Seguridad de candidatas y candidatos

Este año se llevarán a cabo las elecciones más grandes de nuestra historia; se elegirán un total de 20,367 cargos, de los cuales, 629 

corresponden al ámbito federal, dentro de los que destaca la elección de la que será la Presidencia de la República, a la que se presentan dos precandidatas y un precandidato, hecho por demás trascendental para la vida de quienes habitamos en México y, sobre todo, de las mujeres. Los 19,738 restantes obedecen a representantes y autoridades locales de todas las entidades federativas y a las personas titulares de los poderes ejecutivos de nueve entidades federativas.

Las candidatas y los candidatos, federales y locales, enfrentarán un proceso electoral complejo y de vicisitudes, las cuales se han presentado desde el inicio de sus aspiraciones por un cargo de elección popular para este 2024 y muy probablemente se seguirán mostrando al final de este proceso.

Hemos atestiguado, a través de lo que nos muestran los diversos medios de comunicación, episodios lamentables que han causado mucho daño a nuestro país. De manera particular, me refiero a las amenazas, atentados, asesinatos y demás agresiones en contra de quienes aspiran a dichos cargos públicos.

Lo anterior es alarmante y exige que todas las autoridades relacionadas en materia de seguridad dispongan de lo necesario para prevenir, combatir y sancionar esos actos criminales. Esta es una responsabilidad de Estado que formalmente es atribución de los tres órdenes de gobierno. Es decir, no sólo es de la presidencia de la República, sino también de la gubernatura y de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, así como de las 2,469 presidencias municipales.

Todas las instituciones y autoridades involucradas estamos obligadas a garantizar el adecuado tránsito de las elecciones. De manera particular en el INE vamos a cumplir con lo que nos corresponde por mandato constitucional y legal. Pero es necesario que las demás instituciones y autoridades cumplan con su particular obligación.

De manera puntual, en lo que corresponde a la seguridad de las candidatas y candidatos, hemos establecido un Esquema de Seguridad para quienes contiendan en este proceso electoral 2024. Este fue resultado de la Mesa de Seguridad Interinstitucional en la que intervienen todas las autoridades federales relacionadas con la materia de seguridad. Se ha diseñado un protocolo de actuación para atender de manera inmediata las solicitudes de seguridad, mismas que se realizarán a través del INE, que se aplicará para las candidaturas a la presidencia como lo establece la ley, se extenderá por segunda ocasión a las candidaturas a diputaciones y, por primera ocasión, a las senadurías.

Estamos trabajando duramente para perfeccionar este esquema y su protocolo de actuación, además como institución encargada de organizar las elecciones, estamos aportando la información necesaria para que las autoridades competentes en materia de seguridad, puedan tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad de las y los candidatos, así como las y los funcionarios electorales en todo el país así como de las y los ciudadanos que integren las Mesas Directivas de Casilla.

Si bien no es atribución del INE realizar acciones de seguridad, y sí de los gobiernos federal, estatales y municipales y son ellos, a través de sus instituciones de seguridad, quienes tendrán que realizar los análisis de riesgos, estrategias de prevención y combate, nosotros, las Consejeras y Consejeros del INE, estamos comprometidos para que de manera interinstitucional y coordinada logremos tener saldo favorable.

Aunado a ello, es fundamental que los partidos políticos tengan claro a quienes presentaran como candidatos o candidatas a los diversos cargos de elección popular; son ellos los que, en primerísimo lugar, tienen que garantizar estas personas postuladas no estén vinculados con el crimen organizado; a toda costa evitar el financiamiento ilegal, por ningún motivo recibir recursos de procedencia ilícita e inmediatamente hacer las denuncias respectivas ante las autoridades competentes.

Finalmente, reiterar sobre la atención que deben tener los partidos políticos en quienes son las personas que buscan cargos de elección popular; evitar desde la selección de los candidatos o candidatas a quienes estén relacionados con el crimen organizado, no sólo para evitar procesos electorales violentos, también para cerrarle la puerta de los cargos públicos a criminales. (Consejera electoral del INE).