Paquete Económico 2026: objetivos ambiciosos difíciles de cumplir
La semana pasada el Gobierno de México presentó ante el Congreso de la Unión el Paquete Económico 2026. Este paquete contiene los documentos relevantes en materia de ingresos, gastos y deuda pública que propone implementar el Gobierno federal el próximo año. El paquete también incluye un documento que define los Criterios Generales de Política Económica. En él, se describen y explican los supuestos y el contexto macroeconómico en el que operarán estas políticas, así como los escenarios y pronósticos de variables que prevé el gobierno.
En general, se puede decir que el Paquete Económico fue bien recibido por los mercados. No generó ninguna reacción negativa de parte de analistas y se consideró como un paquete razonable y responsable. La oposición, naturalmente, lo ha criticado como irresponsable y ha dicho que nos llevará a la ruina y a la quiebra del país. Este estridentismo no sorprende, pero no tiene solidez analítica alguna. Veamos algunas de las cifras y políticas que se plantean en el Paquete para comprender mejor sus implicaciones.
De entrada, el Paquete pretende mandar un mensaje de fuerte compromiso con la disciplina fiscal. Según las cifras presentadas, se buscará que la deuda pública en su sentido más amplio (conocida como el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público) se mantenga constante como porcentaje del PIB por el resto del sexenio en 52.3%. Este compromiso no es menor e implicaría un cambio drástico con respecto a lo que ocurrió en Administraciones anteriores.
Cabe recordar que la deuda creció entre 7 y 8 puntos porcentuales del PIB en cada una de las tres Administraciones previas: con Felipe Calderón pasó de 28.2% a 35.6%, con Peña Nieto pasó de 35.6% a 43.6%, y con López Obrador pasó de 43.6% a 51.3%. La propuesta de la presidenta Sheinbaum es la de solo incrementar en un punto porcentual del PIB la deuda pública durante su gestión, lo cual ocurriría hacia finales de este año. De ahí en adelante se promete mantener la deuda pública estable.
Para lograr lo anterior, el Gobierno mexicano ofrece continuar con la consolidación fiscal, aunque a un ritmo mucho menor de lo que había prometido hacerlo el año pasado. Ahora, los requerimientos financieros del sector público (una medida amplia del déficit público) se prevé que sean de 4.3% en 2025, 4.1% en 2026, 3.5% en 2027% y 3% de ahí en adelante. Esto contrasta con la rapidez del ajuste ofrecido hace un año que planteaba un déficit de 3.9% en 2025, 3.2% en 2026 y 2.9% de 2027 en adelante. Así, se propone una reducción importante del déficit de 5.9% que dejó López Obrador en su último año de Gobierno, pero a un menor ritmo, lo cual lo hace, en algún sentido, más creíble que antes y, por otro lado, menos costoso en términos de crecimiento económico.
A pesar de esto, queda la duda de si las cifras y metas prometidas se cumplirán. La verdad, se ve difícil que se cumpla el escenario previsto considerando las trayectorias que se han observado los últimos años en materia de ingresos y egresos del Gobierno. Por un lado, los ingresos presupuestarios han tendido a mantenerse muy estables como porcentaje del PIB. Si bien los ingresos tributarios han aumentado en forma continua durante los últimos años, esto apenas ha servido para compensar la caída de los ingresos petroleros. En su conjunto, el total de los ingresos presupuestarios se ha mantenido bastante estable alrededor de 22% del PIB.
