NUEVA YORK, EU
Veintiún personas baleadas, ocho muertos y al menos otros 15 episodios en los que agentes federales dispararon sus armas sin causar heridos. Las cifras comienzan a mostrar el costado más controvertido de la ofensiva migratoria lanzada por Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca y alimentan interrogantes sobre el uso de la fuerza, la capacitación y los controles dentro de una operación de deportaciones que el presidente convirtió en uno de los ejes centrales de su segundo mandato.
Un recuento realizado por ABC News determinó que al menos 21 personas fueron baleadas por agentes federales de inmigración desde el inicio de la segunda presidencia de Trump. Ocho de esos episodios fueron mortales y entre las víctimas hubo tres ciudadanos estadounidenses. La cadena identificó además al menos 15 incidentes adicionales en los que agentes dispararon sin herir a nadie.
¿Qué ocurrió en el caso de Wilber Rafael Garces Perez?
El último caso ocurrió el domingo pasado en Austin, Texas. Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó contra Wilber Rafael Garces Perez, un venezolano de 28 años que realizaba entregas para DoorDash. El hombre sobrevivió y quedó nuevamente bajo custodia federal después de recibir atención hospitalaria. El episodio provocó protestas y pedidos de una investigación independiente por parte de las autoridades locales.
El caso también abrió otra controversia: fuentes policiales dijeron a ABC News que el agente que disparó no llevaba activada una cámara corporal. La situación migratoria de Garces Perez también está en disputa. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que se encontraba ilegalmente en Estados Unidos y tenía una orden final de deportación. Su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch, afirma en cambio que había ingresado legalmente, solicitado asilo y contaba con autorización para trabajar.
El DHS dejó en claro que el episodio no modificará su estrategia. La agencia aseguró que ICE "no reducirá el ritmo ni abandonará Austin" y sostuvo que tiene la obligación de aplicar las leyes aprobadas por el Congreso.
Acciones de la autoridad y reacciones
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, defendió además las operaciones y acusó a las autoridades de las llamadas ciudades santuario de priorizar a los inmigrantes indocumentados sobre la seguridad de los estadounidenses. Pero los números y la sucesión de episodios violentos aumentaron la presión política sobre la administración. Esta semana, familiares de personas muertas en operativos de ICE comparecieron ante legisladores en Washington.
Entre ellos estuvo Donna Granger, madre de Renee Good, una estadounidense de 37 años que murió baleada por un agente de ICE en Minneapolis en enero. Granger reveló que había votado por Trump porque creía que los agentes federales protegerían a los estadounidenses de amenazas terroristas. "Esto es una locura", dijo ante los legisladores al cuestionar lo ocurrido con su hija. El agente que mató a Good no fue acusado penalmente por ese hecho.
También declaró la familia de Lorenzo Salgado, mexicano de 52 años muerto por disparos de un agente de ICE en Houston en julio. Sus familiares denunciaron que, más de dos meses después, todavía no habían recibido respuestas oficiales sobre su muerte ni recuperado algunas de sus pertenencias.
Un relevamiento independiente de The Trace, actualizado esta semana y basado en registros de violencia armada y noticias, contabilizó 31 incidentes en los que agentes de inmigración dispararon contra personas desde el comienzo de las operaciones impulsadas por Trump, aunque utiliza una metodología diferente a la de ABC News. La organización advierte además que los datos disponibles podrían ser incompletos porque no todos los tiroteos protagonizados por agentes migratorios son informados públicamente.
La escala de la ofensiva también creció. ICE superó los 50.000 arrestos mensuales en julio y agosto, los niveles más altos registrados por la agencia. Para la Casa Blanca, las cifras reflejan el cumplimiento de una de las principales promesas electorales de Trump: endurecer la frontera y acelerar las deportaciones. Para legisladores demócratas, organizaciones de derechos civiles y grupos de defensa de inmigrantes, en cambio, los tiroteos plantean interrogantes sobre hasta dónde llegó esa política y sobre los mecanismos existentes para controlar a los miles de agentes desplegados.
