Reynosa, santuario del huachicol: 7.4 millones de litros y una refinería clandestina en el feudo de Maki Ortiz y Carlos Peña

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-En apenas cuatro meses, el gobierno federal aseguró en Reynosa 7 millones 422 mil 900 litros de hidrocarburo, siete tanques verticales con capacidad conjunta para 100 mil barriles, redes de tuberías para procesar fluidos, decenas de autotanques y tractocamiones, motobombas, generadores eléctricos, cámaras de videovigilancia y equipo de cómputo.

El inventario oficial no describe una ordeña ocasional ni un episodio aislado de extracción clandestina: describe una industria con capacidad para recibir, almacenar, movilizar y procesar combustible a escala fabril.

Esa industria ilegal floreció en un municipio que desde hace una década gobierna el mismo grupo político: el que encabezan la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, presidenta municipal de Reynosa entre 2016 y 2021, y su hijo, Carlos Peña Ortiz, alcalde desde octubre de ese año y hoy reelecto. Ambos construyeron su carrera al amparo del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, prófugo de la justicia mexicana por cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Pese a los cuatro aseguramientos federales realizados en 2026, ni el Ayuntamiento ni sus principales figuras políticas han asumido responsabilidad pública sobre los hallazgos.

CUATRO OPERATIVOS, UNA MISMA GEOGRAFÍA 

Entre el 29 de marzo y el 22 de julio de 2026, el Gabinete de Seguridad reportó cuatro intervenciones en Reynosa. En todas aparecieron los mismos elementos: tractocamiones, tanques móviles, motobombas y predios rurales conectados con vías estratégicas para el transporte de carga.

A partir de una denuncia anónima, el 29 de marzo el gobierno federal informó el aseguramiento de 2 millones 189 mil litros de combustible, además de 49 frac tanks, 18 autotanques, seis tractocamiones, una caja seca, un autotanque artesanal, una motobomba, 14 tanques metálicos, un montacargas, un tanque cilíndrico de plástico blanco y un cubitanque.

El 10 de junio, la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó dos órdenes de cateo en inmuebles ubicados sobre caminos de terracería cercanos a la carretera Reynosa-Monterrey, en una zona que semanas después volvería a convertirse en escenario de uno de los mayores aseguramientos de hidrocarburos registrados en el país.

En el primer inmueble fueron localizados cerca de 1.2 millones de litros de hidrocarburo, 24 pipas, 18 frac tanks, ocho tractocamiones, seis motobombas, cuatro cámaras de vigilancia, dos cargadores para arma de fuego y 12 cartuchos. Ahí fueron detenidas dos personas.

En el segundo predio, los agentes federales aseguraron alrededor de 155 mil litros de hidrocarburo, ocho frac tanks, dos semirremolques, un tractocamión, siete motobombas con sus respectivas mangueras y aproximadamente 190 mil litros de alcohol.

El 21 de julio, elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la FGR y Seguridad Física de Pemex catearon un predio al sur de la ciudad, sobre la Brecha El Becerro. Ahí aseguraron 3 millones 769 mil 500 litros de hidrocarburo.

Las autoridades castrenses pusieron a disposición de la FGR el combustible y una estructura de tuberías presuntamente utilizada para el procesamiento de fluidos, líquidos e hidrocarburos, además de un vehículo, seis tractocamiones, siete pipas y 11 frac tanks. También fueron asegurados siete tanques de almacenamiento —tres con capacidad de 20 mil barriles y cuatro de 10 mil—, una caja seca, un remolque tipo plataforma, ocho motobombas, 21 cubitanques, tres generadores eléctricos y seis equipos de cómputo.

UNA PRESUNTA REFINERÍA CLANDESTINA 

Las investigaciones posteriores establecieron que el inmueble de la Brecha El Becerro tenía una superficie aproximada de 41 mil 851 metros cuadrados. Diversos reportes señalan que tres de los tanques verticales podían almacenar hasta 20 mil barriles cada uno y otros cuatro hasta 10 mil, aunque esas capacidades no fueron detalladas en el primer comunicado oficial.

La presencia de tuberías, tanques verticales, motobombas y sistemas autónomos de generación eléctrica llevó a diversos reportes periodísticos a identificar el lugar como una presunta refinería clandestina.

Mientras los operativos de marzo y junio revelaron centros logísticos con grandes volúmenes de combustible, decenas de contenedores y unidades de transporte, los hallazgos de julio mostraron elementos propios de una instalación industrial fija: tanques verticales de gran capacidad, redes de tuberías, generadores eléctricos, motobombas, sistemas de videovigilancia y amplias áreas de maniobra.

La ubicación geográfica de Reynosa explica en buena medida su importancia dentro de la logística del huachicol. El municipio concentra algunos de los cruces fronterizos de mayor movimiento comercial entre México y Estados Unidos, forma parte de uno de los principales corredores carreteros del noreste y mantiene conexión directa con Monterrey, Matamoros, Nuevo Laredo y el resto de la frontera tamaulipeca. A ello se suman parques industriales, amplias zonas rurales aptas para el almacenamiento de mercancías y una intensa circulación diaria de tractocamiones.

