La doble falla del Estado mexicano en el feminicidio de Rosaura

A Rosaura le falló el Estado, aunque sean, precisamente, representantes de las instituciones del Estado quienes lo nieguen y, con sus declaraciones para intentar defenderse, le hayan fallado de nuevo. Rosaura tenía 26 años y dos hijos menores que quedaron huérfanos. Fue asesinada el 5 de febrero de 2025 en su casa, junto con su madre, Rosa, y su hermano Ramiro. Todos acribillados con un arma blanca. En el ataque, que ocurrió en la localidad de Azoyatla, un enclave urbano de apenas 5.000 habitantes, cercano a la ciudad de Pachuca, también fueron heridos gravemente su padre Roberto y otro hermano del mismo nombre. Ese momento de violencia lo presenció uno de los infantes, de ocho años.

La localidad es parte de Mineral de la Reforma, Hidalgo —un municipio a unos 110 kilómetros de la Ciudad de México—. A pesar de ser tan pequeña, la comunidad de Azoyatla —un nombre de origen náhuatl que significa Agua del palmar— ya ha vivido otros crímenes de alto impacto.

Un día después del asesinato de Rosaura y su familia, en una convocatoria que las autoridades locales llamaron "Jornada por la Paz y Bienestar del Pueblo", una compañera de trabajo de Rosaura relató, con la voz entrecortada, cómo la víctima había sido llevada por la fuerza el 26 de enero por el presunto feminicida, con lo cual violaba, una vez más, la restricción que tenía para acercarse a ella. La amiga recriminó ante los funcionarios que reiteradamente el hombre la violentó, sin que sirvieran los mecanismos de alerta.

El presunto agresor es el expolicía Marco Antonio M.G., que trabajó para la corporación de Mineral de la Reforma. De acuerdo con la versión del secretario de Seguridad Pública estatal, Salvador Cruz Neri, el exagente intentó degollarse cuando se sintió "acorralado" en un filtro carretero donde fue detenido el mismo 5 de febrero tras un operativo.

A Rosaura le falló el Estado por la cadena de negligencias que terminaron en su feminicidio: Marco Antonio era un policía en activo cuando estuvo en prisión un mes acusado de violencia familiar y privación ilegal de la libertad en agravio de Rosaura. La jueza Janeth Montiel Mendoza, que acumula un historial de decisiones controversiales en casos en los que más víctimas han sido afectadas, fue quien suspendió el primer proceso en contra del agente el 15 de noviembre de 2024.

Cuatro días después de abandonar la cárcel, Marco Antonio renunció al ayuntamiento en el que laboraba a través de un escrito que ratificó de manera personal, pero lo hizo tras ser notificado de que sería sujeto de un proceso administrativo. Para él, la renuncia fue una salida conveniente; luego se empleó como guardia de una empresa de seguridad privada.

Rosaura se opuso a que lo dejaran libre porque consideró que estaría expuesta a un nuevo ataque. A Marco Antonio, que había sido su pareja, lo definió como violento y peligroso. Se ordenaron medidas cautelares por dieciocho meses, que también fallaron.

Un segundo proceso contra él por posible violencia familiar equiparada contra Rosaura inició tras otra agresión. La audiencia en la que se haría la imputación estaba programada para el 27 de enero —un día después de ser retenida a la fuerza una vez más—. Sin embargo, a petición de la defensa del expolicía, la audiencia se aplazó para el próximo 10 de marzo, fecha a la que Rosaura ya no llegará.

Lo que vino después no es poco: en su intención de protegerse, de responsabilizar a otros y afirmar que no incurrieron en ningún error, funcionarios públicos a cargo de instancias que incidieron en este caso mostraron su indolencia y falta de sensibilidad. Además, atribuyeron responsabilidad a Rosaura por lo sucedido y se colocaron a sí mismos como "agraviados" ante las críticas y el reclamo social que suscitó el caso.

Eduardo Medécigo Rubio, alcalde de Mineral de la Reforma, dijo que este y otros asesinatos violentos en su municipio, son "hechos aislados"; después, que "voces oscuras quisieran denostar el trabajo de la policía".

Al defender el actuar de la jueza Janeth Montiel, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Rebeca Aladro Echeverría, declaró que el primer proceso se suspendió sin que la víctima ni representantes de la procuraduría se opusieran, pero el fiscal interino Francisco Fernández Hasbun la contradijo. Las versiones se contraponen. Alguien miente.

Declaraciones en un tenor errático siguieron: "ya no alcanza que vayan y destruyan o que pintarrajen, eso ya es innecesario", dijo el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, en lo que él consideró que era un buen llamado a las mujeres para alzar la voz, además de pedirles que se sintieran protegidas. Más delicado fue que lamentó que Rosaura no se hubiera acercado a las llamadas "mesas de paz" para relatar su historia, porque entonces, quizás así, sí la habrían protegido.

Con esas palabras, que después secundó la diputada de Morena Tania Meza Escorza, hay una atribución de responsabilidad a la víctima, como si de Rosaura hubiese dependido cambiar su destino por un acercamiento con funcionarios públicos, de instituciones que estaban siendo omisas en su caso.

Hubo más declaraciones en el mismo sentido, espaldarazos y defensa entre políticos, pero quiero recuperar la del gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, quien aseguró que a Rosaura no le falló el Estado, sino el hombre que la mató: "El Estado es un ente que nos engloba a todos". El hecho de que una persona violente y agrega a otra "es una decisión que tomó", y eso "no es responsabilidad del Estado", sino de quien "comete estos actos antisociales".

La intención de todos los que han hablado es sencilla: esgrimir en su defensa que sus manos no están llenas de sangre, que Marco Antonio fue quien mató a Rosaura, y nadie más. No es un perfil cualquiera, se trata de un hombre a quien un municipio le entregó la concesión del uso de la fuerza, la placa, el arma y el adiestramiento para usar, precisamente, la fuerza.

El simbolismo de la sangre tampoco es menor, lo usan para mostrar, por su dimensión atroz, lo que es quitar una vida, y para separarse así de un asesino que acribilla sin mirar el dolor que inflige a una sociedad herida por la violencia.

No fue la mano de ningún representante de los poderes la que apuñaló, pero todas las omisiones en las que incurrieron, la negligencia para procurar la vida de una víctima de violencia que temía una nueva agresión, hace a las instituciones del Estado corresponsables del feminicidio de Rosaura y de los asesinatos de su madre y de su hermano.

El expolicía la había golpeado, incomunicado, retenido a la fuerza y amenazado de muerte. Nadie pensó que la violencia es ascendente. Él se dijo impune. Mantuvo el uniforme y presuntamente usó las patrullas del municipio para perseguir, atemorizar y amedrentar a Rosaura. Pero de eso no hay evidencia, replicó el alcalde. Pero eso, pero aquello, pero no somos nosotros, pero fue él...

El último clavo a la indolencia lo atizó con una publicación en su cuenta de Facebook el presidente municipal Eduardo Medécigo Rubio: "Un gato que sueña en convertirse en león, debe perder el interés por las ratas. ¡Sigamos adelante!", y en los comentarios la convalidación de políticos de su misma filiación partidista y trabajadores del ayuntamiento morenista; en los likes, el respaldo, como el de la senadora Simey Olvera del mismo partido.

El alcalde se puso en el centro del mundo, colocando ahí su "dolor", que es más bien su vanidad herida por no ser capaz de ver más allá de sí mismo ni entender a quienes en verdad sufren. Así, él y los demás titulares de instancias implicadas le volvieron a fallar a Rosaura.