El testigo estrella de EU contra los Jensen se llama Luis Rivera y es un empresario huachicolero con larga historia criminal

CRÉDITO: EL PAÍS

Gran parte de la acusación de la Fiscalía de Estados Unidos contra el magnate petrolero James Jensen y su familia por contrabando de combustible descansa en el testimonio de un misterioso personaje, mitad empresario, mitad narco, que presumía de conocer muy bien los entresijos del lucrativo negocio del huachicol a los dos lados de la frontera entre México y EE UU. Desde mediados de 2024, Confidential Informant 1 (CI-1), el nombre en clave que le asignaron las autoridades de Estados Unidos, tuvo encuentros secretos en Texas con fiscales y agentes del Departamento de Seguridad Nacional, de la DEA —la agencia antinarcóticos— y del FBI. Acompañado de su abogado, CI-1 relató cómo era el esquema de robo de petróleo a Pemex y su posterior contrabando a Texas desde Tamaulipas, siempre con la ayuda del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), para el cual trabajaba el informante. Según los documentos de la acusación, este  broker vendía el producto robado a los Jensen, que han sido acusados no solo de contrabando, sino también de financiar a una organización criminal clasificada como terrorista por Washington.

El informante confidencial en el caso se llama Luis Ariel Rivera Rodríguez, mexicano naturalizado estadounidense, que ahora ronda los 53 años. EL PAÍS ha conseguido establecer su identidad a través de referencias en las decenas de documentos que forman parte del proceso judicial contra los Jensen. Rivera se presenta actualmente como propietario y director de Luxemborg Trading LLC, la principal empresa importadora utilizada para ingresar a Estados Unidos el combustible de Pemex, que se disfraza en los registros aduanales como "destilado de petróleo" y "aceite lubricante usado". De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, entre 2018 y 2025, se traficaron alrededor de 4.000 cargamentos de crudo, con un valor de 300 millones de dólares.

La defensa de los Jensen y su estrategia

La historia criminal de Rivera no es nueva, y ahora parece estar colaborando con la justicia estadounidense para obtener algún beneficio procesal. Entre 2010 y 2012, Pemex denunció ante los tribunales de EE UU un esquema de robo de condensado de gas que luego era contrabandeado al país norteamericano. La petrolera mexicana señaló puntualmente a varias compañías estadounidenses por beneficiarse del hurto, que databa de 2006. En esa trama figuraban James Jensen y Rivera. En ese entonces, el negocio del huachicol era controlado por el Cartel del Golfo y el de Los Zetas. En la actualidad se replica el mismo negocio criminal, con los mismos actores, aunque con un cartel diferente. Pemex continúa siendo el perdedor.

Pistas hacia Rivera

La defensa legal de los Jensen intenta a toda costa probar que la familia no sabía que el petróleo crudo comprado a Rivera había sido robado a Pemex, ni que del otro lado del negocio estaba el temible cartel de Nemesio Oseguera,  El Mencho, abatido este año por el Ejército mexicano. Sin embargo, el hecho de que el comprador y el vendedor estén implicados en la trama criminal de hace dos décadas complica el argumento. Las autoridades de EE UU capturaron en abril de 2025 a James Jensen, el patriarca de la familia; a su esposa, Kelly Anne, y a sus hijos Maxwell y Zachary Golden. Este último y su madre se encuentran en libertad condicional y enfrentan cargos menores. James y Maxwell Jensen están acusados de contrabando, blanqueo de activos y financiamiento a una organización terrorista. El caso se disputa en la Corte del Distrito Sur de Texas.

La implicación de Rivera con el CJNG

Los abogados de los Jensen son conscientes de que Rivera será "el testigo central —y, para algunos cargos, el único testigo—" contra los acusados. En escritos dirigidos a la Corte, los letrados se refieren a Rivera como CI-1, siguiendo la nomenclatura secreta de la Fiscalía, pero lo identifican como "director y propietario" de la firma Luxemborg Trading, indicio que confirman registros mercantiles del condado de Hidalgo, Texas, donde fue constituida la compañía en 2009.

Otra referencia que desvela la identidad de Rivera y su rol como informante es la mención de la defensa de los Jensen de una reunión que CI-1 tuvo con sus clientes poco antes de su detención. El intermediario, habiendo pactado con las autoridades, acudió al encuentro con micrófonos para grabar secretamente la conversación. Ese material sustenta en gran medida la acusación de que los Jensen sabían que el CJNG estaba involucrado en la trama. "El Gobierno, al parecer, busca llamar a CI-1 a testificar sobre sus comunicaciones con los acusados, el origen del aceite usado que se les vendió, la manera y los medios usados por CI-1 y Luxemborg para importar el aceite usado, y las supuestas interacciones con el crimen organizado en México", plantea la defensa de los Jensen.

