Un juez estadounidense ordenó hoy a Meta, la empresa matriz de Facebook, pagar 25,000 millones de dólares al estado de Nuevo México, después de que un jurado la declarara responsable de engañar a los usuarios sobre sus políticas de privacidad y moderación de contenidos.
La decisión, adoptada por el juez Francis Mathew, representa una de las mayores sanciones impuestas a una compañía en la historia judicial de Estados Unidos, según destacó el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez. "Esta sentencia debería ser una señal, un mensaje inequívoco, para Silicon Valley", afirmó Torrez durante una conferencia de prensa, en la que advirtió que su estado continuará exigiendo responsabilidades a las grandes empresas tecnológicas.
Detalles confirmados
El fallo tiene su origen en el escándalo de Cambridge Analytica, la consultora política que obtuvo datos personales de millones de usuarios de Facebook para elaborar publicidad electoral dirigida durante la campaña presidencial estadounidense de 2016. En septiembre, un jurado determinó que Meta había cometido más de 43 millones de infracciones a las leyes de protección al consumidor de Nuevo México, al engañar a los usuarios sobre la seguridad de sus datos personales y las políticas de la plataforma.
La investigación se centró en una aplicación de pruebas de personalidad desarrollada por un tercero, mediante la cual se recopilaron datos de aproximadamente 87 millones de perfiles de Facebook. Esa información terminó en manos de Cambridge Analytica, entre cuyos clientes figuró la campaña presidencial de Donald Trump en 2016.
Acciones de la autoridad
Mientras otros 48 estados estadounidenses alcanzaron acuerdos con Facebook en un proceso de alcance nacional, Nuevo México decidió continuar por separado su demanda judicial. Los abogados del estado habían solicitado una sanción de entre 35,000 y 40,000 millones de dólares, con el argumento de que solo una penalización de semejante magnitud podría obligar a la compañía a modificar sus prácticas.
Meta, por su parte, sostuvo que cualquier multa debía limitarse a un máximo de 3,400 millones de dólares y advirtió que una cifra diez veces superior, o incluso mayor, vulneraría las garantías del debido proceso y sería inconstitucional. La compañía también rechazó haber provocado daños demostrables a los habitantes de Nuevo México mediante sus declaraciones públicas sobre privacidad y moderación de contenidos.
Durante una audiencia celebrada el 1 de octubre, el abogado de Meta, Matt Nicholson, sostuvo que el jurado no había establecido que algún residente del estado hubiera visto o escuchado las declaraciones cuestionadas, ni que hubiera sufrido perjuicios como consecuencia de ellas. Una sanción de hasta 40,000 millones de dólares sería "escandalosa para la conciencia", argumentó Nicholson.
En contrapartida, la abogada del estado, Randi McGinn, instó al tribunal a enfrentar a los "titanes tecnológicos que creen ser invulnerables y que pueden hacer lo que quieran". Según la Constitución de Nuevo México, los fondos provenientes de multas por infracciones a las leyes de protección al consumidor deben destinarse al financiamiento de la educación pública.
"Puede que hayamos pagado la construcción de escuelas para los próximos 100 años", afirmó Torrez, aunque reconoció que el dinero podría permanecer inmovilizado durante años si Meta presenta la apelación prevista. La empresa, con sede en Menlo Park, California, había anticipado que recurriría el veredicto de septiembre y sus representantes no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre el monto definitivo de la sanción.
El recurso podría derivar en una reducción del número de infracciones atribuidas a Meta, mientras que los intereses sobre la multa continuarían acumulándose durante el proceso judicial. Pese al anuncio de la penalización, las acciones de la compañía registraban una subida cercana al 2 % en Wall Street, antes de la presentación de sus resultados trimestrales prevista para esta tarde.
