El socavón y la confesión de SCT

El martes pasado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) emitió un comunicado en el que informó a la población de una posible solución a la zona afectada por el socavón del Paso Exprés de Cuernavaca. El comunicado dice o implica varias cosas importantes (https://www.gob.mx/sct/prensa/la-sct-construira-un-nuevo-puente-en-la-zona-afectada-del-paso-expres-de-cuernavaca): 1) “La SCT construirá un nuevo puente en la zona afectada del Paso Exprés de Cuernavaca. Con esta obra se permitirá el paso del afluente hidráulico de la zona”. 2) “Su construcción también garantizará la seguridad de pobladores y usuarios, así como el buen funcionamiento de este tramo”. 3) “Su costo será sufragado por las empresas constructoras”.

El punto 1) implica que no se tratará de reparar el socavón, sino que ahora se plantea la construcción de un puente que pasaría por encima de la zona afectada. También se señala que esto permitirá el afluente hidráulico de la zona. Esto es importante porque implica reconocer que la solución original no lo hacía. En vez del puente que ahora se plantea, el diseño original consistió en rellenar una zona irregular (una barranca) por la que, en efecto, había un afluente natural del agua de lluvia. Haber optado por el relleno implicó dos cosas: poner un obstáculo al afluente natural e imponer una carga inusual sobre la tubería que corría de un lado al otro de la autopista. Esta presión pudo haber contribuido a la ruptura del drenaje que aparentemente fue lo que provocó el socavón. De hecho, en la nueva propuesta se plantea retirar el relleno original. Así es, el comunicado de la SCT viene acompañado por un plano en el que claramente se puede leer “Relleno existente que se retira”. Aquí la pregunta obvia es si el puente no debió de haber sido la solución original. Un socavón y dos muertes después, es claro que la solución del relleno por la que se optó originalmente era insatisfactoria y riesgosa, aunque seguramente era la opción más barata. El punto 2) implica reconocer que la solución original no garantizaba ni la seguridad de la población ni el correcto funcionamiento de este tramo. Este punto representa, nuevamente, una crítica implícita a la solución original. Finalmente, el punto 3) parece reconocer la responsabilidad directa de las empresas constructoras. Si no fuera así, ¿por qué serían ellas quienes pagarían por la construcción del nuevo puente?

Como puede verse, este comunicado es lo más cercano que podremos encontrar a una confesión de responsabilidad sobre el socavón que provocó la muerte de dos personas. La responsabilidad recae, evidentemente, en las empresas constructoras, que fueron las responsables directas del diseño y construcción de la obra original. Sin embargo, también son corresponsables las autoridades de la SCT que aceptaron y avalaron ambos procesos. Las primeras cargarán con los costos económicos de la solución alternativa planteada. Sin embargo, ¿quién se hará cargo del resto de los costos asociados al socavón (incluyendo, por supuesto, los políticos)?

Este reconocimiento de la doble responsabilidad de las empresas y de la SCT nos lleva directamente a otras cuestiones: ¿No deberían ser sancionadas de una manera más fuerte las empresas responsables? ¿No debería haber una sanción a los funcionarios responsables de la SCT? ¿No debería llevar esto a la revisión de otros contratos y de otras obras que han construido o construirán estas empresas y que han sido avalados por los mismo funcionarios de la SCT? Esto es crucial porque se supo recientemente que las dos empresas responsables del Paso Exprés también han obtenido contratos multimillonarios para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Por un lado, Aldesa será la encargada de construir la nueva torre de control, mientras que Epccor será la responsable de la cimentación del centro de transporte terrestre. La primera recibió un contrato por mil 242 millones de pesos y la segunda por mil 399 millones de pesos. ¿Pueden estas empresas seguir recibiendo contratos de parte del gobierno federal a pesar de haber incurrido en errores que ya costaron vidas humanas? ¿No deberían ser sancionadas de alguna forma que vaya más allá de sólo pagar los costos económicos de sus errores? ¿Cuán confiables son las decisiones de los funcionarios de SCT que avalaron estos otros proyectos? Es crucial responder a estas preguntas antes de que ocurra otra tragedia. 

(*) (Economista/El Universal)