En otros documentos del juicio se refiere que el informante es "copropietario" de Luxemborg Trading LLC. Registros mercantiles muestran que la otra persona al frente de la compañía es su esposa, Irma Isabel Pruneda. Con esta mujer, Rivera también constituyó en Texas la firma Darvasa Trading LLC en 2009. El apellido familiar es trazable a México, en la firma Luxemborg Mexico Fuel Group, S.A. de C.V., creada en 2021 y donde Luis Rigoberto Rivera Pruneda, hijo de ambos, es accionista mayoritario y gerente general. La filial mexicana forma parte del entramado empresarial que ha utilizado Rivera para cruzar a Estados Unidos el hidrocarburo robado a Pemex, como documentó este periódico en una investigación anterior.

Socio del CJNG

La historia criminal de Rivera y Jensen

El primer encuentro de Rivera con las autoridades de EE UU como informante ocurrió en julio de 2024. Allí y en sucesivas reuniones detalló —según los reportes escritos por los agentes que lo entrevistaron— que era dueño en México de una "compañía de logística que transportaba diésel, gas y aceite usado" entre los dos países, importando y exportando. Dijo que "alguna vez fue un prominente y legítimo operador", pero "fue extorsionado por carteles de la droga para transportar productos de petróleo en México"; precisó que debía pagar a los extorsionadores 2.000 dólares por tanque para poder operar.

Sin explicar cómo sucedió, Rivera se convirtió él mismo en miembro de la estructura criminal del CJNG. "Explicó que adquirió el control de varias carreteras en México y estaba a cargo de cobrar  pisos o extorsiones a nombre del cartel", dicen los documentos del juicio. "CI-1 luego usaría parte de esos fondos para sobornar a funcionarios federales, estatales y locales", agregan. "CI-1 explicó que, sin los pagos de extorsiones, los carteles no permitirían el transporte de productos en México. Luego describió un esquema donde intermediarios aduanales de México falsificarían documentos para exportar ciertos productos de petróleo crudo a Estados Unidos".

Rivera dijo a los agentes que tenía una colaboración sostenida y directa con ciertos líderes del CJNG, especialmente con Iván Cazarín Molina,  El Tanque, encargado del negocio del huachicol y uno de los hombres de mayor confianza del Mencho, y César Morfín Morfín,  Primito, jefe de plaza en Tamaulipas. Incluso, Rivera dijo que había hecho amistad con Primito y que hasta tenían un negocio juntos desde 2021. A su vez, al Tanque lo conocía tan bien que dio de él "referencias específicas". Rivera hizo gala de "su conocimiento de las jerarquías del CJNG" y mencionó a líderes como Héctor Álvarez Álvarez,  El H; Carlos Roel,  Chuy 7, y otros personajes solo identificados por sus alias: El X, Nareda y Chimuelo.

Rivera precisó que el petróleo contrabandeado a EE UU era directamente expoliado a Pemex "o adquirido a través de funcionarios corruptos" de la paraestatal, e "identificó a una compañía de Estados Unidos como un conocido comprador del crudo que había sido robado en México", aunque el nombre de esa empresa no se consignó en los papeles judiciales. En un encuentro en diciembre de 2024, Rivera "expresamente decidió trabajar para el Gobierno y accedió a grabar llamadas en el futuro" con James y Maxwell Jensen y con el capo del CJNG identificado con el alias de El X.

Las llamadas con los Jensen ocurrieron, pero lo crucial fue una reunión a la que los convocó Rivera en abril de 2025. A las autoridades les interesaba confirmar que "los Jensen sabían que estaban comprando petróleo crudo ilícito a los carteles de la droga". Rivera pidió a James y Maxwell Jensen verlos de manera urgente para hablarles de un supuesto proveedor de crudo de México que ofrecía un precio inmejorable. Rivera persuadió a los Jensen al grado de convencerlos de interrumpir sus vacaciones (estaban fuera de EE UU). La reunión, a la que Rivera iba con micrófonos, ocurrió en un restaurante de comida marina "lleno de gente", en Dallas. Rivera habló de su relación con el CJNG (dijo que "trabajaba con esos tipos aunque no le caían bien", pero que "no había otra manera de trabajar en México"), mencionó nombres de algunos líderes —El Mencho, El Tanque, Chuy 7— y recordó que apenas hacía dos meses atrás el presidente Trump había clasificado al cartel como "malditos terroristas".

Los documentos no consignan cuál fue la reacción de los Jensen, pero sirvió a las autoridades para sostener su punto de que sabían que estaban tratando con el cartel del Mencho. La defensa de los acusados reclama que Rivera mencionó "gratuitamente" al CJNG para "tenderles una trampa". Poco después de ese encuentro arreglado, el 23 de abril de 2025, los Jensen fueron arrestados.

Viejo lobo criminal

Luis Ariel Rivera Rodríguez es un veterano en el negocio ilícito del robo de combustible a Pemex, al que también ha estado ligado previamente el propio James Jensen, de acuerdo con documentos judiciales. Una investigación del académico Samuel León Sáez publicada en  Nexos relata que, en 2007, las autoridades de Texas detuvieron en Río Grande Valley un auto que transportaba 1,1 millones de dólares, que fueron incautados. Poco después, Rivera se presentó como el dueño y reclamó los recursos, asegurando que eran lícitos. Para ello, mostró facturas y permisos que supuestamente lo acreditaban como comerciante de derivados de petróleo en México, origen del dinero confiscado. Sin embargo, por aquella época, el único ente autorizado para comerciar hidrocarburos en México era Pemex. Las autoridades federales de Estados Unidos pusieron el foco sobre Rivera y descubrieron que una de sus empresas, Sun Petroco LLC, vendía diésel y condensado de gas en Texas a un precio excesivamente bajo a otras firmas estadounidenses.

