Urge aplicar lenguas indígenas en servicios
En el país se han reconocido 68 de estos dialectos, sin embargo poco se ha hecho para integrarlos a rubros como salud, educación, justicia y servicios públicos
Brandon Lara Montesinos señaló que las lenguas deben estar presentes en la estructura del Estado.
México reconoce oficialmente 68 agrupaciones lingüísticas y 364 variantes indígenas, consideradas patrimonio cultural vivo de la nación. En esta frontera, donde convergen procesos de migración interna, el tema adquiere relevancia local. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI), en el municipio reside población hablante de lenguas indígenas como náhuatl, totonaco y huasteco, principalmente de familias originarias de Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí que han migrado a la frontera por razones laborales.
En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, esa política pública fue eje de un foro nacional realizado en el Complejo Cultural Los Pinos en CDMX, donde participó el subdirector del Instituto Nacional de los Pueblos Indigenas (INPI), el reynosense Brandon Lara Montesinos.
El encuentro, organizado por el Instituto Nacional de Lenguas Indigenas (INALI), reunió a autoridades federales y representantes comunitarios para analizar cómo trasladar las lenguas originarias del reconocimiento jurídico a su aplicación efectiva en educación, salud, justicia y servicios públicos.
Sobre su participación en el foro, Lara Montesinos sostuvo que el desafío central es convertir el reconocimiento legal en políticas públicas medibles y sostenidas. "La institucionalización no puede quedarse en el plano declarativo. Implica asignación presupuestal específica, formación intercultural para servidores públicos y mecanismos de evaluación que permitan saber si realmente estamos garantizando el acceso a derechos en lengua materna, ya sea en una escuela, en un hospital o en una agencia del Ministerio Público", expresó.
Añadió que la protección de las lenguas indígenas no es únicamente un asunto cultural, sino un tema de derechos humanos y de acceso efectivo a servicios del Estado. "Cuando una persona no puede comunicarse en su lengua en espacios oficiales, se vulnera su derecho a la información, a la justicia y a la salud. Por eso hablamos de institucionalización: de que las lenguas estén presentes en la estructura misma del Estado", puntualizó.
En el acto estuvo presente junto al director general del INPI, Adelfo Regino Montes, con quien coincidió en que el tránsito de las lenguas indígenas del ámbito comunitario a la esfera institucional representa un paso clave para garantizar plenamente los derechos lingüísticos.