Piden al congreso que apruebe reformas a las leyes de inmigración: Defienden alcaldes políticas ´santuario´ ante el Congreso

De izquierda a derecha, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, en Nueva York; el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, en Chicago; el alcalde de Denver, Mike Johnston, en Denver, y la alcaldesa de Boston, Michelle Wu, en Boston.

Legisladores republicanos arremetieron el miércoles contra cuatro alcaldes demócratas de algunas de las principales ciudades del país por sus llamadas políticas de santuario, acusándolos de poner en peligro a los estadounidenses y amenazando con procesar legalmente a funcionarios locales. Los alcaldes respondieron defendiendo a sus comunidades, a las que calificaron de lugares acogedores y no zonas peligrosas fuera de la ley, además de que hicieron un llamado al Congreso para que apruebe reformas a las leyes de inmigración.

Los comentarios fueron emitidos en una audiencia a menudo acalorada ante la Comisión para la Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes, donde los republicanos acusaron a los alcaldes de poner en peligro a sus ciudades y socavar los intentos de Trump para efectuar deportaciones masivas.

Los republicanos han destacado repetidamente un puñado de crímenes brutales cometidos por inmigrantes que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos. El representante James Comer abrió las audiencias diciendo que esas políticas "sólo crean un santuario para criminales".

Unas seis horas más tarde puso fin a las audiencias.

"Créanlo o no, este es el mejor comportamiento que esta comisión ha mostrado durante todo este Congreso", apuntó.

Pero los alcaldes demócratas —Michelle Wu de Boston, Brandon Johnson de Chicago, Mike Johnston de Denver y Eric Adams de Nueva York— aseguraron que sus medidas eran legales, incluso mientras parecían evitar cuidadosamente el uso del término "santuario".

Los republicanos, dijeron, intentaban hacer ver que sus ciudades estaban invadidas por inmigrantes delincuentes, incluso mientras los delitos estaban disminuyendo. Los alcaldes indicaron que una clave para la seguridad es crear ciudades donde los residentes no tengan inconveniente en reportar crímenes y trabajar con la policía.

"Sabemos que hay mitos sobre estas leyes. Pero no debemos permitir que las tergiversaciones y el alarmismo oscurezcan la realidad de que las tasas de criminalidad en Chicago están en descenso", le dijo Johnson a la comisión en una sala de audiencias llena de reporteros y espectadores. "Todavía tenemos un largo camino por recorrer, pero exagerar la tragedia en nombre de la conveniencia política no es gobernar. Es afán de protagonismo".

No hay una definición jurídica para las políticas de las ciudades santuario, pero generalmente limitan la cooperación de las fuerzas policiales locales con los funcionarios de inmigración federales. Los tribunales han respaldado repetidas veces la legalidad de las leyes de santuario.

La inmigración ilegal fue parte central de la campaña presidencial de Trump, y ha tocado el tema reiteradamente desde que llegó a la Casa Blanca, incluido en su discurso del martes ante el Congreso, donde prometió "completar la mayor operación de deportación en la historia estadounidense".

Los republicanos han respaldado en buena medida la postura de Trump.

Los republicanos también plantearon repetidamente la posibilidad de que funcionarios en ciudades santuario pudieran enfrentar cargos por violar la ley federal. La representante Anna Paulina Luna indicó que referiría a los alcaldes al Departamento de Justicia para que sean investigados.

"Sus políticas están perjudicando al pueblo estadounidense", les dijo.

Expertos jurídicos dicen que, si bien teóricamente se podrían presentar cargos, es muy poco probable que deriven en declaraciones de culpabilidad.

A los alcaldes se les preguntó en varias ocasiones sobre cuándo cooperarán con las agencias federales de inmigración, su respuesta más común fue que lo harían con una orden penal. Eso puede ser relevante, ya que la legalidad de las leyes de santuario a menudo depende de la distinción entre dos tipos de mandatos judiciales.

Las políticas de santuario generalmente requieren que las fuerzas policiales locales cumplan las órdenes penales de arresto, que son firmadas por jueces y permiten a los agentes entrar por la fuerza en hogares y realizar arrestos vinculados con presuntos delitos.

Sin embargo, es más frecuente que los agentes de inmigración traigan órdenes administrativas, que son emitidas por el ICE y no siempre son reconocidas por las jurisdicciones locales. Dichas órdenes pueden usarse para detener a alguien por infringir la ley de inmigración, pero no permiten a los agentes ingresar en hogares sin permiso.