Rivera fue detenido en 2008 como parte de un gigantesco operativo de EE UU contra el Cartel del Golfo, que, además del tráfico de drogas, controlaba el negocio de robo de hidrocarburos a Pemex en la Cuenca de Burgos, un enorme campo que abarca los Estados fronterizos de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. En ese tiempo, Los Zetas estaban asociados al Cartel del Golfo, para el que trabajaban como sicarios hasta su ruptura un par de años después. Pemex denunció ante tribunales de Texas que, desde 2006, había sido víctima del robo de condensado de gas y que las pérdidas sumaban 300 millones de dólares. La paraestatal mexicana apuntaba a un esquema concertado entre carteles de la droga,  brokers y compañías de EE UU, a las que identificaba por su nombre.

Varias publicaciones refieren que Rivera se convirtió en testigo colaborador tras su detención y que aportó detalles de la red de huachicol que operaba entonces. Pasó algunos años en prisión hasta 2013. Según la investigación de León Sáez, Rivera declaró que empresarios, operativos financieros y políticos estaban involucrados en el negocio ilícito. Detalló que él pagaba 80.000 dólares por cruzar cuatro camiones cisterna diariamente y que cada unidad generaba una ganancia de 1,8 millones de dólares al mes. La periodista Ana Lilia Pérez, autora de  El cartel negro, agrega que, como parte de su declaración, Rivera también dijo que las empresas de EE UU pagaban hasta 600.000 dólares mensuales a Jaime González Durán,  El Hummer, fundador de Los Zetas, para que les autorizara cruzar los cargamentos.  Animal Político señala que Pemex obtuvo grabaciones de llamadas entre los empresarios petroleros implicados en la trama, en las que se advierte que estaban al tanto de que el combustible era robado, que participaba el Cartel del Golfo y que se sobornaba a funcionarios aduanales.

En su demanda, presentada en 2010, Pemex señaló que en las aduanas se falsificaban documentos para hacer pasar el condensado de gas por nafta, solvente, combustóleo u otros hidrocarburos. La petrolera señaló que los ladrones obtenían el condensado de gas asaltando con armas los camiones cisterna de la paraestatal. El producto robado era transferido a otros vehículos que se desplazaban a Matamoros, Tamaulipas, por donde cruzaban. Los tanques eran recibidos por los compradores en el sur de la frontera, del lado de EE UU.

Rivera relató un  modus operandi más complejo. Declaró que contratistas de Pemex extraían el condensado de gas de los campos petroleros y lo transferían a tanques del cartel, en lugar de llevarlo a las instalaciones de Pemex, donde debían depositar el producto; ya vacíos, esos vehículos se llenaban con agua y se dirigían, ahora sí, a las instalaciones de la paraestatal; funcionarios corruptos de Pemex registraban el agua como si fuera condensado de gas. El hidrocarburo robado se transportaba entonces a su destino final al otro lado de la frontera.

Más de una decena de empresas estadounidenses fueron señaladas por Pemex. En lo que respecta a James Jensen, la denuncia lo identificaba como cabeza de las firmas Big Star Gathering LTD y Saint James Energy Operating Inc, de las que Pemex decía que "fueron utilizadas para un propósito ilegal y como una farsa para perpetuar un fraude". Concretamente, indicaba, Big Star "voluntariamente se unió a la conspiración para comerciar y distribuir condensado de gas robado a Pemex". La demanda luego describía cómo James Jensen o sus empresas compraban el producto y luego lo revendían a otras compañías, y luego estas a otras, en un esquema criminal que buscaba "lavar su origen".

Pemex sostenía parte de sus alegatos en el hecho de que varios directores de compañías ya se habían declarado culpables en un juicio anterior relacionado con el robo de condensado de gas. Convertidos en colaboradores, esos directivos delataron a otros socios de la trama criminal. A Jensen lo vinculaba Arnoldo Maldonado, propietario de la firma Y Gas & Oil Inc, a la que Big Star le compraba el hidrocarburo de Pemex. Jensen se defendió en su momento diciendo que él, pese a ser administrador de sus compañías, no decidía en general a quién comprar el producto, además de que no manejaba el dinero. Precisó que se le dejó de comprar combustible a la empresa de Maldonado cuando este se declaró culpable.

James Jensen libró en aquel momento las acusaciones. Rivera cumplió una parte mínima de su sentencia gracias a su colaboración. La historia se repite casi exactamente para el informante confidencial, que regresó al negocio del huachicol al poco tiempo de recobrar su libertad. Viejo conocido, Rivera colabora de nuevo con la Fiscalía de EE UU en el caso contra Jensen. El magnate petrolero mira la historia transcurrir, ya no desde el privilegio de hace dos décadas.