Transportistas y otros grupos organizados mantienen los viernes bloqueos en cuatro puntos de la capital guatemalteca y algunas carreteras en el interior del país para exigir al gobierno que rebaje los precios de los combustibles, que se mantienen en alza.
El cierre del estrecho de Ormuz durante la guerra que mantienen Estados Unidos e Israel contra Irán desde febrero ha alterado el flujo mundial del combustible, incrementado los precios en todo el mundo y desencadenado un alza en otros productos.
Los transportistas exigen una mayor rebaja en los precios de los combustibles
El martes, el Congreso guatemalteco aprobó una ley para poner tope al precio del diésel y la gasolina que establece que el consumidor pagará un máximo de 39 quetzales (unos cinco dólares) por galón de diésel y gasolina regular, y 41 quetzales (unos cinco dólares con 40 centavos) por galón de gasolina superior.
Sin embargo, las protestas continúan debido a que los transportistas que han organizado los bloqueos piden que la rebaja sea aún mayor. La ley no ha entrado en vigencia debido a que los diputados opositores del partido VAMOS, del expresidente Alejandro Giammattei, pidieron revisiones, lo que hace imposible publicarla.
Acciones del gobierno ante los bloqueos
En conferencia de prensa el viernes, el ministro de Gobernación, Marco Villeda, dio un plazo de media hora para iniciar los desbloqueos voluntarios de parte de manifestantes y que, de lo contrario, la policía actuaría para desbloquear las vías, sin descartar el diálogo ni el uso de la fuerza, en caso extremo.
Villeda también explicó que investigan si las protestas obedecen a otros intereses debido a que se tiene información de que los dirigentes tendrían supuestos vínculos con políticos o con grupos delincuenciales.
Dijo que en el desbloqueo de una vía los manifestantes atacaron a policías con armas de fuego, resultando dos policías heridos.
En Guatemala, los bloqueos han generado algunos incidentes menores. La tarde del jueves, algunos protestantes se enfrentaron a la policía que intentaba dialogar y posteriormente fueron desalojados, dejando como resultado tres personas detenidas y algunos comerciantes saqueados.
El sector empresarial señaló que los bloqueos han causado dificultades a la población y pérdidas económicas.
"Esto no puede ser algo que tengamos como normal en el país, las pérdidas económicas, los problemas de abastecimiento y las afectaciones a la producción continúan", dijo Charles Bland, ex presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), que pidió a la fiscalía investigar quiénes realizan estas acciones.
El CACIF solicitó a la Corte de Constitucionalidad un amparo para asegurar la libre circulación. Los magistrados de la Corte lo concedieron y además ordenaron al gobierno liberar las vías o, de lo contrario, el responsable de la cartera de seguridad —Villeda— debía ser destituido.
