El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuenta con apenas dos médicos por cada mil usuarios, 44 % menos que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que dispone de 3.6, una desigualdad que limita la capacidad de atención y agrava los problemas de acceso a consultas, medicamentos y servicios hospitalarios, advirtió Gabriela Luna Ruiz, académica del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana (Ibero).
La especialista alertó en un comunicado que esta diferencia, sumada a la escasez de personal de enfermería, camas hospitalarias e insumos médicos, dificulta el acceso oportuno a consultas, estudios clínicos, cirugías y servicios de urgencias para millones de mexicanos.
¿Qué declaró Gabriela Luna Ruiz sobre el IMSS y el ISSSTE?
De acuerdo con las cifras expuestas por Luna Ruiz, el IMSS-Bienestar dispone de 2.1 médicos por cada mil usuarios, una proporción apenas superior a la del IMSS, pese a que tiene como población objetivo a 41.6 millones de personas sin seguridad social.
La académica señaló que el crecimiento de la demanda de atención médica no ha estado acompañado de un incremento proporcional de personal, infraestructura y recursos, lo que provoca mayores presiones sobre los hospitales y prolonga los tiempos de espera.
Explicó que las deficiencias también se manifiestan en el desabasto de medicamentos, materiales médicos y reactivos de laboratorio. En el caso del IMSS-Bienestar, advirtió que la disponibilidad de camas hospitalarias es inferior a la necesaria para atender a su población objetivo.
¿Cómo afecta la escasez de recursos a la atención médica?
Sostuvo que ampliar la cobertura de los servicios públicos no garantiza una mejor atención si las instituciones carecen de médicos, enfermeras, equipamiento e insumos suficientes.
Advirtió que la incorporación de hospitales a nuevas estructuras administrativas o su rehabilitación tampoco significa necesariamente que tengan capacidad para resolver las necesidades de los pacientes.
Otro de los problemas identificados por la especialista es el peso de las pensiones y jubilaciones en los presupuestos de las instituciones de seguridad social. Según las cifras que presentó, 73 % de los recursos asignados al ISSSTE se destina al pago de pensiones, mientras que en el IMSS la proporción alcanza 64 %.
Ante esta situación, propuso separar con mayor claridad los recursos destinados a las obligaciones pensionarias de aquellos utilizados directamente para financiar consultas, medicamentos, personal médico, equipamiento e infraestructura hospitalaria.
Consideró que esta separación permitiría conocer cuánto dinero se utiliza realmente para atender a los pacientes y facilitaría la evaluación del gasto público.
La académica también puso en duda que los incrementos presupuestarios del IMSS-Bienestar representen necesariamente una ampliación equivalente de su capacidad de atención. Explicó que el presupuesto de ese sistema pasó de aproximadamente 11 mil 900 millones a 264 mil millones de pesos, aunque aclaró que ambas cantidades no son directamente comparables.
Esto se debe a que, con la federalización de los servicios de salud, hospitales, trabajadores y otros recursos que anteriormente estaban registrados en los presupuestos estatales pasaron a formar parte de la estructura financiera federal. Además, una parte del dinero se destina a rehabilitar instalaciones y reorganizar administrativamente los servicios, por lo que no todo constituye inversión adicional para atender directamente a los pacientes.
La desigualdad también se presenta en los recursos destinados a cada usuario. Luna Ruiz indicó que el gasto público por persona en el IMSS y el ISSSTE es aproximadamente 2.3 veces mayor que en el IMSS-Bienestar, lo que refleja las diferencias de financiamiento entre las instituciones.
Explicó que el IMSS recibe aportaciones del Estado, los empleadores y los trabajadores, mientras que los servicios dirigidos a la población sin seguridad social dependen fundamentalmente de recursos públicos.
La especialista consideró indispensable reducir estas brechas presupuestarias para avanzar hacia un sistema de salud más equitativo, particularmente para los 41.6 millones de personas que contempla atender el IMSS-Bienestar.
Señaló que la universalización de los servicios médicos no puede conseguirse únicamente mediante modificaciones administrativas, sino que requiere inversiones acordes con las necesidades de la población, infraestructura funcional, medicamentos disponibles y personal suficiente.
También alertó sobre el aumento del gasto de bolsillo de las familias mexicanas, que recurren a consultorios anexos a farmacias o pagan medicamentos y consultas privadas cuando no encuentran atención oportuna en las instituciones públicas.
Esta situación, explicó, representa una carga económica adicional para los hogares, incluso cuando se trata de enfermedades que inicialmente no son graves.
Añadió que el sistema de salud concentra buena parte de sus esfuerzos en la atención de enfermedades, cuando también debería fortalecer las medidas preventivas, las campañas de vacunación y la detección temprana de padecimientos.
De acuerdo con las cifras citadas por Luna Ruiz, el gasto público en salud representa 2.6 % del Producto Interno Bruto (PIB), por debajo de la referencia de 6 % que atribuye a la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Y expuso que la evaluación del sistema público de salud no debe limitarse al presupuesto asignado, los medicamentos adquiridos o la cantidad de hospitales incorporados a una nueva administración, sino a determinar si esos recursos permiten reducir las esperas y mejorar efectivamente la atención de los pacientes.
La especialista insistió en la necesidad de transparentar el ejercicio del presupuesto y fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones, para que los recursos públicos se traduzcan en consultas, medicamentos, estudios y tratamientos oportunos.
