Profunda división partidista por despliegue de la guardia

Una batalla partidista se está desarrollando en un tribunal de Washington que podría decidir el destino de la intervención federal en la capital de la nación ordenada por el presidente Donald Trump.

Decenas de estados han tomado partido en una demanda contra el despliegue indefinido de la Guardia Nacional en Washington, D.C., con el apoyo alineado según líneas partidistas. Esto muestra cómo la operación de las fuerzas del orden en la capital de la nación sigue siendo un punto de conflicto en la campaña del presidente republicano para enviar al ejército a ciudades de todo el país y subraya las divisiones cada vez más profundas sobre la medida.

La demanda, presentada el 4 de septiembre por el fiscal general de Washington, D.C., Brian Schwalb, se opone al uso de la Guardia Nacional en la ciudad predominantemente demócrata, como parte de una orden de emergencia emitida por Trump para frenar lo que el presidente llamó un crimen "fuera de control". Aunque la orden ha expirado, cientos de efectivos aún están en la ciudad, que busca una orden judicial preliminar para detener el despliegue.

Con acciones legales iniciadas contra los despliegues en Portland, Oregon, y Chicago, el caso será observado de cerca, aunque el estatus de Washington como distrito federal lo hace un caso atípico. Los argumentos orales están programados para comenzar el 24 de octubre.

El apoyo de los estados está dividido según líneas partidistas

Veintitrés estados se han alineado con la postura de la administración Trump de que el presidente tiene la autoridad para traer a la Guardia Nacional, mientras que 22 estados apoyan la posición de Washington. Los 23 estados que apoyan a la administración tienen fiscales generales republicanos, mientras que los otros 22 tienen demócratas.

Para los estados que se unieron a la demanda, especialmente aquellos que enfrentan sus propias intervenciones, apoyar a Washington fue una forma de mostrar solidaridad contra lo que dijeron era un exceso presidencial.

"Es antiestadounidense usar el ejército en cualquiera de nuestras ciudades, salvo circunstancias verdaderamente extraordinarias, y una amenaza contra una ciudad es una amenaza para todos nosotros", declaró Dan Rayfield, fiscal general de Oregon, un demócrata que apoya a Washington.

Los estados que apoyan a Washington indicaron en su presentación que el despliegue de unidades de la Guardia Nacional sin el consentimiento de la ciudad es ilegal, inconstitucional y antidemocrático.

"Establece un precedente escalofriante que amenaza los derechos constitucionales de los estadounidenses en todas partes", señalaron. "Al desplegar ilegalmente tropas de la Guardia Nacional y al amenazar con desplegar la Guardia en cada estado a su antojo, el presidente ha atacado la soberanía estatal, ha perjudicado a las jurisdicciones locales y nos ha hecho menos seguros".

Aquellos que se alinean con la administración dicen que Trump está en lo correcto con su despliegue de la Guardia Nacional en el Distrito de Columbia.