EU va por las finanzas de cárteles mexicanos

El logotipo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en un podio antes de una conferencia de prensa.

WASHINGTON 

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha puesto el foco en las finanzas de los cárteles de drogas más violentos de México, al dirigir sus investigaciones hacia intermediarios financieros que, según fiscales, lavan ganancias del narcotráfico mediante criptomonedas desde ciudades estadounidenses hacia líderes criminales en México.

Los procesos judiciales contra cuatro acusados trasladados recientemente de México a Estados Unidos revelan cómo operan estas redes de lavado de dinero que sostienen al Cártel de Jalisco Nueva Generación y a otros grupos criminales. Las autoridades señalan que estas estructuras financieras permiten a los cárteles adaptarse al endurecimiento de la aplicación de la ley y mantener el flujo de drogas hacia comunidades estadounidenses.

Fiscales estadounidenses explicaron que, al concentrarse en los intermediarios financieros en lugar de los distribuidores de bajo nivel, buscan golpear un eslabón clave para la supervivencia de los cárteles. "Si cortas el dinero, dañas a los cárteles", afirmó A. Tysen Duva, fiscal general adjunto de la división penal del Departamento de Justicia, en entrevista con The Associated Press.

Desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, el gobierno mexicano ha entregado a más de 90 acusados de alto nivel vinculados a cárteles, algunos de ellos señalados por tráfico de drogas, personas y lavado de dinero. Funcionarios estadounidenses consideran que estos traslados no solo tienen un efecto disuasivo, sino que también podrían derivar en nuevas acusaciones contra líderes de mayor jerarquía si los detenidos cooperan con las autoridades.

Entre los acusados procesados en tribunales federales se encuentran presuntos intermediarios financieros que, según documentos judiciales, coordinaban la recolección de efectivo en Estados Unidos y su envío a México, cada vez más a través de activos digitales. Mientras tanto, en México persiste el debate legal sobre la legalidad de estas transferencias, que el gobierno ha defendido como acciones realizadas por motivos de seguridad nacional.