¿Regreso a los pactos de impunidad de Ayotzinapa?

El presidente López Obrador aseguró que se está rompiendo con el pacto de impunidad y silencio por el caso Ayotzinapa, sin embargo, el informe que presentó ayer el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes parece indicar que se está en un grave riesgo de volver a esos pactos de impunidad. El informe Ayotzinapa IV del GIEI, presentado ayer al público revela 3 elementos importantes: 1) la falta de colaboración y transparencia de la Sedena sobre su involucramiento e información en el caso; 2) la injerencia indebida que está teniendo la FGR en la investigación de la Fiscalía especializada; 3) y la falta de certeza y verificación de los pantallazos contenidos en el informe de la Comisión para la Verdad de Ayotzinapa (COVAJ).  

El papel del ejército y su opacidad. Del informe presentado ayer por el GIEI se corrobora que elementos del ejército tenían un contacto directo con Guerreros Unidos, además de que monitoreaban e intervenían las comunicaciones de algunos de los integrantes de este grupo criminal y de autoridades de distintas órdenes de gobierno involucradas en la desaparición. Por otro lado, se reveló que tenían a personal infiltrado monitoreando las actividades de los estudiantes mucho tiempo antes de la desaparición, por lo que contaban con información en tiempo real. Sin embargo, no colaboraron con la localización de los estudiantes, ni han querido proporcionar más información al grupo de expertos o a la fiscalía especializada. Además, a pesar de contar con la evidencia para sostener su participación en labores de intervención ilegal de comunicaciones, la Sedena niega que existiera la unidad encargada de hacer estos ejercicios de inteligencia.  

La interferencia de la FGR. Otra de las preocupaciones del grupo interdisciplinario tiene que ver con la interferencia indebida en el trabajo de la UEILICA por parte del personal de la Fiscalía General de la República (personal que no tenía conocimiento del caso ni era parte de esta unidad de investigación). Estas injerencias indebidas han tenido como resultado que el proceso en contra del exprocurador Murillo Karam esté en riesgo de llegar a una condena; que elementos de la fiscalía ajenos al caso pidieran el retiro de 21 órdenes de aprehensión en contra de elementos del ejército; que la UEILICA se viera despojada de policías de investigación; así como de la intimidación y consecuente renuncia de varios fiscales adscritos a esta fiscalía. Como mencionaron los expertos independientes en la rueda de prensa que sostuvieron ayer, el que se quite al fiscal especializado del caso puede suponer el retraso de la investigación entre 3 y 5 años.  

La falta de certeza del informe de la Covaj. Otra de las revelaciones preocupantes que se dieron a conocer ayer tiene que ver con el rol que la Comisión para la Verdad de Ayotzinapa está tomando y la falta de certeza de los pantallazos de comunicaciones que se dieron a conocer en su informe presentado el 18 de agosto, sin el análisis ni la validación previa del GIEI ni de los familiares de los estudiantes. Este informe que ha causado tanto revuelo en los últimos días, por haber sido filtrado sin testar, ahora se pone nuevamente en duda, debido a los señalamientos del grupo de expertos sobre que no se conoce la verificación a la cual dichos pantallazos fueron sometidos, tampoco se entiende por qué esta información se presentó a los familiares sin que hubiera un diálogo de por medio y una verificación exhaustiva para evitar exponerlos a información ambigua y poco certera.  

Estamos en un momento clave no sólo para el caso Ayotzinapa sino para la justicia en México. Si algo revela la investigación de este caso, y que mencionaron con claridad los expertos del GIEI, es el funcionamiento de la macrocriminalidad en México y su poder de cooptación de distintas autoridades de todos los órdenes de gobierno: ejército, marina, policía federal, estatal, municipal, alcaldes y fiscales. Se había logrado avanzar mucho en la investigación del caso de la desaparición de los normalistas en dos años, las órdenes de aprehensión giradas eran un primer gran paso por dar justicia y verdad al caso. Sin embargo, con las recientes decisiones tomadas desde la FGR, la Covaj y el ejército, parece ser que se quiere volver a esos pactos de impunidad y de silencio para proteger a autoridades y responsables. (Analista)

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