La piratería y el contrabando matan personas, mercados, oportunidades
Este lunes 6 de octubre el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) y el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) llevamos a cabo un foro en el marco del 7º Día Nacional sobre combate al Contrabando y los Delitos en Materia de Derechos de Autor.
Los testimonios y análisis de dicho foro apuntan a una grave conclusión: la piratería, el contrabando y los delitos que atentan contra los derechos de autor, matan personas, mercados y oportunidades de desarrollo para todos los mexicanos.
Según estimaciones oficiales que el titular del IMPI, el Dr. Santiago Nieto y los varios presidentes de las diferentes cámaras empresariales que participaron compartieron, entre el 20 y el 60% de los productos que se comercian en México son de origen ilegal.
Estos bienes a veces ingresan por contrabando a nuestro país; en ocasiones son productos robados; otros se fabricaron en territorio nacional sin los permisos, registros o estándares establecidos en norma; otros son apócrifos en partes o en su totalidad e incluso, hay casos donde los bienes que ya fueron asegurados, regresan ilegalmente al mercado.
Si bien existen 19 mercados notorios a lo largo del país (como Tepito en la Ciudad de México, el Mercado San Juan de Dios en Guadalajara o la Pulga del Río en Monterrey, por citar a algunos) donde se comercian estos bienes de consumo, la realidad es que éstos se venden en las calles, mercados y centros comerciales de todo el país.
Para el imaginario colectivo, dichos delitos parecen no tener víctima, para la mayoría de personas comprar un producto pirata, robado o contrabandeado no genera daño alguno.
Sin embargo, la realidad es que todos los delitos que atentan contra los derechos de propiedad producen daños enormes a la salud de las personas, al medio ambiente, al comercio lícito que paga impuestos (necesarios para mantener la operación del Estado), al bienestar de las comunidades, a la gobernanza y a la innovación.
En sectores como el agropecuario, el de agroindustria, el de agua potable, el de bebidas, el de tabaco, el de productos farmacéuticos o el de cosméticos, la piratería y el contrabando pueden tener graves consecuencias para la salud de los consumidores.
Agua embotellada que se vende como potable y no lo es; ganado contrabandeado con gusano barrenador; cigarros elaborados con materiales cancerígenos; bebidas alcohólicas adulteradas; maquillajes que llegan a quemar la piel; medicinas que -en el mejor de los casos- no hacen nada o que incluso pueden afectar gravemente la salud de las personas, son un claro ejemplo del daño físico que ocasionan los productos pirata.
Fertilizantes o plaguicidas que desertifican y/o envenenan; semillas pirata que afectan la producción; aceites para vehículos que contaminan excesivamente, son ejemplos de los graves daños al medio ambiente que puede ocasionar el uso de productos apócrifos o de contrabando.
El daño que dichos productos ocasionan a los mercados, a la innovación y al bienestar de las comunidades, es evidente. Según informes oficiales, 5 de cada 8 prendas, 1 de cada 5 cigarros, 1 de cada 4 videojuegos y 2 de cada 5 plaguicidas que se venden en nuestro país son piratas o ingresaron ilegalmente a México.
Eso se traduce en millones de personas que han perdido su trabajo y centenares de miles de millones de impuestos que el Erario no ha podido cobrar para beneficio de los ciudadanos.
Además, todo ello enriquece a la delincuencia organizada, permite el crecimiento de delitos como la extorsión, la trata de personas o el lavado de dinero; fortalece las redes de corrupción y, por ende, vulnera la gobernanza del país.
Entre los acuerdos derivados del foro, destaca el compromiso en desarrollar una agenda de trabajo entre autoridades, cámaras empresariales y sociedad civil con el fin de combatir el conjunto de delitos que atentan contra los derechos de autor, proteger a las víctimas y prevenir los efectos negativos de este fenómeno.
Si bien dichos fenómenos delictivos ocurren en todo el mundo, en nuestro país han alcanzado niveles críticos, posicionando a México como uno de los países donde el problema es más grave.
Por ello la importancia de la alianza entre IMPI, CONCAMIN y ONC, una agenda de trabajo que incluye la prevención, la protección de los denunciantes, el aumento de los aseguramientos, el combate a la corrupción y el impulso de una Cultura de la Legalidad.
