Golpe a red del huachicol fiscal

Oscar Guillermo Juraidini Silva, de 41 años, y J. Refugio Ruiz Villagomez, de 65.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros y en coordinación con la Red de Control de Delitos Financieros, ha sancionado a dos mexicanos y sus nueve empresas por su relación con una red de contrabando de combustible vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Esta práctica criminal, conocida como huachicol fiscal, consiste en introducir en México combustible refinado en otro país, que debería pagar una serie de impuestos, oculto bajo el manto de otra mercancía que no tenga ese gravamen. Este delito entró en el imaginario colectivo mexicano en marzo de 2025, cuando un petrolero fue decomisado en la aduana de Tampico, con las bodegas llenas de combustible aunque su carga declarada era aditivos para aceites lubricantes. Estas nuevas sanciones, que hablan de este crimen en presente, aseguran que el último año han registrado 160 actividades sospechosas por valor de 7,000 millones de dólares. Esto contradice a las autoridades mexicanas, que han declarado varias veces que el huachicol fiscal ha disminuido significativamente por las medidas del Gobierno Federal y las investigaciones de la Fiscalía General de la República.

¿Qué implican las sanciones del Departamento del Tesoro?

La alerta de Estados Unidos señala a dos individuos, Oscar Guillermo Juraidini Silva, de 41 años, y J. Refugio Ruiz Villagomez, de 65, y las empresas relacionadas con ellos, como Centro Cambiario La Peseta, OJ Living Trust, Ahavat Logistics Solution o Jomadi Logistics & Cargo. Esta última, de hecho, ya fue investigada en Estados Unidos durante el año 2020 por violar las sanciones impuestas a la petrolera estatal venezolana PDVSA y aparece en una investigación de la Fiscalía General de la República de México. Estas sanciones conllevan que todos los bienes, cuentas e intereses de estas personas y sus empresas bajo jurisdicción estadounidense son inmovilizados y no pueden hacer negocios ni en territorio ni con ciudadanos o compañías de Estados Unidos.

A Juaraidini Silva se le describe como "un operador clave", "un contable y la mente maestra" detrás de "ciertas operaciones financieras del cártel". Se le acusa de crear y operar compañías pantalla, falsificar documentos de aduanas para ayudar en el tráfico ilícito transfronterizo de combustible y evitar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para luego venderlo a una red de gasolineras, generando decenas de millones de dólares anuales para la organización criminal. Ruiz Villagómez, por su parte, "es conocido por contrabandear combustible de Estados Unidos a México", pagando tarifas a los cárteles para pasar las aduanas.

Detalles sobre la red de contrabando de combustible

Grupo Jomadi Logistics & Cargo es una de las empresas señaladas en la primera parte de la investigación de la Fiscalía General de la República que desmontó la red de contrabando vinculada a la Secretaría de Marina. Antes de irse a las aduanas marítimas, las pesquisas de la Fiscalía comenzaron en julio de 2024 con un documento que apunta a una serie de "empresas gasolineras que introducen ilegalmente hidrocarburos a México desde Estados Unidos, operando principalmente en las aduanas de Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo". Es decir, aduanas terrestres.

"Los cárteles mexicanos, incluyendo el Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, usan a empresas mexicanas con permisos para comprar combustible de vendedores conchabados de Estados Unidos, que aprovechan sus relaciones con las refinerías y distribuidores para comprar combustible en terminales de exportación estadounidenses y luego desviarlo a redes interconectadas de empresas fantasma estadounidenses y mexicanas bajo el control de los cárteles mexicanos", describe la alerta.

A través de esas empresas, el combustible se introduce de contrabando en México mediante camiones cisterna, vagones de ferrocarril y, en algunos casos, embarcaciones, a menudo con documentos aduaneros falsificados o por otros medios, añade.

Impacto del huachicol fiscal en la economía mexicana

Las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros vienen acompañadas de una alerta suplementaria de la Red de Control de Delitos Financieros, conocida como FinCEN por sus siglas en inglés, que proporciona una serie de directrices y protocolos para que las entidades financieras puedan reconocer e identificar actividades sospechosas. Estas incluyen ver si las empresas están registradas en direcciones residenciales o si los pagos son hechos por empresas sin infraestructura de almacenamiento. El texto pone el foco en las empresas de Estados Unidos, que "lavan los fondos ilegales", comprando artículos de lujo como vehículos de alta gama o joyería fina y bienes raíces, entre otros. También que en México los cárteles usan este dinero en para hacer pagos en efectivo a "campañas políticas y medios de comunicación" para ayudar a los políticos corruptos a ganar elecciones.

De acuerdo a la alerta, tras la detención de la familia Jensen en abril de 2025, acusada en Estados Unidos de ser el enlace del Cártel Jalisco Nueva Generación al norte del río Bravo para blanquear y distribuir miles de cargamentos de crudo robado a Petróleos Mexicanos, se ha observado una bajada significativa del contrabando de crudo mexicano dentro de Estados Unidos. Pero esto no ha ocurrido en el sentido contrario. Desde entonces y hasta el mes pasado, FinCEN ha recibido 160 reportes de actividades sospechosas con valor de 7.000 millones de dólares de operaciones de Estados Unidos a México, con origen en los Estados de Texas y Florida. "Las instituciones tienen que estar vigilantes, ya que los cárteles, sus huachicoleros y los financieros se adaptan a los esfuerzos de la ley y los reguladores", asegura el documento.