Aumentan las denuncias por despojo y baja la judicialización
El pasado 1 de febrero la Fiscalía General de Justicia presentó ante el Congreso capitalino su Plan de Política Criminal 2026, que incluye la persecución de 23 delitos, entre ellos el despojo, uno de los que más afectan a la sociedad. Hace un año se lanzó el Plan de Política Criminal para el 2025, diseñado para ofrecer respuestas concretas, coherentes y adaptadas frente al despojo de inmuebles. Doce meses después, las cifras oficiales muestran que la estrategia no rindió los frutos prometidos.
El corte anual 2025 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señala que la Ciudad de México acumuló 3,798 carpetas por despojo, 155 más que en 2024 —un aumento de 4.2 %— pese a que la Fiscalía capitalina tomó como línea base los 3,643 expedientes documentados el año anterior.
La estrategia de 2025 planteó dos ejes: priorizar carpetas con alto potencial de esclarecimiento y concentrar recursos en presuntos autores seriales.
Expertos y organismos coinciden en que endurecer penas no es suficiente para combatir el crimen. Las prioridades incluyen la creación de un sistema de datos accesible al público para mapear la criminalidad y evaluar resultados; la combinación de la persecución penal con acciones de prevención; el fortalecimiento de la seguridad ciudadana; apoyo legal y social a los propietarios en riesgo; y la implementación de controles notariales más rigurosos.
¿Qué sigue? Entre las metas concretas figuran aumentar sustancialmente la judicialización de carpetas y garantizar protección efectiva a todas las víctimas; mientras tanto, el incremento de denuncias confirma que el despojo es un negocio lucrativo para quienes explotan la vivienda ajena; ante la incapacidad para su combate eficaz, miles de familias permanecen atrapadas en trámites largos y sentencias que demoran; para muchas, la promesa de una "respuesta contundente" aún no se ha materializado.
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