La Unidad de Inteligencia Financiera extendió el cerco sobre el Instituto Nacional Electoral al dar a conocer los nombres y firmas de la red de 25 personas físicas y 15 empresas bloqueadas por presunto lavado de dinero e irregularidades en licitaciones comiciales, entre las que destacan:
- Corporativo ZEG
- Cajas Graf
- Formas Finas y Materiales
- Seriplast de México
- Comercializadora JVLY
- Diseño Reconstrucción y Comunicación
- Comercializadora Grupo Selati
¿Qué revelan las investigaciones sobre el INE?
Fuentes ligadas a las indagatorias remitidas a la Fiscalía General de la República confirman que el expediente ubica en el centro de las anomalías al empresario José Alfredo Hernández Casillas, señalado como el principal contratista favorecido con asignaciones directas y adjudicaciones millonarias de logística electoral durante la actual administración del órgano autónomo.
Las investigaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público identifican una estructura de intermediarios, denominados internamente como "coyotes electorales", compuesta por despachos fachada y empresas de servicios que inflaron precios en contrataciones tanto en el INE como en Organismos Públicos Locales Electorales.
¿Cuáles son las consecuencias para los funcionarios del INE?
El rastro del dinero alcanza a 15 mandos y colaboradores de la Junta General Ejecutiva y del área de fiscalización del instituto, quienes están bajo la lupa del Órgano Interno de Control y de la Auditoría Superior de la Federación por posible conflicto de interés y manipulación de fallos.
El expediente penal remitido a la fiscalía busca deslindar responsabilidades por presunta triangulación de fondos, facturación apócrifa y sobreprecio en insumos electorales por un monto acumulado que supera los 2 mil 400 millones de pesos en los últimos ciclos comiciales.
Dentro del paquete de medidas cautelares, las autoridades financieras confirmaron la inclusión de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, entre los perfiles con cuentas bancarias inmovilizadas de forma preventiva, tras detectarse discrepancias entre sus ingresos declarados y los flujos financieros registrados en su entorno cercano.
La denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República busca deslindar responsabilidades penales por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en lo que representa la mayor ofensiva fiscalizadora contra el arbitraje electoral en los últimos años.
