Misterio rodea contrato del Ejército para construir campamento de detención de inmigrantes en Texas
El gobierno de Trump adjudica millonario contrato para construir complejo de detención de inmigrantes
Foto:Agencia AP.
Cuando el gobierno del presidente Donald Trump adjudicó el mes pasado un contrato de hasta por 1.200 millones de dólares para construir y operar lo que llama el complejo de detención de inmigrantes más grande de Estados Unidos, no recurrió a un contratista gubernamental grande ni a una empresa especializada en prisiones privadas.
En lugar de eso, le encargó el proyecto en una base militar a Acquisition Logistics LLC, una pequeña empresa sin experiencia registrada en la gestión de centros penitenciarios que nunca había ganado una licitación para un contrato federal por un valor superior a 16 millones de dólares. La compañía tampoco tiene un sitio web en operación, y su dirección es una vivienda modesta en los suburbios de Virginia, propiedad de un oficial de vuelo de la Armada retirado, de 77 años de edad.
El misterio sobre la adjudicación se acentuó la semana pasada, cuando el nuevo centro comenzó a recibir a sus primeros detenidos. El Pentágono se ha rehusado a revelar el contrato o a explicar por qué seleccionó a Acquisition Logistics, entre una docena de otros licitadores, para construir el enorme campamento en Fort Bliss, en el oeste de Texas. Al menos un competidor ya presentó una queja.
El sigiloso —y veloz— proceso de contratación es emblemático, según los expertos, de la prisa del gobierno por cumplir la promesa del presidente republicano de arrestar y deportar a aproximadamente 10 millones de inmigrantes que viven en Estados Unidos sin estatus legal permanente. Dentro de este empeño, el gobierno recurre cada vez más a que las fuerzas armadas se encarguen de tareas que tradicionalmente se habían encomendado a agencias civiles.
Una congresista que visitó el campamento recientemente indicó que le preocupaba que se hubiera confiado en una empresa tan pequeña e inexperta para construir y gestionar una instalación que se prevé albergue a hasta 5.000 migrantes.
"Es demasiado fácil que se descuiden los estándares", dijo la legisladora demócrata Veronica Escobar, cuyo distrito incluye Fort Bliss. "Con mucha frecuencia, las instalaciones privadas operan con un margen de ganancia en mente, a diferencia de las instalaciones gubernamentales".
El abogado Joshua Schnell, quien se especializa en derecho de contratación pública federal, refirió que le preocupa que el gobierno de Trump ha proporcionado muy poca información sobre las instalaciones.
"La falta de transparencia sobre este contrato genera preguntas legítimas sobre por qué el Ejército adjudicó un contrato tan grande a una empresa que no tiene sitio web ni ninguna otra información pública disponible que demuestre su capacidad para llevar a cabo un proyecto tan complicado", agregó.
Ken A. Wagner, presidente y director general de Acquisition Logistics, no respondió a mensajes telefónicos ni a correos electrónicos. Nadie abrió la puerta en su casa de tres dormitorios que figura como sede de su empresa. Los registros de Virginia indican que Wagner es el propietario del negocio, aunque no está claro si tiene socios.
El Ejército declina revelar el contrato
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aprobó el uso de Fort Bliss para el nuevo centro de detención, y el gobierno tiene esperanzas de construir más en otras bases. Un portavoz del Ejército declinó hablar sobre su acuerdo con Acquisition Logistics o revelar detalles sobre la construcción del campamento, y citó el litigio sobre las capacidades de la empresa.
El Departamento de Seguridad Nacional, que incluye al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), declinó durante tres semanas responder preguntas sobre el campamento de detención que supervisa. Después de que se publicara esta historia el jueves, la portavoz del Departamento, Tricia McLaughlin, emitió un comunicado que decía: "Bajo el liderazgo del presidente Trump, estamos trabajando a toda velocidad en formas rentables e innovadoras de cumplir con el mandato del pueblo estadounidense de deportaciones masivas de inmigrantes ilegales criminales".
Agregó que la instalación de Fort Bliss "ofrecerá todo lo que ofrece un centro de detención tradicional del ICE, incluido acceso a representación legal y una biblioteca jurídica, acceso a visitas, espacio recreativo, espacio para tratamiento médico y comidas nutricionalmente equilibradas".
Nombrada Campamento East Montana —en referencia a la carretera más cercana—, la instalación está siendo construida sobre la arena y los matorrales del desierto chihuahuense, donde las temperaturas pueden superar los 38 grados Celsius (100 grados Fahrenheit) en verano y las muertes por calor son comunes. El sitio de 24 hectáreas (60 acres) se encuentra cerca de la frontera entre Estados Unidos y México y del Aeropuerto Internacional de El Paso, un lugar clave para los vuelos de deportación.
