Claudia Arlett Espino presentó su renuncia como directora general jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua, de acuerdo con un documento fechado el 2 de noviembre.
En el escrito, dirigido al Gobierno del Estado, a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Seguridad Pública, la funcionaria manifestó su decisión de separarse del cargo de forma irrevocable a partir de esa fecha, así como de cualquier otro puesto, función o derecho que tuviera dentro de la administración estatal, incluidos aquellos de carácter honorario.
Antes de este cargo en la Secretaría de Seguridad de Chihuahua, hasta el 9 de septiembre Arlett Espino se desempeñó como Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE).
Motivos de salud Claudia Arlett Espino
Su salida del instituto electoral provocó cuestionamientos políticos durante la sesión del Consejo General del 10 de septiembre de 2026, justo cuando arrancaba formalmente el proceso electoral 2026-2027.
Claudia Arlett Espino en ese entonces dijo que su decisión obedece a motivos de salud, ya que la organización del Proceso Electoral Concurrente de 2026-2027 conlleva un nivel de exigencia.
En su escrito, entregado en ese entonces a Guadalupe Taddei, menciona que "considero que el nivel de exigencia que requiere la organización de una elección concurrente de los cargos federales y de las 32 entidades federativas que estarán en disputa en los procesos federal y de las 32 entidades federativas que estarán en disputa en los procesos federal y local 2026-2027, no me permiten en estos momentos fortalecer mi vínculo personal y familiar".
La renuncia a la Secretaría de Seguridad de Chihuahua
Apenas este 17 de octubre, Espino había asumido el cargo al frente de la dirección jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua.
La carta señala que recibió de conformidad las prestaciones a las que tenía derecho hasta el 2 de noviembre de 2026, entre ellas las partes proporcionales de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y bono de despensa.
En el documento manifestó que no se reserva acciones ni derechos de ninguna índole que pudiera ejercer contra el Gobierno del Estado, sus dependencias o alguna persona vinculada con la administración estatal, al señalar que su renuncia es voluntaria.