LO QUE LE TOCA AL AYUNTAMIENTO

 

La investigación de los delitos relacionados con hidrocarburos corresponde a la Federación. Pero la instalación física de una obra industrial está sujeta también a procedimientos administrativos de competencia municipal.

En Reynosa, el uso de cada predio se determina conforme al Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, instrumento que establece la zonificación y los usos permitidos. Con base en ese marco, la autoridad local tramita y, en su caso, expide las licencias de uso de suelo y de construcción.

La Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Tamaulipas establece, en su artículo 199, que los proyectos de construcción nueva o de modificación de edificaciones deben ser revisados por la autoridad municipal para verificar el cumplimiento de las normas estatales y los reglamentos locales.

El Reglamento de Construcciones de Reynosa dispone que las licencias de uso de suelo precisan las condiciones urbanísticas establecidas por el Programa Municipal, incluidos los requerimientos viales, hidráulicos, ambientales y de estacionamientos.

El propio Ayuntamiento establece que la licencia de construcción industrial y comercial es el documento indispensable para construir, ampliar, modificar, instalar, demoler o desmantelar una obra. Para obtenerla, la autoridad municipal exige, entre otros requisitos, certificado de uso de suelo, licencia ambiental, fotografías del predio, documentación que acredite la propiedad, estudios viales o hidrológicos cuando procedan y el recibo actualizado del organismo operador del agua.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Reynosa cuenta además con facultades para emitir dictámenes técnicos sobre licencias de construcción, edificación y uso de suelo, así como para aplicar medidas de seguridad y sanciones previstas en la normatividad urbana.

Entre 2016 y 2026 —el periodo en que Maki Ortiz y Carlos Peña Ortiz ocuparon la presidencia municipal— esas atribuciones en materia de uso de suelo, construcción, desarrollo urbano, protección civil, catastro y funcionamiento de inmuebles permanecieron en manos de las dependencias del Ayuntamiento.

MADRE E HIJO, UNA DÉCADA EN EL PODER

Maki Esther Ortiz Domínguez encabezó el Ayuntamiento de Reynosa entre octubre de 2016 y septiembre de 2021. Desde octubre de ese año la presidencia municipal está a cargo de su hijo, Carlos Peña Ortiz. Hoy ella ocupa un escaño en el Senado y él continúa al frente del gobierno municipal.

Durante casi veinte años, Ortiz fue una de las figuras más cercanas a García Cabeza de Vaca dentro del PAN tamaulipeco. Ambos construyeron su liderazgo desde Reynosa y compartieron el proyecto que consolidó al panismo en la frontera norte.

Antes fue diputada federal y subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud, donde se convirtió en una de las figuras de la corriente panista vinculada al matrimonio Calderón-Zavala. En Tamaulipas compartió fórmula al Senado con Cabeza de Vaca: ambos llegaron a la Cámara Alta bajo las siglas del PAN y en 2016 volvieron a coincidir en la misma elección estatal, cuando él ganó la gubernatura y ella la presidencia municipal de Reynosa.

Desde el Ayuntamiento, Maki Ortiz construyó una estructura territorial apoyada en el Cabildo, el Sistema DIF, las áreas administrativas, la obra pública y los programas sociales, con la que gobernó dos períodos consecutivos.

La disputa por la sucesión estatal y el control político del municipio fracturó su alianza con Cabeza de Vaca. Para 2021 la relación se había transformado en un enfrentamiento abierto que culminó con la salida de Ortiz del PAN, durante la sucesión municipal en la que respaldó la candidatura de su hijo por Morena.

Peña Ortiz ganó la presidencia municipal y después fue reelecto, con lo que el mismo grupo político conservó el control del Ayuntamiento pese al cambio de partido. Maki Ortiz buscó luego la candidatura de Morena al gobierno de Tamaulipas y, al no obtenerla, encontró una nueva plataforma en el Partido Verde Ecologista de México.

En 2024 regresó al Senado por la vía plurinominal. Fue registrada como suplente de Ruth Miriam González Silva en la segunda fórmula de la lista nacional del Verde; pero González Silva, esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, obtuvo también un escaño de mayoría, por lo que el lugar de representación proporcional quedó para Ortiz.

Carlos Peña Ortiz, por su parte, enfrenta diversos procesos legales por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

EL EXPEDIENTE ABIERTO

A cuatro meses del primer cateo, el expediente de Reynosa ya no se explica únicamente por los más de 7.4 millones de litros asegurados. Los inventarios oficiales describen una infraestructura de escala industrial que se levantó, operó y funcionó durante años en uno de los municipios estratégicos de la frontera norte.

Esa evidencia constituye hoy la base material de una investigación que busca reconstruir quién la instaló, quién la operó y quién permitió que funcionara.

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