Se van: reacción a la imposición
Con la renuncia de la ministra Norma Piña se cerró el círculo de ocho ministros de la Corte que decidieron renunciar a sus cargos.
Para algunos representa un acto para reforzar la crisis judicial y generar la inestabilidad que ya de por sí vive la Constitución. Para otros, es un acto de incongruencia porque declinan a participar en la elección prevista en la reforma judicial.
Es cierto que la ley les permite renunciar antes del cierre de la convocatoria, que surte efecto en el mes de noviembre, para que no pierdan sus beneficios de retiro, y que es ahí donde más señalamientos han recaído en los juzgadores.
Pero aunque así fuera, la misma ley se los permite; ahora bien, es evidente que se llevarían una bolsa superior a los 200 mil pesos mensuales que, aunado a los seguros de vida, gastos médicos mayores, tres asistentes pagados por la Corte, pues la suma llega a poco más de 500 mil pesos.
Quienes han hecho pública sus cartas de renuncias y su abstención para participar en el proceso de elección es la presidenta Norma Lucía Piña Hernández, Luis María Aguilar Morales (quien concluye su periodo como ministro este 30 de noviembre), Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Ana Margarita Ríos Farjat.
Todos ellos, se entiende, se verían beneficiados con sus retiros y ni se irían hasta el mes de agosto del 2025, a unos días de la elección de los Ministros, Jueces y Magistrados.
El tema es complejo y en cada puerta que uno se pare va encontrando una serie de controversias, polémicas, abusos y desgarriates por todo lo que se está haciendo con la reforma judicial.
Pero si hoy se observa la crítica a los ministros por querer llevarse su lana, pues habría que recordar que el ministro en retiro, Arturo Zaldívar, está ganando actualmente 199 mil pesos mensuales y la ministra Olga Sánchgez Cordero 205 mil, aunado a sus pagos adicionales a los que tienen derecho.
Hay un ángulo adicional a lo que hoy se está observando y después de la declaración del senador Gerardo Fernández Noroña de que no es posible que no les acepten sus renuncias.
Pues bien, ayer mismo la Magistrada Adriana Ortega, aseguró que las renuncias de los ministros no están sujetas a la aprobación del Senado de la República.
Explicó que las renuncias de los ministros están reguladas en el artículo séptimo transitorio de la reforma judicial y no se sujetan a las mismas reglas que cuando lo hacen por causa grave.
"Estas renuncias no están sujetas a aprobación del Senado, la renuncia con base en este artículo aclaratorio les indica a los ministros cómo, cuándo y dónde deben renunciar; no establece ninguna condición para que el Senado aprueba esta renuncia, tan es así, que el propio Senado está haciendo como sugerencias de modificar este transitorio; entonces, no hay esa disposición".
Ayer mismo, el magistrado José Rogelio Alanís agregó que, según la reforma judicial, este 30 de octubre vencía el plazo límite para que los ministros declinen a participar en la elección judicial y renuncien a sus cargos con la posibilidad de recibir la parte proporcional que les corresponde de su haber de retiro.
Recalcó que la condición del haber de retiro fue una propuesta del Poder Legislativo.
Ésta parece estarla ganado los ocho ministros, pero el hecho de que se haya trasladado toda la discusión de todos los temas de la reforma judicial, al ámbito político, no se permite pasar por alto el hecho el de que los mismos tomaron esta decisión de común acuerdo para dar un golpe de reacción a los actos arbitrarios que, visto desde el Poder Judicial, está haciendo el Ejecutivo y el Legislativo.
La renuncia de los ministros ha sido demoledora para el sistema, porque ha abonado a una crisis constitucional que sale de la nación y que va pintando al país con una izquierda radical y no moderada.
Gira de acuerdos
El gobernador Américo Villarreal ha realizado una serie de encuentros clave con altos funcionarios federales para construir una serie de acuerdos para el desarrollo de Tamaulipas, de sus ciudadanos, en particular de los que menos tienen.
Desde su reunión con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, en la que acordaron fortalecer la oferta educativa y extender el apoyo del programa ´La Escuela es Nuestra´ a las comunidades que más lo necesitan, hasta el diálogo con el director general de Banobras para asegurar líneas de crédito destinadas a infraestructura y movilidad, el gobernador deja claro que su visión es construir un Tamaulipas competitivo y próspero.
Y donde quedó más claro su compromiso con los que menos tienen fue en su encuentro con la titular de la Secretaría de Bienestar Social, Ariadna Montiel, con quien trabajó para que en 2025 todos los programas sociales lleguen a las familias tamaulipecas más vulnerables.
Estos acuerdos reflejan no sólo un liderazgo decidido, sino una visión de futuro que se alinea con el Gobierno federal para transformar la vida de los tamaulipecos.
Esta agenda de trabajo es más que un listado de encuentros, es una estrategia de desarrollo integral que fortalecerá el estado en sectores clave, como educación, infraestructura y bienestar social, sentando las bases para un Tamaulipas que mira hacia el futuro con optimismo y unidad.
