México: un Estado cazador de migrantes

Las autoridades judiciales mexicanas, siempre a la búsqueda de chivos expiatorios convenientes, han vinculado a proceso al venezolano Jeison Daniel Catarí Rivas, acusado por algunos testigos de ser el iniciador del fuego que, al salirse de control, ocasionó la muerte de 40 personas en un centro de detenciones del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, el pasado 27 de marzo.

También fueron vinculados al caso los guardias privados que, por contrato con el Gobierno, se encargaban de la vigilancia de las instalaciones, y que como todo mundo pudo ver, gracias a las cámaras de seguridad, encerraron con candado a los migrantes que habían prendido unos colchones como protesta contra su arresto, y procedieron a largarse. Ningún funcionario del INM ha sido procesado hasta ahora. Tampoco se han producido renuncias en la jerarquía institucional. El estado mexicano no ha asumido responsabilidad alguna en el tema, a pesar de las quejas de diversos países centro y sudamericanos. Según el discurso oficial, fueron los guardias (subcontratados) y los propios migrantes los causantes únicos de la desgracia. El lavado de manos ha sido completo.

Solo que nada de esto hubiera sucedido si no existiera en México, desde hace años, y de manera recrudecida en la actualidad, una voluntad institucional muy clara de criminalizar la migración. Jeison Daniel Catarí Rivas, junto con decenas de extranjeros más, fue detenido en un operativo del INM y la policía municipal de Ciudad Juárez, como parte de la campaña de persecución que el Gobierno mexicano ha desatado sobre los cientos de miles de indocumentados que cruzan el país en camino a los Estados Unidos. Como si esa multitud humana no hubiera pasado ya por suficientes privaciones, violencias y tragedias desde los países que los expulsaron y a lo largo de todo el camino, México se ha convertido en un Estado cazador de migrantes y en el más efectivo "muro" para evitar que pasen a EU, según preconizaron las políticas trumpistas que no han dejado de ser acatadas.

Catarí había recorrido más de cinco mil kilómetros y, al borde mismo de la frontera final de su viaje, fue arrestado junto con otros compatriotas suyos. Porque los tratados internacionales que México firmó y que lo obligan a dar asistencia, apoyo y un trato digno a los migrantes son un puro papel. La realpolitik es muy distinta y ella indica que la cooperación mexicana con el proyecto de blindar EE UU de la migración ilegal es absoluta.

El tema le importa tan poco al Gobierno que, a las pocas horas de la tragedia, se produjo el extraño espectáculo de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, declarara que, pese a que la ley lo obliga a supervisar el INM, "se había decidido en una junta" que la coordinación la llevaría, en realidad, el canciller Marcelo Ebrard (ambos, por cierto, son destacados precandidatos del oficialismo a la Presidencia).

Sin embargo, este caso no se trata solamente de quién incendió un colchón en una protesta ni quién puso un candado antes de correr. Se trata de que el Gobierno mexicano, pisoteando sus compromisos internacionales, apresa, retiene y maltrata cotidianamente a miles y miles de migrantes, hacinándolos en instalaciones irregulares en las que resulta muy complicado esperar que no se produzcan aún más desgracias. Se trata de que México es un país esquizofrénico, que ha visto a millones de sus ciudadanos cruzar sin papeles a Estados Unidos, pero que a la vez se siente con derecho de usar la "mano dura" contra los indocumentados. Resulta imposible asociar la palabra "humanismo" al modo en que México trata a los migrantes. Aunque el presidente la repita cada mañana en su eterna comparecencia de medios.