La primera jueza que suspendió la reforma judicial enfrenta ahora al Tribunal de Disciplina
Martha Magaña concedió en 2024 un freno a la votación de la emblemática reforma de López Obrador. Fue ignorada por el Congreso, pero Morena anunció un juicio político, una denuncia penal y un proceso administrativo en su contra
Dos realidades conviven a la vez: Martha Magaña fue jueza federal en México durante casi cinco años y acaba de empezar la titulación de Derecho en España. Entre una carrera judicial de más de dos décadas y el inicio de las clases en la Universidad de La Rioja se atraviesa la polémica reforma judicial. El plan que el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó listo antes de irse de Palacio Nacional se vertebraba en derrumbar el poder judicial que había en el país para construir uno encima sustentado en la elección popular. Antes de que todo eso se hiciera realidad, el 30 de agosto de 2024, Martha Magaña concedió una suspensión provisional en una decisión que todavía hoy le genera consecuencias. Este jueves enfrenta su procedimiento administrativo por una "falta grave" en el Tribunal de Disciplina, un órgano que ni siquiera existía entonces: "Esto es un mensaje para todos los jueces: ´Mira, esto es lo que sucede si incomodas al régimen".
La batalla de López Obrador contra los jueces de México es larga, pero se profundizó tras la elección de Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Hay varias pistas del origen del enfrentamiento con la ministra, que también dirigía entonces el poderoso Consejo de la Judicatura Federal: algunos apuntan al 5 de febrero de 2023 cuando Piña no se levantó en un acto en Querétaro con el presidente, y otros a que la Corte tumbó el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. El mandatario avisó muchas veces de su plan de reformar el poder judicial, pero solo se lo tomaron en serio tras la victora abrumadora de Morena en las elecciones del 2 de junio de 2024. Cuando, con la mayoría en el Congreso ya prácticamente asegurada, se hizo patente que la elección ciudadana de los jueces era una realidad. Entonces, ya era tarde.
El 19 de agosto, el poder judicial entró en paro como protesta al plan del presidente. Un par de semanas más tarde, al Juzgado Quinto de Distrito de Morelos, a su sede de Cuernavaca, llegó el amparo indirecto 1251/2024. Estaba firmado por cuatro juzgadores que reclamaban como inconstitucional la disposición del Reglamento de la Cámara de Diputados que permitía que una iniciativa dictaminada por una legislatura quedara lista para ser discutida y votada por la siguiente.
Martha Magaña, la titular del juzgado, admitió la demanda y concedió la que fue la primera suspensión contra el proceso de reforma judicial. La medida, explicó la juzgadora, buscaba evitar que el acto (es decir, la votación) "se consumara mientras se resolvía el juicio de amparo y antes de que fuera materialmente imposible restituir los derechos reclamados". En ese momento, los jueces solo podían resolver asuntos urgentes con motivo de la huelga; Magaña consideró que este lo era porque la reforma buscaba destituir a todos los jueces.
La suspensión de Magaña llegó al Congreso junto a la de otro juzgador en Chiapas, Felipe Soto. La Cámara de Diputados ignoró las suspensiones y Morena consideró que los jueces habían invadido funciones de los legisladores. Sergio Gutiérrez, vicepresidente de la Cámara baja e integrante de Morena, anunció que los juzgadores que emitieron esas resoluciones serían sometidos a un juicio político y que serían denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR). Ricardo Monreal trató de calmar las aguas, pero toda esa semana, el presidente López Obrador se lanzó contra Magaña: "Es amiga de la ministra Norma Piña. Vean nada más, con sus piñitas ahí en sus playeritas, qué graciosas. Dios las hace y ellas se juntan, ¿no creen? Claramente no es una jueza que se rija por el principio de imparcialidad".
