Determina la SCJN que el peculado prescribe

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el crimen de peculado prescribe.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el delito de peculado, que implica el desvío de recursos públicos, sí prescribe, a diferencia de los crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada, que son imprescriptibles. La decisión se tomó al invalidar un artículo del Código Penal de Colima que establecía la imprescriptibilidad de este delito.

¿Qué implicaciones tiene la decisión de la SCJN?

El fallo se dio en el contexto de un amparo promovido por la exalcaldesa de Villa de Álvarez, Colima, Yulenny Cortés León, y la extesorera del Ayuntamiento, María de los Ángeles Sosa Chávez, quienes están presas por el desvío de 25 millones de pesos entre 2017 y 2018. La SCJN determinó que el artículo 114 fracción segunda del Código Penal local es inconstitucional.

Una mayoría de seis ministros contra tres explicó que a nivel internacional existen disposiciones sobre la no prescripción únicamente para delitos de especial gravedad que afectan de manera significativa a la población. Por ello, aunque reconocieron que la corrupción representa un problema grave a nivel nacional y mundial, concluyeron que el peculado no puede considerarse imprescriptible.

Detalles del caso de Yulenny Cortés León y María de los Ángeles Sosa

El ministro Giovanni Figueroa Mejía señaló que "no es posible que un gobernado permanezca indefinidamente en la incertidumbre de ser objeto de un proceso penal sólo por la incapacidad del Estado para investigar las conductas ilícitas". Advirtió que mantener la imprescriptibilidad podría prestarse a venganzas políticas.

Impacto de la resolución en la lucha contra la corrupción

Con esta resolución, el máximo tribunal sienta un precedente sobre cómo deben interpretarse los plazos de prescripción en delitos de corrupción, diferenciándolos de crímenes de lesa humanidad, y reafirma que la legalidad y la certeza jurídica deben prevalecer incluso en casos de delitos que dañan las finanzas públicas.