Enfrenta mexicano varios cargos ligados a drogas
El sentenciado fue expulsado por primera vez en 2018 y regresó ilegalmente en otras dos ocasiones
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas participó en las indagatorias del caso.
EDINBURG, Texas.- Un ciudadano mexicano de 31 años con antecedentes penales por delitos graves ha sido sentenciado por ingresar ilegalmente al país sin autorización, anunció el fiscal federal Nicholas J. Ganjei.
Luis Alfonso Murillo-Soriano se declaró culpable el 8 de marzo de 2024.
El juez federal de distrito Keith P. Ellison ha ordenado a Murillo-Soriano cumplir 130 meses en una prisión federal. Al no ser ciudadano estadounidense, se espera que enfrente nuevamente un proceso de deportación tras su encarcelamiento. En la audiencia, el tribunal escuchó pruebas de que Murillo-Soriano presuntamente agredió sexualmente a otro recluso y ayudó a introducir contrabando en la prisión mientras se encontraba bajo custodia. Al dictar la sentencia, el tribunal destacó la gravedad de las tres condenas por drogas de Murillo-Soriano y expresó su preocupación por la comisión de otro delito grave tras reingresar ilegalmente a Estados Unidos.
Murillo-Soriano tiene múltiples condenas por delitos graves relacionados con drogas, incluyendo heroína, cocaína y metanfetamina, además de conducir en estado de ebriedad. Fue expulsado por primera vez en 2018 y regresó ilegalmente en otras dos ocasiones.
Las autoridades lo descubrieron tras su detención en diciembre de 2019 por su participación en la distribución de cuatro kilogramos de heroína. Murillo Soriano había sido deportado a finales de octubre de 2019. Además, regresó ilegalmente a Estados Unidos mientras se encontraba en libertad supervisada por un cargo grave previo de tráfico de drogas.
Permanecerá bajo custodia a la espera de su traslado a una instalación de la Oficina Federal de Prisiones que se determinará en el futuro cercano.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) - Operaciones de Deportación y Deportación llevó a cabo la investigación junto con el Departamento de Seguridad Pública de Texas. La fiscal federal adjunta Christine Lu está a cargo del caso.