Fiscalizarán la Auditoría: Convierte a ASE en juez y parte

Fiscalizarán las cuentas públicas de la Auditoría Superior del Estado.

EL MAÑANA/Staff.- El Congreso de Tamaulipas podría contratar a una empresa privada para fiscalizar las cuentas públicas de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

PROPUESTA

A propuesta de la diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica, se agregó la fracción onceava al artículo 84 de Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas, al no existir un organismo que vigile cómo se utiliza el recurso que dispone la ASE.

Actualmente, la ASE se revisa, a sí misma, la administración del presupuesto público “Lo que lo convierte en juez y parte de este procedimiento”.

• La diputada, de extracción morenista y presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, señaló que al no haber quién los fiscalice “No es sano para la transparencia y rendición de cuentas, puesto que sería imposible que el propio ente se realice observaciones, en caso de encontrarse situaciones irregulares en el ejercicio de su propio gasto”.

En el 2022 se le asignaron 102 millones 388 mil 586 pesos a la Auditoría Superior del Estado (ASE), pero se desconoce si se realizó a sí misma observaciones, recomendaciones o se abrieron procedimientos por malos manejos del presupuesto público.

Para este 2023, el presupuesto para el organismo fiscalizador incrementó a 106 millones 657 mil 305 pesos. Se prevé que las últimas cuentas públicas puedan ser auditadas.

Se propuso que las irregularidades que sean detectadas durante el proceso de fiscalización se harán de conocimiento de la Contraloría del Congreso para que se apliquen las sanciones y se turne a la Fiscalía cuando corresponda.

El Congreso podrá disponer de su propio personal para enviarlo a la ASE y solicitar la información para el proceso de fiscalización o contratar servicios de auditoría externos.

“Con la finalidad de verificar que los recursos públicos, que por cualquier concepto hubieren recaudado, manejado, administrado o ejercido, éstos se hayan realizado conforme a los programas y montos autorizados, con estricto apego a las disposiciones jurídicas aplicables, así como para verificar el cumplimiento de los objetivos de la fiscalización a que alude la Constitución Política local”.