Prohibicionismo y militarismo... mejor imaginemos la paz
En lo que va del siglo XXI, la clase política mexicana ha hecho una sola apuesta para enfrentar los problemas de violencias que vivimos en nuestro país: el uso de la fuerza.
Sorprendentemente, los diversos gobiernos del PAN, PRI y Morena, que tienen ideologías políticas distintas, han coincidido en la misma fórmula: prohibición, punitivismo y militarización.
Esa fórmula ha sido la base de los discursos políticos imperantes que han permitido justificar que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad pública, alcanzando hoy por medio de la llamada Guardia Nacional más de 80 mil militares en las calles y dimensiones nunca antes vistas de poder político y económico que han asegurado por el momento hasta 2028.
Sin embargo, los niveles de impunidad en las últimas décadas dan cuenta clara de que no importa cuánto se gaste en seguridad, ni cuantas nuevas facultades adquieran las Fuerzas Armadas, la constante es que más del 90% de las víctimas no verán a sus perpetradores en la cárcel [1] y, más aún, que la violencia homicida con todo y la presencia militar actual supera la cifra inaceptable de 35 mil muertes al año. [2]
Con este panorama, ¿cómo podemos imaginar la paz?
Una de las exigencias más claras es la desmilitarización. Ello puede sonar absurdo si no logramos cambiar la lógica política y social con la que se legitima dicha estrategia: prohibición de drogas, punitivismo y militarización.
Tenemos el ejemplo de Colombia que recientemente, en el Informe Final de la Comisión de la Verdad titulado "Hay futuro si hay verdad" [3], ha propuesto reconocer el fracaso mundial de la prohibición, ya que no logra reducir ni la demanda, ni el suministro de drogas ilegales.
"En Colombia, los impactos han sido devastadores no solo por el número de víctimas del narcotráfico y la violencia de las organizaciones ilegales, sino por los efectos y daños que han generado las políticas que los gobiernos han decidido priorizar para hacerle frente"
En México, vivimos un contexto muy similar y bien haríamos también en reconocer socialmente este fracaso que ha perpetuado la violencia causando profundos daños en el país. Eso cruza por asumir lo evidente: el crimen organizado ha logrado formar parte de la economía, la política y la cultura.
Ante ello, las alternativas de construcción de paz deben estar basadas en un cambio de enfoque, un nuevo pacto social que demande: la regulación de las drogas, la reducción de riesgos para las personas que deciden consumir, la reparación del daño a las víctimas del narcotráfico y la prevención social de las violencias.
Eso pasa por procesos políticos muy complejos, desde contrarrestar intereses, diversificar el poder y presupuesto que tiene el ejército actualmente hasta gestionar los impactos del narcotráfico en los diversos territorios del país, pasando por la construcción de acuerdos y mecanismos para desmovilizar y desarmar al crimen organizado.
Y aún más urgente, para conseguir paz hay que decirnos la verdad porque para abrazarnos, como propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, hay que confiar. Escuchar a las víctimas de esta guerra y tratarlas con dignidad, hacernos cargo socialmente de sus hijas e hijos, particularmente de quienes han quedado huérfanos. Atender el trauma colectivo de poblaciones y territorios que han vivido violencia extrema y que, ante la crueldad cotidiana, hemos aprendido a ignorar.
No podemos esperar hasta 2028 para volver a cuestionarnos, ¿por qué seguimos en guerra? Es nuestra responsabilidad social imaginar la paz y exigirla políticamente.
Por supuesto, cada quién tendrá sus propias ideas sobre las posibles rutas, pero poner esas ideas en el centro del debate público es fundamental para trazarnos un horizonte utópico y empezar a avanzar.