El centro ha sido comparado con el "Alcatraz de los caimanes", un complejo de tiendas de campaña de 245 millones de dólares construido en los Everglades de Florida para retener a migrantes arrestados por agentes del ICE. Ese centro ha sido objeto de demandas judiciales y quejas por condiciones insalubres. Una jueza federal ordenó recientemente que las instalaciones sean clausuradas.
La gran mayoría de los aproximadamente 57.000 inmigrantes detenidos por el ICE se encuentran en prisiones privadas operadas por empresas como Geo Group, de Florida, y CoreCivic, con sede en Tennessee. A medida que estas instalaciones se llenan, el ICE también explora opciones temporales en bases militares de California, Nueva York y Utah.
En Fort Bliss, la construcción inició a los pocos días que el Ejército otorgara el contrato el 18 de julio. Las obras en el sitio comenzaron meses antes, previo a que el Congreso aprobara el amplio proyecto de ley de recortes fiscales y reducciones de gastos de Trump, que incluye una cifra récord de 45.000 millones de dólares para controlar la inmigración. El anuncio del Departamento de Defensa sólo especificó que el Ejército financiaba los 232 millones de dólares iniciales para las primeras 1.000 camas del complejo.
Se han instalado tres carpas blancas, cada una de unos 250 metros (810 pies) de largo, según imágenes satelitales examinadas por The Associated Press. Media docena de construcciones más pequeñas las rodean.
Setareh Ghandehari, vocera del grupo activista Detention Watch, indicó que el uso de bases militares se remonta a la Segunda Guerra Mundial, cuando estadounidenses de ascendencia japonesa fueron encarcelados en campos de internamiento del Ejército, incluido Fort Bliss. Ghandehari señaló que las instalaciones militares son especialmente propensas al abuso y la negligencia, ya que las familias y los seres queridos tienen dificultades para acceder a ellas.
"Las condiciones en todos los centros de detención son inherentemente terribles", declaró Ghandehari. "Pero cuando hay menos acceso y supervisión, se crea el potencial de que se cometan incluso mayores abusos".
La empresa será responsable de la seguridad
Un aviso de licitación del 9 de junio para el proyecto de Fort Bliss especificaba que el contratista será el responsable de la construcción y operación del centro de detención, lo que incluye proveer seguridad y atención médica. El documento también exige estricta confidencialidad, y ordena al contratista que notifique al ICE para que responda cualquier llamada de congresistas o de medios de comunicación.
La licitación sólo estuvo abierta para pequeñas empresas como Acquisition Logistics, que recibe un trato preferencial por estar clasificada como pequeño negocio en desventaja, propiedad de veteranos de guerra y de personas de origen hispano.
Aunque el gobierno de Trump ha luchado para prohibir los programas de diversidad, equidad e inclusión, las normas federales de contratación contemplan asignaciones específicas para pequeñas empresas propiedad de mujeres o de minorías. Para que una compañía compita por dichos contratos, al menos el 51% de su capital debe ser de personas pertenecientes a un grupo racial o étnico que el gobierno federal considere desfavorecido.
Uno de los postores que perdió la licitación, Gemini Tech Services, con sede en Texas, presentó una protesta en la que impugna la adjudicación y el apresurado cronograma de construcción del Ejército ante la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés), el órgano independiente de supervisión del Congreso que resuelve ese tipo de disputas.
Gemini alega que Acquisition Logistics carece de la experiencia, el personal y los recursos necesarios para realizar el trabajo, según una persona familiarizada con la denuncia, quien no estaba autorizada a declarar sobre el asunto y habló a condición de guardar el anonimato. Trabajos anteriores realizados por Acquisition Logistics incluyen la reparación de pequeñas embarcaciones para la Fuerza Aérea, la prestación de soporte informático al Departamento de Defensa, y la construcción de oficinas temporales para controlar la inmigración no autorizada, según muestran registros federales.
Gemini y su abogado no respondieron a mensajes solicitándoles comentarios.
No se prevé que la GAO dicte una decisión sobre si mantener, desestimar o exigir medidas correctivas antes de noviembre. También está pendiente una apelación jurídica ante un tribunal federal estadounidense en Washington.
Un juez en ese caso denegó una moción que buscaba congelar la construcción en el sitio en una audiencia a puerta cerrada el jueves.
Schnell, el abogado especializado en contrataciones federales, dijo que es posible que Acquisitions Logistics pudiese estar laborando con una empresa más grande. Geo Group Inc. y CoreCivic Corp., los mayores operadores del país de prisiones con fines de lucro, han manifestado interés en celebrar contratos con el Pentágono para albergar a inmigrantes.
En una llamada sobre resultados financieros este mes, George Zoley, director general de Geo Group, indicó que su empresa se había asociado con un contratista establecido del Pentágono. Zoley no mencionó el nombre de la compañía, y Geo Group no respondió a solicitudes reiteradas para preguntarle con quién se había asociado.
Un portavoz de CoreCivic declaró que no estaban asociados con Acquisition Logistics ni con Gemini.