Donald Trump presume deportaciones históricas
Especialistas cuestionan la falta de claridad en los datos oficiales y señalan que Obama y Biden registraron más expulsiones formales
Agentes federales sujetan a una persona que participaba en una protesta por la muerte a tiros de Renee Good.
El 20 de enero, al cumplirse el primer aniversario del regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, su Administración presumió haber alcanzado cifras "históricas" en la expulsión de migrantes indocumentados. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), casi tres millones de personas abandonaron el país durante el primer año del mandato, entre ellas 2.2 millones por "deportaciones voluntarias" y más de 675 mil expulsiones forzadas. Sin embargo, la falta de claridad metodológica en los datos ha generado dudas sobre la veracidad y el alcance real de estas cifras.
Especialistas y organismos como el Instituto de Política Migratoria (MPI) advierten que no existe una definición legal única del término "deportación", lo que dificulta la comparación con administraciones anteriores. En ese sentido, tanto Barack Obama como Joe Biden superaron los números atribuidos a Trump si se consideran únicamente las expulsiones formales con orden judicial.
Además, se señala que el Gobierno republicano podría estar incluyendo rechazos en frontera y devoluciones administrativas, categorías que históricamente se han contabilizado de manera distinta.
Otra diferencia clave radica en el perfil de las personas expulsadas. Mientras que las administraciones demócratas priorizaron la deportación de migrantes con antecedentes penales, bajo Trump solo entre 25% y 35% de los deportados tenía historial criminal. Pese a su discurso oficial, la política migratoria actual considera a los cerca de 14 millones de extranjeros sin documentos como "criminales", sin distinguir arraigo, situación familiar o procesos de asilo en curso.
Más allá de las cifras, el endurecimiento en la aplicación de la ley migratoria ha marcado una ruptura evidente.
Las redadas en calles y centros de trabajo, el uso de agentes encapuchados y tácticas agresivas, así como el fin de la protección en "lugares sensibles" como escuelas, hospitales e iglesias, han generado un clima de miedo entre las comunidades migrantes. Incluso los tribunales se han convertido en puntos de detención para personas que acudían a cumplir con sus obligaciones legales.
Analistas subrayan que el cierre de la frontera ha desplazado las acciones de control migratorio hacia el interior del país. Con la caída drástica de cruces irregulares, agentes de la Patrulla Fronteriza han sido reasignados para apoyar al ICE en redadas internas, lo que ha multiplicado las detenciones de personas sin antecedentes penales. Así, concluyen, la comparación numérica entre administraciones resulta engañosa, pues no refleja el cambio profundo en la estrategia ni el impacto humano de la política migratoria actual.