Ataques a embarcaciones no confirman si llevaban drogas
El Congreso interviene ante la ausencia de pruebas contundentes del gobierno sobre las embarcaciones y el tráfico de drogas.
El gobierno del presidente Donald Trump sigue sin proporcionar al Congreso evidencias que demuestren que las presuntas embarcaciones utilizadas para el contrabando de drogas que fueron atacadas por el ejército de Estados Unidos en realidad transportaban narcóticos, indicaron dos funcionarios federales al tanto del asunto el miércoles.
A medida que la frustración bipartidista en torno a los ataques va en aumento, el Senado llevó a votación el miércoles una resolución de poderes de guerra que requeriría que el presidente reciba la autorización del Congreso antes de realizar nuevos ataques militares contra los cárteles.
El ejército ha llevado a cabo al menos cuatro ataques contra embarcaciones que, según la Casa Blanca, transportaban drogas, incluidos tres que afirmó que partieron desde Venezuela. Los ataques han cobrado la vida de 21 personas, según informes.
Los funcionarios, quienes hablaron bajo condición de anonimato al no estar autorizados a tocar el tema públicamente, comentaron que el gobierno únicamente se ha referido a los videos desclasificados de los ataques que Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, han publicado en redes sociales y aún no ha presentado “pruebas contundentes” de que las embarcaciones transportaban drogas.
La Casa Blanca no ha explicado por qué ha destruido embarcaciones en algunos de los casos, mientras que en otros se ha apegado a los procedimientos habituales de detener barcos y confiscar drogas, resaltó uno de los funcionarios.
En un memorando retroactivo justificando uno de los ataques el mes pasado, el gobierno declaró a los cárteles del narcotráfico como “combatientes ilegales” y dijo que Estados Unidos se encuentra actualmente en un “conflicto armado” contra ellos.
La declaración ha planteado serias preguntas sobre cómo es que Trump pretende usar sus poderes de guerra. También ha sido percibida por varios senadores como un intento por establecer un nuevo marco legal para llevar a cabo acciones letales y ha planteado dudas sobre el papel del Congreso en autorizar cualquier acción de este tipo.
El gobierno presenta videos como prueba
Al ser cuestionado sobre la falta de pruebas subyacentes proporcionadas al Congreso, el Pentágono mencionó el miércoles los videos de los ataques, los cuales no confirman la presencia de drogas.
El Pentágono también destacó las declaraciones públicas de Hegseth, incluida una publicación en redes sociales tras el último ataque, en la que dijo: “Nuestra inteligencia, sin lugar a dudas, confirmó que esta embarcación estaba traficando narcóticos, las personas a bordo eran narcoterroristas y estaban operando en una conocida ruta de narcotráfico”.
Los legisladores han expresado su frustración con el hecho de que el gobierno ha ofrecido pocos detalles sobre cómo llegó a la decisión de que Estados Unidos está en conflicto armado con los cárteles o incluso detallando qué organizaciones criminales considera como “combatientes ilegales”.
El senador Angus King, independiente por Maine, dijo el miércoles que a él y a otros miembros de la Comisión de Servicios Armados del Senado se les negó el acceso esta semana a una opinión legal del Pentágono sobre si los ataques a los barcos se apegaban a las leyes de Estados Unidos.
Sus comentarios se produjeron durante una audiencia de confirmación para Joshua Simmons —un asesor legal del secretario de Estado Marco Rubio— para ser el próximo abogado general de la CIA. Durante la audiencia, Simmons se negó a decir si había participado en alguna deliberación sobre los ataques a los cárteles en el Caribe, diciendo que cualquier consejo legal que le haya dado a Rubio o a cualquier otro funcionario federal habría sido confidencial.
Durante una audiencia en el Senado el martes, la secretaria de Justicia Pam Bondi fue presionada sobre qué le ha aconsejado a Trump para poder justificar legalmente los ataques. Ella respondió: “No voy a discutir ningún consejo legal que mi departamento pueda o no haber dado o emitido bajo la instrucción del presidente”.