Regular el uso de celulares en las escuelas no bastará para atender el rezago educativo, advirtió la Unión Nacional de Padres de Familia en Tamaulipas, que pidió acompañar la medida con capacitación docente, recursos educativos y acuerdos entre escuelas y hogares.
Miguel Ángel Carreón Paz, presidente del Comité Estatal en Tamaulipas de la Unión Nacional de Padres de Familia, comentó que consideran la regulación como un primer paso, pero planteó la necesidad de establecer una estrategia integral que involucre a autoridades educativas, docentes y padres de familia.
La SEP ha informado que trabaja en reglas nacionales para el uso responsable y seguro de celulares y otros dispositivos digitales en las escuelas, por lo que en agosto y septiembre se realizaron foros regionales en los que participaron estudiantes, docentes, especialistas, investigadores, madres y padres de familia: la consulta nacional realizada entre docentes de Educación Básica tuvo la participación de 565 mil 396 maestros; 81 por ciento se pronunció a favor de contar con lineamientos para un uso seguro y con fines pedagógicos de estas tecnologías.
"Es indispensable señalar con claridad una omisión de fondo, en el diagnóstico y en el proceso de construcción del acuerdo no se escuchó de manera suficiente ni estructurada a los padres de familia, la consulta nacional se centró en el personal docente y en foros técnicos, las familias quienes aportaron inquietudes y expresaron necesidades quedaron al margen de la definición del problema y de las soluciones, esta ausencia debilita la legitimidad social de la medida y limita su eficacia real", dijo.
Carreón Paz sostuvo que las familias deben tener una participación en la definición de las reglas, debido a que el uso de celulares y redes sociales no se limita al horario escolar, recalcando que es necesario establecer acuerdos entre las escuelas y los hogares sobre horarios de uso, acceso a redes sociales y límites frente a las pantallas.
"Aunque el acuerdo entra en vigor el 3 de noviembre de 2026 y otorga 180 días a las entidades federativas para armonizar instrumentos jurídicos, en un contexto de rezago educativo profundo con dificultades de atención, memoria, creatividad, interacción presencial y regulación emocional documentadas por el propio personal docente, una regulación de uso de dispositivos, por sí sola, no restablece la autoridad pedagógica ni cierra brechas de aprendizaje", expresó.
Y agregó: "Para fortalecer la autoridad de los docentes, se requiere mucho más que retirar celulares por lo que será necesario aterrizar con una normativa integral".
¿Qué propone la Unión de Padres de Familia?
En este sentido la Unión de Padres de Familia en Tamaulipas pidió que se generen espacios permanentes de diálogo entre escuela y hogar para acordar reglas coherentes horarios de uso, restricción de redes sociales, límites de pantallas antes de dormir, etc.- y no limitar el espacio en asambleas y sin la normativa clara al respecto, que las autoridades acompañen a las familias con información clara, materiales accesibles y orientaciones prácticas, no solo con normativdad sino con la formación complementaria básica, que se reconozca que la autoridad docente se fortalece cuando las familias respaldan las decisiones escolares y cuando existe un marco común de expectativas sobre el uso de la tecnología.
Además piden que se establezca una ruta pedagógica y didáctica clara que permita contar con programas educativos, contenidos claros y libros de texto adecuados para mejorar las condiciones que los resultados de PISA mostraron en materia de lectura, escritura y matemáticas, entre otras que los docentes ya identificaron con claridad; y que se informe por parte de las autoridades educativas de las acciones que se realizarán para que en las escuelas existan los equipos necesarios para docentes y alumnos, la capacitación docente y los programas educativos requeridos que permitan abatir los rezagos educativos pendientes.
Explicó que la regulación deberá acompañarse de acciones enfocadas en aprendizaje, convivencia y bienestar de los estudiantes, considerando que la participación conjunta de autoridades, escuelas y familias será necesaria para que las nuevas disposiciones tengan aplicación efectiva y para que el uso de la tecnología dentro y fuera de los planteles pueda ser acompañado con criterios claros.
