Sentencian a residente por explotación sexual infantil
Un hombre de 71 años, residente de El Paso, fue condenado a 20 años de prisión en un tribunal federal tras declararse culpable de transportar imágenes de explotación sexual infantil
Un residente de El Paso, fue condenado a 20 años de prisión en un tribunal federal tras declararse culpable de transportar imágenes de explotación sexual infantil.
EL PASO, Texas.- Un hombre de 71 años, residente de El Paso, fue condenado a 20 años de prisión en un tribunal federal tras declararse culpable de transportar imágenes de explotación sexual infantil a través de la frontera entre Estados Unidos y México, informaron las autoridades.
Según documentos judiciales, Enrique Ruvalcaba-Méndez fue enviado a inspección secundaria el 10 de enero en el cruce fronterizo Puente de las Américas, conocido como "Libre". Durante la revisión, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) hallaron en su teléfono varios videos y fotografías en los que aparecía manteniendo relaciones sexuales con menores de edad.
La investigación reveló que Ruvalcaba viajaba a Ciudad Juárez, donde pagaba para tener sexo con menores y grababa los encuentros, guardando los videos en su dispositivo. Las autoridades indicaron que al menos tres niñas fueron víctimas de abuso.
El acusado se declaró culpable el 3 de julio y fue sentenciado el 24 de septiembre por el juez federal David Briones.
"La sentencia refleja el compromiso de nuestra oficina de perseguir a quienes explotan a niños vulnerables, sin importar dónde cometan sus crímenes", afirmó Justin R. Simmons, fiscal federal para el Distrito Oeste de Texas.
La investigación fue realizada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a través de su división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la CBP y la oficina adjunta de HSI en Ciudad Juárez. El caso fue procesado por el fiscal asistente Shane Romero.
El proceso se enmarca dentro de Project Safe Childhood, una iniciativa del Departamento de Justicia lanzada en 2006 para combatir la explotación sexual infantil. El programa reúne recursos federales, estatales y locales con el objetivo de identificar, detener y enjuiciar a los responsables, además de rescatar a las víctimas.