Diputada de MC es dada de alta tras ataque en Culiacán

Elizabeth Montoya Ojeda, diputada local de Movimiento Ciudadano (MC) que sufrió una lesión en un ojo durante el ataque a balazos que fue objeto junto con el líder de este partido, Sergio Torres Félix, cuyo estado de salud es delicado, abandonó la clínica médica donde permaneció seis días bajo tratamiento médico.

Las autoridades de salud del estado dieron a conocer que la legisladora local fue dada de alta por el personal médico que la atendió desde la tarde del miércoles pasado, cuando ingresó a la clínica con una grave herida que le dañó un ojo, por lo que continuará con su rehabilitación en su hogar.

Detalles sobre el ataque a los diputados en Culiacán

Sobre el dirigente y diputado local de Movimiento Naranja, Torres Félix, que presentó lesiones de bala en la cabeza y se encuentra internado en un hospital de alta especialidad, se le mantiene en coma inducido en terapia intensiva, con una leve recuperación.

En su reciente visita al hospital, Cuitláhuac González Galindo, secretario de Salud del Estado, comentó que el político presenta una leve mejoría, pero se le tiene que practicar nuevos estudios para determinar su evolución, dentro de su gravedad.

La tarde del pasado miércoles 28 de enero, en el trayecto del Congreso del Estado a las oficinas del Partido de Movimiento Ciudadano, sobre la avenida Niños Héroes, en el centro de Culiacán, los diputados locales fueron objeto de un ataque a balazos, en el que resultaron heridos, junto con el chofer que conducía la camioneta.

Estado de salud de Sergio Torres Félix tras el ataque

Minutos antes, ambos habían asistido a la sesión de trabajo por la competencia del secretario de Administración y Finanzas del Estado, Joaquín Landeros Guicho, pero, debido a que tenían un viaje programado a la ciudad de México, salieron antes de que concluyera a sus oficinas a recoger documentación.

Rehabilitación de Elizabeth Montoya Ojeda tras su alta médica

La situación de los diputados refleja la creciente inseguridad en la región y la necesidad de medidas más efectivas para proteger a los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.