Cartilla de pobre

En días recientes, la Secretaría de Desarrollo Social anunció la entrega de 9.5 millones de cartillas sociales. Estas cartillas serán distribuidas a través de los programas Prospera, Liconsa, Estancias Infantiles, Programa de Adultos Mayores y Comedores Comunitarios. La cartilla, según la propia Secretaría, es un “documento informativo y personalizado que muestra a los beneficiarios los apoyos monetarios y en especie que reciben de los programas de atención de los gobiernos federal y estatal”.

Según la Secretaría, “se trata de un ejercicio de transparencia y un espacio de diálogo con cada beneficiario acerca de los apoyos sociales que reciben del gobierno de la República para acompañar su esfuerzo por mejorar su nivel de vida”. El secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, consideró que “es un buen ejercicio que pusiéramos en una cartilla qué apoyos son los que estamos entregando y con qué periodicidad para que pudiéramos revisar juntos con cada beneficiario que la información es la correcta, que el apoyo en verdad se estuviera entregando y llegando en los montos y en los plazos, y que esos apoyos en verdad les estuvieran ayudando”.

No deja de llamar la atención este aparente ejercicio de transparencia de parte de la Sedesol en estos precisos momentos. Es curioso porque, por un lado, la Sedesol hasta ahora ha sido incapaz de producir un Padrón Único de Beneficiarios a pesar de que lo ha prometido en reiteradas ocasiones y de que múltiples instancias de evaluación lo han recomendado precisamente por motivos de transparencia y rendición de cuentas. Si la descripción de la cartilla es correcta, esto querría decir que la Sedesol tendría la información y las condiciones técnicas para producir dicho padrón y de hacerlo público, lo cual, desafortunadamente, no ha ocurrido hasta ahora. También llama la atención por qué en Sedesol decidieron darle a conocer esa información de manera directa a los beneficiarios y pedirles que confirmen la veracidad de la misma. Quién tiene la responsabilidad de la veracidad de la información son las propias autoridades y no la ciudadanía.

Por otro lado, este acto parece estar directamente vinculado con el tema de la medición del ingreso y de la pobreza que generó hace poco un conflicto público entre dos instituciones como el Inegi y el Coneval. No parece ser casual que la entrega de estas cartillas sociales esté ocurriendo a unos cuantos días de que inicie el levantamiento de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016. Así, una vez más, parecemos estar frente a un nuevo intento por inducir una respuesta de parte de la población. Como de alguna manera ya lo anticipó la subsecretaria Vanessa Rubio en una entrevista periodística, “el apoyo, si lo monetizas, forma parte de tu ingreso. Prospera, el programa de Adultos Mayores, implican transferencias que son parte de tu ingreso y que ayuda a identificar cómo está realmente el ingreso de esa familia”.

Así, el verdadero objetivo de la cartilla social no parece ser el de una mayor transparencia, sino el hacerle saber a los participantes cuántos recursos reciben a través de los programas sociales ya sea para reiterarles el otorgamiento de un apoyo pecuniario o en especie de parte del gobierno federal o bien para inducir una respuesta sobre su nivel de ingresos en una encuesta En el primer caso, el objetivo sería más bien de carácter político y parecería aludir al tradicional uso político de los programas sociales que pretenden ser reconocidos y retribuidos mediante un eventual apoyo electoral. En el segundo caso, el objetivo parecería tener que ver con la inducción de respuestas más favorables en materia de ingresos, lo cual podría ayudar a abatir las mediciones de la magnitud de la pobreza en el futuro.

Este uso de la información de las personas que reciben recursos de los programas sociales no ocurriría si tuviésemos un enfoque de derechos sociales. Bajo esta óptica, los individuos que reciben recursos de programas del gobierno federal se considerarían como titulares de derechos y no como beneficiarios y, por lo tanto, no estarían siendo sujetos a un intento de uso político o clientelar. Al final de cuentas, lo que están haciendo las autoridades es entregar cartillas de pobreza y restregarle a la población la entrega de un apoyo económico o en especie. No basta con que sean pobres, también pretenden hacerlos sentir miserables.