra que no es así, no se entiende cómo liberar a un inocente aumente la violencia.

De desecharse la propuesta del ministro habrá cárceles cada vez más llenas de inocentes, con más violaciones a los derechos fundamentales de las víctimas.

Un comunicado de la Secretaría de Gobernación sintetiza el llamado del gobierno para que la propuesta del ministro Aguilar sea rechazada. La SCJN se encuentra una vez más bajo las presiones y la soberbia de un gobierno que se entromete en las facultades del máximo órgano del poder judicial y ataca su independencia y autonomía constitucionales.

Como en el caso de la reforma eléctrica, asoma de nuevo el Estado autoritario, vengativo, movido por odios y resentimientos y dispuesto a someter a la Judicatura. En la conciencia de los pares del ministro ponente queda repetir o no, un episodio más de condenas internacionales y sanciones contra México, como sucede a raíz de la Ley Eléctrica. Puede haber un nuevo costo en descrédito, dinero y pérdida de la confianza en una nación con un sistema judicial digno de tiempos de la inquisición.

Estamos apenas a tiempo de oponernos a decisiones gubernamentales que traerán nuevas fases en la degradación progresiva de la vida pública, del respeto a los derechos humanos y del impulso a las actividades económicas que crean empleo productivo y generan valor, no nuevas cadenas de dádivas circunstanciales a cambio de votos.