Tribunal dice que gobierno de Trump no puede negar derecho a fianza a inmigrantes
¿Qué determinó el tribunal sobre la detención de inmigrantes?
La administración Trump no puede negar a los inmigrantes detenidos dentro de Estados Unidos la posibilidad de quedar en libertad bajo fianza, dictaminó el jueves un tribunal federal de apelaciones.
¿Qué determinó el tribunal sobre la detención de inmigrantes?
La decisión 2-1 del Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito, con sede en San Francisco, en la que un juez nombrado por el presidente Donald Trump integró la mayoría, profundizó la división entre tribunales federales de apelaciones sobre la política de detención obligatoria de la administración.
Otros cuatro tribunales de apelaciones también la han rechazado, mientras que el Quinto Circuito en Nueva Orleans y el Octavo Circuito en San Luis se han alineado con la administración Trump.
La creciente división entre circuitos aumenta la probabilidad de que la Corte Suprema eventualmente aborde el asunto.
No se recibió respuesta a un correo electrónico enviado al Departamento de Seguridad Nacional para solicitar comentarios.
Acciones de la administración Trump en política de inmigración
Bajo administraciones anteriores, a la mayoría de los no ciudadanos sin antecedentes penales que eran arrestados dentro de Estados Unidos se les permitía solicitar una audiencia de fianza mientras sus casos de inmigración estaban pendientes. Por lo general, la detención obligatoria se reservaba para las personas arrestadas en la frontera.
Las autoridades de inmigración emitieron directrices en julio pasado para ampliar la detención obligatoria a los inmigrantes en el interior del país. La medida —parte de la campaña de deportaciones masivas de la administración— provocó una avalancha de demandas federales presentadas por inmigrantes que buscaban ser liberados.
Impacto del fallo en la comunidad inmigrante
Al redactar el fallo de la mayoría del jueves, el juez Daniel Bress, del 9º Circuito, rechazó ese argumento. "Aunque ninguna lectura de las complejas y entrelazadas disposiciones textuales en cuestión aquí está exenta de algunas deficiencias, la comprensión histórica de la ley es la mejor", escribió Bress, designado por Trump.
A él se sumó la jueza M. Margaret McKeown, nombrada por el presidente Bill Clinton.
El juez Carlos Bea, nombrado por el presidente George W. Bush, discrepó y afirmó que el texto y el propósito de una enmienda aprobada por el Congreso en 1996 respaldan la interpretación de la administración Trump.