La Fiscalía General de la República (FGR) activó una investigación penal formal en contra del juez de Distrito Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido.
Lo anterior, en medio de las denuncias por parte de juzgadoras y juzgadores que otorgaron suspensiones contra la reforma judicial, de ser víctimas de una persecución y amordazamiento por parte del Gobierno Federal.
La Fiscalía General de la República ha activado una investigación penal contra el juez Sergio Alberto Sigales por presuntos delitos contra la justicia.
El caso penal, radicado bajo el expediente 104/2026, en poder de El Universal, se suma a una suspensión administrativa promovida desde el Ejecutivo Federal, que ya enfrentaba Sigales.
La causa penal por la que se le acusa es la presunta comisión de delitos contra la administración de justicia.
Hasta ahora, tres jueces federales de Control en Colima se excusaron consecutivamente de juzgar a su homólogo, obligando al aparato administrativo del Consejo de la Judicatura a intervenir. Como resultado, el expediente tuvo que ser turnado a una jueza externa de Nayarit, Denisse Viridiana Romero Ruelas, quien se trasladará para formular la imputación el próximo 14 de diciembre de 2026.
Tres jueces federales se excusaron de juzgar a Sigales, lo que llevó a que el caso fuera asignado a una jueza de Nayarit.
Este nuevo frente penal contra Sigales Obrador Garrido ocurre a escasos días de la audiencia que enfrentó la exjueza Martha Magaña ante el Tribunal de Disciplina Judicial.
Magaña, juzgada de manera remota desde su exilio en España por haber otorgado los primeros amparos destinados a frenar la Reforma Judicial en 2024, calificó su propio proceso como una "inquisición" orientada a infundir miedo colectivo en las judicaturas.
La defensa de Sigales planea llevar su caso ante organismos internacionales tras la falta de recursos legales en México.
La defensa de Sigales ya ha adelantado que, ante la imposibilidad de recurrir al juicio de amparo ordinario en México, recurrirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para denunciar la desarticulación de la independencia judicial en el país.
