En Tecate, Baja California, la disputa entre grupos criminales ha dejado este año una estela de muertos, entre ellos ocho menores de edad. Hace unos días, un enfrentamiento armado llegó hasta una zona escolar y obligó a resguardar a niños y adolescentes. Esto lo sabemos porque periodistas del semanario ZETA han documentado los asesinatos, las desapariciones y la violencia que padecen sus habitantes. Pero ¿qué sucede en los lugares donde nadie puede contar lo que está pasando?
Miguel Huerta Torres era servidor de la Nación. El 28 de febrero de 2023 participaba en una reunión en Temaxcalapa, municipio de Taxco, Guerrero, cuando hombres armados se lo llevaron. Después lo trasladaron a su domicilio, donde lo golpearon frente a su familia y amenazaron a sus integrantes para que no denunciaran.
Su hija Jazmín lleva más de tres años buscándolo. Ella, su madre y sus hermanos tuvieron que abandonar su comunidad por miedo. En algún momento proporcionó información sobre un posible lugar donde podría encontrarse su padre. La respuesta que recibió de las autoridades fue estremecedora "era demasiado peligroso entrar".
Si la autoridad considera demasiado peligroso entrar a buscar a un desaparecido, ¿cómo puede hacerlo una hija? ¿Cómo puede un periodista investigar lo que ocurre? ¿Cómo puede un vecino denunciar lo que ha visto?
Taxco permite entender una dimensión de la violencia de la que hablamos poco. El silencio también es una forma de control territorial. Cuando los criminales consiguen que las familias no denuncien, que los testigos callen y que los periodistas dejen de investigar, no necesitan ocultar sus delitos. El miedo hace ese trabajo por ellos.
En mayo de este año, periodistas de Guerrero denunciaron que Taxco, Chilapa, Tixtla y municipios de Tierra Caliente estaban silenciados por la presión criminal. No es una exageración, en 2023, varios periodistas fueron privados de la libertad en Taxco. Entre ellos, Marco Antonio Toledo, director de El Espectador de Taxco, quien había recibido amenazas para que no publicara información sobre desplazamientos forzados.
El problema se extiende a otras regiones. En municipios de Chiapas, Michoacán y Veracruz, la violencia y las amenazas han reducido drásticamente la posibilidad de ejercer un periodismo independiente que investigue al crimen.
Un estudio de Fundación Gabo y Quinto Elemento Lab, realizado en 351 municipios mexicanos, encontró que el 42.5% eran desiertos informativos y otro 26.5%, semidesiertos. Además, cuatro de cada diez proyectos periodísticos estudiados reportaron amenazas. No es una radiografía de todos los municipios del país, pero sí una advertencia sobre la magnitud del problema.
Lo que une estos silencios no es solamente la violencia criminal, sino la ausencia de un Estado capaz de proteger a sus ciudadanos, ni hablar de los periodistas. Donde las autoridades no garantizan seguridad ni justicia, el miedo termina imponiéndose sobre los derechos. Y cuando los criminales pueden decidir quién habla, quién denuncia y quién busca a sus desaparecidos, la pregunta es inevitable: ¿Quién gobierna realmente esas zonas y regiones del país?
Recuperar un territorio no significa solamente desplegar fuerzas de seguridad o detener delincuentes; significa que sus habitantes puedan trabajar sin pagar extorsiones, enviar a sus hijos a la escuela, recibir atención médica, denunciar sin miedo y buscar a sus desaparecidos. Significa que el Estado esté presente no sólo con armas, sino con instituciones, servicios y justicia.
Cuando el crimen consigue imponer sus reglas y el Estado abandona sus responsabilidades, primero desaparecen las denuncias, después las noticias y finalmente la dimensión de la violencia que padecen las comunidades. No sólo quedan silenciados los periodistas; queda silenciada una sociedad entera.
*Presidenta de Causa en Común
