Los fiscales estadounidenses revelaron el jueves amplios nuevos cargos penales contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro, acusándolo a él y a su esposa de encabezar un sistema de represión responsable de golpizas, asfixia y tratamiento con descargas eléctricas a decenas de víctimas, incluidos varios estadounidenses.
Los cargos de tortura aumentan la presión sobre el derrocado líder autoritario y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron sacados de su casa en Caracas por el ejército estadounidense en enero para enfrentar cargos de narcotráfico en Nueva York.
La acusación "alega una conducta que es verdaderamente impensable", declaró fuera del tribunal el fiscal federal Jamie McDonald. "Esto es el epítome de la corrupción".
Maduro, según la denuncia, autorizó métodos de tortura, solicitó y recibió actualizaciones sobre el trato a víctimas específicas, vio un video de una confesión forzada y amenazó personalmente con matar al hijo de un preso "como una forma de tortura psicológica". Flores, exprocuradora general, ayudó a desarrollar el sistema represivo y ordenó la tortura de algunas personas específicas, sostiene la acusación formal.
Se envió un mensaje en busca de comentarios al abogado de Maduro. El abogado de Flores dijo que aún no había tenido tiempo de revisar las nuevas acusaciones.
La pareja se declaró inocente en la causa penal por narcotráfico iniciada hace años en su contra y en la de numerosos supuestos colaboradores, por acusación de inundar a Estados Unidos con cocaína. Sus abogados han pedido que el caso sea desestimado con el argumento de que tienen inmunidad como líder y primera dama de un país extranjero.
Maduro, quien fue apoyado como presidente de Venezuela desde 2013 hasta su captura en enero, ha estado bajo investigación durante años por la Corte Penal Internacional por acusación de crímenes de lesa humanidad, vinculados a su represión contra opositores. Siempre ha negado haber cometido irregularidades.
Los abogados de Flores intentaron sin éxito que un juez la liberara bajo arresto domiciliario debido a problemas médicos.
Detalles confirmados
Presuntas víctimas incluyen a ciudadanos estadounidenses. La acusación formal revisada abarca acusación de tortura que se remontan al ascenso al poder de Maduro en 2013, cuando se declaró como presidente de manos de su mentor Hugo Chávez, quien murió de cáncer ese año.
En ese momento, Maduro, un exconductor de autobús que carecía del pedigrí militar de su predecesor, tenía dificultades para ganarse el apoyo de las fuerzas armadas —históricamente el árbitro de las disputas políticas en Venezuela— mientras la economía dependiente del petróleo comenzaba a caer y los opositores salían a las calles.
Temiendo una revuelta en los cuarteles, Maduro autorizó a la temida agencia de inteligencia militar DGCIM a usar tortura contra militares y opositores que él veía como una amenaza a su control del poder, alegan los fiscales.
Aunque la acusación formal no marca a las presuntas víctimas, las descripciones de las muertes y el encarcelamiento coinciden con las de varios opositores de alto perfil de Maduro. Entre ellos están Leopoldo López, quien pasó más de tres años en prisión por liderar protestas, y el exministro Raúl Baduel, quien murió bajo custodia en 2021. También se describe la impactante muerte de Fernando Albán, un opositor político que murió al caer desde el décimo piso de un edificio de una agencia de Defensa de inteligencia, hecho que un tribunal estadounidense consideró posteriormente como un "asesinato por encargo".
Víctimas incluyeron a ciudadanos estadounidenses. Uno, que coincide con la descripción de Osman Khan, fue detenido al ingresar a Venezuela a principios de 2022 y sometido a descargas eléctricas y obligado a comer su propio vómito durante ocho meses de encarcelamiento, dice la acusación. Otro fue golpeado tan brutalmente que necesitó una larga estancia hospitalaria y le metieron un arma en la boca. Un tercero fue esposado, según el expediente, encapuchado y golpeado durante dos días cada media hora, sufriendo una lesión ocular permanente.
Khan fue liberado en octubre de 2022 junto con el exmarine estadounidense Matthew Heath y seis ejecutivos petroleros estadounidenses a cambio de dos sobrinos de Flores encarcelados en Estados Unidos por condenas por narcóticos. Él y Heath luego demandaron en tribunales estadounidenses bajo una ley federal antiterrorista y en mayo obtuvieron una sentencia de 300 millones de dólares contra Maduro y otros altos funcionarios venezolanos por supervisar un patrón de tortura.
"Es increíble ver a un dictador en un tribunal", dijo Heath el jueves al enterarse de los nuevos cargos. "El procesamiento de Maduro hará más para prevenir el secuestro de estadounidenses por regímenes rebeldes que cien comunicados de prensa de las Naciones Unidas".
Impacto en la comunidad
Hasta ahora, el gobierno de Venezuela ha guardado silencio sobre las nuevas acusaciones contra Maduro, lo que refleja los desafíos que enfrenta la presidenta interina Delcy Rodríguez mientras se esfuerza por apaciguar a las fuerzas de seguridad sin alienar al presidente Donald Trump, cuyo apoyo no puede perder.
Rodríguez, como vicepresidenta de Maduro, durante años supervisó elementos del aparato de seguridad, incluida la agencia de espionaje interno, responsable de detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos.
La acusación formal parece basarse en parte en el testimonio de uno de los coacusados de Maduro, el general Hugo Carvajal. Conocido en toda Venezuela por su apodo "El Pollo", Carvajal se ha asociado como jefe de espionaje de Chávez y jefe de la DGCIM durante más de una década.
Carvajal se declaró culpable el año pasado de narcotráfico en Nueva York después de ser extraditado desde España. Desde entonces, se ha estado reuniendo con fiscales que construyen el caso contra Maduro. En una carta abierta a Trump el año pasado, Carvajal, quien se distanció de Maduro hace años, dijo que quería expiar diciendo toda la verdad para que Estados Unidos pueda protegerse de los peligros que él presenta.
Reacciones en el tribunal
Los nuevos cargos se revelaron mientras la esposa de Maduro, Flores, estaba en el tribunal el jueves para una audiencia previamente programada sobre su solicitud de ser liberada para poder someterse a un tratamiento médico. Sus abogados dijeron que la ex primera dama, de 69 años, había perdido 25 libras (11 kilogramos) mientras estaba encarcelada en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, que podría haber sufrido un infarto menor en julio y que podría necesitar una cirugía cardíaca.
También dijeron que sufrió cicatrices permanentes cuando fue "arrojada contra una pared o una cómoda" durante su captura.
Los fiscales se opusieron a la solicitud de libertad bajo fianza, diciendo que Flores es un "riesgo extremo de fuga" y que ha sido trasladada para recibir tratamiento en un hospital local cuando se necesitó atención.
El juez Alvin Hellerstein negó la solicitud de Flores, dándole la razón al argumento de los fiscales de que ella es un "riesgo extremo de fuga". Señaló, entre otras cosas, que ella se niega a someterse a un cateterismo en la cárcel para determinar la causa de sus problemas cardíacos y los pasos apropiados para el tratamiento.
También rechazó la idea de que su presión arterial alta fuera potencialmente mortal, señalando que ella ya está tomando medicamentos para eso.
Fuera del tribunal, más de una docena de manifestantes corearon consignas y sostuvieron carteles en apoyo a su solicitud.
