Violencia electoral, metástasis nacional

Hace mucho, desde antes de que el INE diera el banderazo de salida al actual ciclo electoral, el crimen ya había perforado lo más íntimo del tejido social.

Según el último informe del think tank Laboratorio Electoral (actualizado al 2 de abril), en lo que va del calendario electoral 2023-2024, han sido asesinados 28 aspirantes, precandidatos o candidatos formales a alguno de los 19.634 puestos a elección popular que se votarán el próximo 2 de junio. Esta cifra ya rebasó los números del ciclo electoral de 2018 cuando, según la misma fuente, se cometieron 24 asesinatos a candidatos o precandidatos. Estaríamos, además, a punto de rebasar los 30 homicidios del ciclo electoral 2020-2021, el más violento hasta ahora.

Los homicidios durante el periodo de campañas son solo la parte visible de la violencia electoral. El fenómeno, sin embargo, se forja y manifiesta antes y después de que el ciudadano tache la boleta. Distingo cinco momentos.

El primero yace distante en el tiempo. Meses antes de que siquiera se formalicen las candidaturas, los grupos criminales participan en la postulación de aspirantes. Se alimentan esperanzas con propaganda pagada y se elimina —a veces por las buenas, a veces por las malas— a posibles rivales. He ahí una primera zona de silencio a la que es imposible adentrarse.

El segundo momento abarca los tiempos formales de precampaña y campaña, los meses perfectos para la renegociación de cargos y nuevos equilibrios. Abundan las amenazas a la vida de los aspirantes y de sus familiares. Se adquieren compromisos, se prometen cargos, se reescriben las reglas. Los homicidios son solo la parte más extrema de la violencia electoral, pero no la única.

El tamaño del fenómeno es desconocido incluso para las cúpulas partidistas. ¿Sabía la dirigencia de Morena en Guerrero de las amenazas que recibía su candidato en Chilapa antes de que lo asesinaran hace tres semanas? ¿Son conscientes los liderazgos de los principales partidos políticos en Ciudad de México que, en Maravatío, Michoacán, en menos de un año han sido ejecutados tres aspirantes a la misma alcaldía? ¿Cuántas amenazas a aspirantes a una sindicatura o regiduría no llegan ni siquiera a la última plana de los periódicos locales? La cifra negra es inconmensurable. Son historias demasiado pequeñas para aparecer en la nota roja. Cada una, sin embargo, es una mancha al proyecto democrático iniciado tantas décadas atrás.

Un tercer momento de la violencia electoral se concentra en el periodo de veda. Son los días anteriores a la elección, las horas en que se amontonan las denuncias de secuestro de operadores electorales y funcionarios de casilla. Son desapariciones que duran a veces solo un par de horas y a veces toda una vida. En el ajetreo de los porcentajes y de las risas nerviosas de los candidatos, nadie se acuerda de aquellas silenciosas víctimas.

El cuarto momento acontece en la jornada de la elección. En 2021 se suspendió la votación en 75 casillas por riesgo de violencia. En partes de Michoacán, Estado de México y Chiapas fue común ver a gente armada afuera de los módulos electorales. En Tijuana, un hombre lanzó una cabeza humana a una mesa de votación. En Mexicali, un comando armado disparó a las oficinas locales de Morena. En varias casillas de Oaxaca y Chiapas, grupos armados quemaron boletas electorales.

Por último, está el periodo poselectoral. La violencia no termina cuando concluye el escrutinio final de los votos. Finaliza una etapa, pero comienza otra: la del ajusticiamiento de los alcaldes, síndicos o regidores que no cumplieron las expectativas de la nueva gobernanza criminal. Solo en los últimos cuatro sexenios, han sido asesinados 92 alcaldes en el país, la mayoría de estos, tras apenas unos meses en su puesto.

Se equivocan, pues, quienes han centrado las críticas en el mal funcionamiento de la estrategia de protección a candidatos que coordina el Gobierno federal. En el caso de Gisela Gaytán, como en el resto, el problema no es si la Mesa de Paz funcionaba o si el Mapa de Riesgos está completo.

Ojalá fuera ese el problema. O tan sólo ése.

El tema es que, hace mucho, desde antes de que el INE diera el banderazo de salida al ciclo electoral 2023-2024, el crimen había perforado lo más intimido del tejido social. El cáncer ya había hecho metástasis.

En su libro Lo que Está mal en el Mundo, G.K. Chesterton escribió que cuando arde Roma no se necesita un bombero, sino un ingeniero hidráulico. México hoy no necesita pequeños extintores para apagar el incendio que consume lo más profundo de su democracia; necesita reinventarse de nuevo. (Carlos A. Pérez Ricart es profesor-investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).