La reforma judicial salió adelante, con el voto del panista Miguel Ángel Yunes, y toda la maquinaria se puso en movimiento. Fue la Consejería Jurídica de la Secretaría de Gobernación, a cargo entonces de Néstor Vargas —ahora presidente del nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ)—, quien denunció en un procedimiento administrativo a Magaña. Sin embargo, el Consejo Judicial Federal desechó la demanda porque consideró que el de Magaña se trató de un criterio jurisdiccional, que, si no se estaba de acuerdo, se debía combatir en instancias judiciales superiores, no administrativas. "A un juez tú no lo puedes sancionar por un criterio jurídico. Los criterios jurídicos se debaten dentro del sistema judicial. Si tú crees que la suspensión está mal, la atacas por la vía que corresponda, pero no sancionas al juez", explica por t
La Consejería impugnó y el caso llegó entonces a una comisión del Consejo. Los votos de Verónica de Guyves y Celia Maya (ahora integrante y presidenta del actual Tribunal de Disciplina y quienes entonces ya se habían declarado "amlistas de corazón") dieron la razón a Vargas. Se inició un procedimiento administrativo, que quedó pendiente para ser revisado por el nuevo Tribunal de Disciplina.
El 31 de julio de 2025, Magaña renunció a su cargo porque no estaba de acuerdo con los "principios" de la reforma judicial: "Se hizo para coptar las decisiones de los jueces". Ante la promesa de una persecución de Morena, la jueza decidió salir del país y se fue a vivir a España para "rehacer" su vida, "repensar y seguir estudiante". Inició un máster en Inteligencia Artificial y Derecho Digital, en la Universidad de Valencia, y empezó a preparar su entrada en la carrera de Derecho para convalidar sus estudios. Ha conseguido que le ratifiquen dos años, por lo que tendrá que cursar otros dos para recibir el título en España.
En cuanto estuvo formada en octubre, la Comisión de Investigación del Tribunal de Disciplina empezó a investigar el caso de Magaña. En marzo emiten un dictamen de responsabilidades administrativas en el que concluyen que se enfrenta a una falta grave, por "tener una notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones que debía realizar". En su desglose, la Comisión considera que la jueza no tenía que haber considerado el asunto como urgente, que no podía aceptar una suspensión contra una reforma constitucional y que, además, lo hace por su propio interés porque es su cargo el que está en juego. Las consecuencias de esto puede ser sanción, inhabilitación o incluso dar parte a la FGR para una investigación penal.
La jueza sostiene que los lineamientos del paro "permitían a las personas juzgadoras determinar, conforme a su criterio, qué asuntos debían considerarse urgentes"; que el 30 de agosto de 2024 cuando ella aprobó la suspensión "no existía una reforma constitucional aprobada" y que se trataba sobre "actos del proceso legislativo antes de que la reforma existiera".
Más allá de la explicación legal, Magaña considera que este es otro ataque a la independencia judicial. "Su intención es sancionarme, no por lo que hice jurídicamente, sino para mandar un mensaje a la sociedad, mandar un mensaje a los jueces y legitimarse como como un órgano sancionador. La Secretaría de Gobernación ni siquiera combatió en un juicio con argumentos legales lo que ahora intentan reprocharme administrativamente", valora: "Es muy grave porque van a tener pues jueces atemorizados, intentando proteger sus decisiones para no ser sancionados ni removidos de sus cargos".
En su primer año en funcionamiento, según su informe, el Tribunal de Disciplina ha sancionado a 75 juzgadores ( 12 magistrados, 22 jueces, 11 secretarios, siete actuarios, seis oficiales, 14 auxiliares y otros tres cargos técnicos); la mayoría fueron suspendidos e inhabilitados, pero cinco también fueron destituidos de sus puestos.
El órgano heredó 1.167 asuntos del extinto Consejo de la Judicatura, entre los que estaba el de Martha Magaña o el del juez Sergio Sigales (el primer suspendido por el Tribunal de Disciplina). Además ingresaron 566 casos nuevos, hasta julio de este año. En total, más de 700 se resolvieron, por lo que para agosto quedaban 948 en trámite: de esos, 420 son investigaciones que provenían del Consejo: siete en investigación, 216 en dictaminación y 197 en cumplimentación.
Magaña cree que el Tribunal de Disciplina está intentando con estos procedimientos "sostener" por qué se tuvieron que cambiar a todos los jueces de un plumazo ante las instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que ya ha llegado la reforma judicial. "Hubo un cese masivo porque decían que todos éramos corruptos, ero nunca hubo un diagnóstico ni tuvieron pruebas", señala. Cree ahora que caso se va a seguir usando "como una mordaza".
